- Si el crédito no fluye antes del retorno a la actividad, muchas empresas deberán cerrar definitivamente por la falta de liquidez
- Se debería facilitar la inmediatez de los créditos a los que no superen los 50.000 euros y con mecanismos de control ex post
El trámite de estudio, valoración y validación para la concesión de créditos instrumentados a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con el aval del Estado, continúa siendo excesivamente largo hasta el punto que si no se agilizan los trámites administrativos en las próximas horas, de muy poco habrán servido las medidas del Gobierno de movilizar 100.000 millones de euros. Es urgente que los 60.000 millones que aún continúan retenidos, se desbloqueen, y los 40.000 que están en proceso de concesión culminen su proceso de tramitación para que fluyan al mercado empresarial y aporten liquidez. Si no es así antes de que concluya el estado de alarma y las medidas de confinamiento, serán muchas las empresas que no podrán volver a abrir sus puertas.
Según avanza la sexta semana desde que se decretó el estado de alarma con el consiguiente parón de la actividad económica, el consumo y la facturación, se continúan detectando muchas dificultades entre las empresas para seguir todos los trámites de validación, que se alargan más tiempo del que sería necesario, debido a que el ICO se comporta como un “cuello de botella” y muestra muchas dificultades administrativas.
Por esta razón, Foment del Treball y Fepime ya pidieron a las autoridades económicas que dispongan de un sistema más ágil y adecuado y proporcione los medios humanos y materiales que precise el ICO para desarrollar su labor e implementar las medidas excepcionales aprobadas por el Gobierno. La situación empieza a ser agobiante financieramente para las empresas que solicitan estos créditos, aunque las entidades financieras han establecido créditos puente en muchos casos para acelerar el procedimiento.
El pasado 17 de marzo el Gobierno anunció la adopción de una medida excepcional mediante la concesión de avales del Estado, instrumentalizados a través del ICO, por un importe global de 100.000 euros, por las consecuencias económicas del Covid-19. Se otorgó un primer tramo de 20.000 millones en el Consejo de Ministros del 24 de marzo, 10.000 para grandes empresas, y 10.000 para pymes y autónomos. Dado el alto nivel de solicitudes (pues tenía efecto retroactivo a 17 de marzo) el Consejo de Ministros amplió a un segundo tramo de 20.000 millones de euros para pymes y autónomos exclusivamente, en la reunión del Consejo de Ministros del pasado 10 de abril.
Concesión inmediata hasta 50.000 euros
Ante esta situación, sería muy positivo facilitar los créditos de menor cuantía, con un tope máximo de 50.000 euros, en un proceso exprés, con mecanismos de control ex post favoreciendo así la inyección inmediata de liquidez en el mercado. El objetivo es asegurar, hasta donde sea posible, que la recuperación de la economía sea rápida y que cuando concluya el decreto de Estado de Alarma y las medidas de confinamiento, se hayan salvado el máximo número de empresas y puestos de trabajo.
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