La situación del mercado laboral en nuestro país evoluciona de forma positiva en sintonía con el comportamiento económico general, con incrementos interanuales del empleo, de la afiliación y un descenso del paro que confirman la tendencia iniciada en 2013 de creación de empleo y que se mantendrá en los próximos trimestres según todas las proyecciones.
Sin embargo, a pesar del incuestionable proceso de reactivación económica y del empleo, dado que la tasa de paro existente en nuestro país sigue siendo elevada y existen determinados riesgos latentes, es necesario superar la situación de incertidumbre política y conseguir un entorno institucional que impulse la mejora de la economía y del mercado laboral, por lo que, no se puede bajar la guardia y conviene adoptar nuevas medidas que impulsen la creación de empleo por parte de las empresas en términos de reducción de costes, flexibilización de las relaciones labores y mayor seguridad jurídica en la aplicación de la normativa vigente.
Los próximos gobiernos que se constituyan, a partir de la concertación y el diálogo social, tienen que profundizar en las reformas y medidas que estimulen la actividad económica y nos doten de un marco jurídico flexible, que favorezca la capacidad de adaptación de las empresas a los ciclos económicos y potencien la creación de empleo a medida que se consolida la recuperación económica.
Por lo tanto, es especialmente relevante que se garanticen los principios de estabilidad institucional, certeza y seguridad jurídica para impulsar las previsiones de crecimiento económico y de empleo para el 2016.
Uno de los elementos más relevantes que afectan al mercado de trabajo viene constituido por el carácter que se le otorgue a la relación laboral en función del tipo contractual que se suscriba: indefinido o temporal. No puede obviarse que nuestro país se sitúa en el puesto 160 de los países desarrollados en cuanto a dificultades y rigidez para contratar y despedir, y, en definitiva para crear empleo, según datos del Banco Mundial. Todos los ítems laborales, duplicándose las tasas de paro y temporalidad, entre otras, respecto a Europa, no únicamente son ostensiblemente peores en España en una situación de crisis económica, sino también en épocas de bonanza, lo que evidencia una problemática estructural.
No cabe duda de que a las empresas les interesa desde numerosos puntos de vista (costes en procesos de selección, en recursos humanos, pérdida de experiencia adquirida por el trabajador, inversión en formación, fidelización del empleado con la empresa, prevención de riesgos laborales, productividad, etc.) el mantenimiento de una plantilla lo más estable posible.
Las elevadas indemnizaciones por despido, los costes laborales, la rigidez en la normativa laboral que dificulta la adaptación de los RRHH de la empresa, unido a otras causas como una inaceptable inseguridad jurídica producto de la ingente y cambiante normativa laboral existente en nuestro país, y de las diferentes interpretaciones judiciales de las mismas, son factores disuasorios de la contratación estable en nuestro país.
Más aún, si tenemos en cuenta la realidad del tejido productivo en nuestro país constituido en un 99% por pequeñas y medianas empresas, y microempresas, para las que los elementos expuestos suponen barreras difícilmente franqueables, sobretodo en épocas de crisis o incertidumbre económica.
Igualmente, debe advertirse que nuestra configuración productiva, propicia la existencia de una temporalidad estructural, debido a que sectores como los servicios, con empresas dedicadas al turismo y la hostelería, entre otras, conllevan una temporalidad implícita por la propia naturaleza de sus actividades, por lo que, en el 3er trimestre de cada año es habitual un ligero incremento de la tasa de temporalidad, sin que ello deba presuponer connotaciones negativas, sino una creación de empleo coherente con nuestra estructura productiva.
Desde el mundo empresarial se promueve la estabilidad en el empleo, y prueba de ello la tenemos tanto en los diversos Acuerdos para el Empleo y la Negociación Colectiva firmados a nivel estatal, como en los Acuerdos Interprofesionales de Cataluña, suscritos por Foment del Treball y las organizaciones sindicales, donde los agentes sociales instamos a la articulación de fórmulas de flexibilidad para propiciar mecanismos de adaptación internos preferibles a los ajustes de empleo, la potenciación de la contratación indefinida a tiempo parcial como alternativa a la contratación temporal y el desarrollo de la formación continua, la promoción y la actualización permanente de la organización profesional para adaptarla a los cambios en la organización del trabajo, como factores fundamentales favorecedores de una incentivación de la contratación y de una mayor estabilidad en el empleo.
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