Seguridad Jurídica a partir de un marco regulatorio ordenado y razonable

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha animado hoy en Barcelona durante su intervención en la inauguración de la jornada Justicia y fomento de la actividad económica, organizada por Foment del Treball Nacional, a continuar con las transformaciones impulsadas en el Programa Nacional de reformas emprendido durante la última legislatura para afianzar la seguridad jurídica alcanzada, que ha vuelto a España a la senda de la recuperación y el crecimiento económico. Así Catalá, que considera que la mayor seguridad jurídica de un país redunda en mayor potencial para atraer inversión y ser competitivo económicamente, ha defendido que el esfuerzo invertido durante los últimos años por la sociedad española no debe detenerse ahora, siendo necesario articular reformas tanto en la defensa y protección del Estado de Derecho, como en la propia reforma de la Justicia.

Por su parte, en la apertura de la jornada, el presidente del Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, ha subrayado que «se evidencia que el incremento de la competitividad de España a través de una mejora de su sistema de Justicia no está asociado a una única norma o medida, sino que el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo se verá estimulado sobre todo por aquello que contribuya a agilizar los tribunales».

Si somos capaces de tener mejores leyes, más y mejores profesionales y utilizamos las nuevas tecnologías -ha dicho el ministro-, conseguiremos una justicia más ágil, cercana y que responda con calidad e inmediatez a las necesidades de los ciudadanos. Este sistema de garantías, tiene un valor incalculable y es el medio para fortalecer nuestra economía y atraer inversiones.

El ministro se ha mostrado convencido de que hay que mejorar la forma de hacer las leyes, aumentando la participación de expertos y destinatarios y cuidando el lenguaje jurídico. Asimismo, aboga por buscar el sentido práctico de las normas, aludiendo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de compliance, que sirven para reforzar las estructuras empresariales y conceden la oportunidad de conseguir un instrumento de control interno. Catalá ha apuntado también a la necesidad de dotar de más medios materiales y humanos a la Justicia y en este sentido considera necesaria una mayor especialización de los juzgados que les permita afrontar y agilizar los pleitos complejos.

En la línea de una mejor organización de los recursos disponibles, el ministro se refirió al proceso inexorable de digitalización de la Justicia. LexNet y el expediente judicial electrónico han eliminado los tiempos muertos que se generan con un sistema de notificaciones en papel.

Si somos capaces de tener mejores leyes, más y mejores profesionales y utilizamos las nuevas tecnologías, ha dicho el ministro, conseguiremos una justicia más ágil, cercana y que responda con calidad e inmediatez a las necesidades de los ciudadanos. Este sistema de garantías, tiene un valor incalculable y es el medio para fortalecer nuestra economía y atraer inversiones.

En este sentido, el ministro se ha mostrado convencido de que la reforma de la Justicia, concebida como meta prioritaria, debe gozar del mayor consenso político, institucional, profesional y social dentro de una Estrategia Nacional de Justicia que canalice las reformas de forma estructural.

Presentación de los estudios elaborados por CEOE y el Consejo General de Economistas

Esta jornada la ha organizado el Fomento para analizar el impacto de la justicia sobre la actividad económica a través de la presentación de dos estudios aparecidos bien recientemente: uno de la CEOE, titulado Propuestas para potenciar el crecimiento económico y mejorar la administración de Justicia; y otro del Consejo General de Economistas, titulado Implicaciones económicas del funcionamiento de la justicia en España.

Ambos estudios aportan claridad y asumen conclusiones rotundamente razonables. Por ejemplo, evidencian que la Administración de Justicia en España tiene entre los ciudadanos más mala reputación que lo que la realidad de los datos podría sugerir. De este modo, comparando muchos parámetros con los estándares europeos, se ve que los de la Justicia española en muchos casos son homologables. Sin embargo, los informes evidencian que los ámbitos de mejora para una mayor competitividad son muchos, también en el ámbito legislativo: legislar menos y legislar mejor.