- El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, desitja l’inici d’una legislatura de consens, diàleg i concertació amb els agents econòmics i socials.
- Foment del Treball adverteix el vicepresident i conseller d’Economia, Pere Aragonès del posicionament radicalment en contra dels empresaris i li demana que declari “tolerància cero” al frau fiscal.
- Al nou govern d’Espanya li demana contenció de la despesa pública i la reforma de l’Administració per tenir una economia més eficient i competitiva.
La Junta Directiva y la Asamblea General de Foment del Treball han pedido hoy, a través del presidente de la institución, Josep Sánchez Llibre, que las administraciones públicas autonómica y del Estado declaren “tolerancia cero” al fraude fiscal para evitar el progresivo incremento de los impuestos y conseguir el incremento de la recaudación necesario para mantener el Estado del Bienestar. Ante el Anteproyecto de Ley de Acompañamiento en los Presupuestos de la Generalitat, que prevé aumentar la tributación de las rentas de trabajo, patrimonio, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentales, entre otros, Foment ha estimado que los catalanes tendrán una tributación del 93,79% superior a la de los ciudadanos de Madrid -comunidad autónoma con un peso económico muy similar-. Por esta razón, ha pedido al vicepresidente y consejero de Economía, Pere Aragonès, que corrija un planteamiento fiscal confiscatorio que ahogará la competitividad de Cataluña.
Respecto al programa del nuevo gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos, Sánchez Llibre ha insistido en la necesidad de buscar el máximo consenso de los grupos parlamentarios de Cataluña y del Congreso para la resolución del conflicto territorial de Cataluña y ha reclamado una política de moderación del gasto público, prudencia fiscal y consenso y diálogo si insisten en la modificación de la Reforma Laboral.
«Necesitamos consenso, diálogo y concertación para afrontar los cambios. Hay que buscar puntos de encuentro y alejarnos de las posiciones extremas”, ha dicho Sánchez Llibre ante unos 200 vocales de la Junta Directiva y de la Asamblea.
Fiscalidad
Foment entiende que los ciudadanos de Cataluña no pueden soportar más presión fiscal; “la actual es ya excesiva, y el diferencial con otras comunidades autónomas que supondría el incremento que prevé el Gobierno de la Generalitat pondrá en riesgo nuestra competitividad”, ha añadido el presidente.
Por esta razón ha pedido “tolerancia cero” al fraude fiscal y ha propuesto que “si la Generalitat necesita recursos, que los necesitará, que ensanche la base, con la lucha contra el fraude fiscal, que según el estudio de Foment permitiría recaudar unos 40 mil millones de euros al año. O que reclame al Estado más recursos. Un nuevo sistema de financiación, u otro tipo de pactos.
Considerando el incremento de impuestos que prevé el Anteproyecto de Ley de Acompañamiento en los Presupuestos de la Generalitat a la renta, patrimonio, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentales, la tributación de los catalanes es un 93,79% superior en Cataluña respecto a Madrid, la comunidad autónoma comparable por su peso económico.
Gasto público y reforma de la administración
A empresarios, autónomos y ciudadanos, se les pide un esfuerzo considerable mientras que no se ve una contención del gasto público. “Quizás tendremos que analizar con calma si nuestra administración cumple los requisitos de eficiencia en una sociedad moderna, y si habrá que hacer ajustes para reducir gastos y ganar en eficiencia”, ha dicho Sánchez Llibre.
“Este no es ahora un debate prioritario, y tendremos que insistir para que se entienda que las administraciones públicas y su funcionamiento son también protagonistas al favorecer que nuestra economía sea más o menos competitiva. Foment, en su estudio de fiscalidad competitiva, ya justificó que hay que reducir la economía sumergida, lo cual supondría un ingreso fiscal muy importante. A esta obligación que tienen los gobiernos, ahora añado la necesidad de analizar si hay que reestructurar seriamente nuestras administraciones públicas, todas, y analizar si están o no sobredimensionadas, y actuar en consecuencia. Es la gran asignatura pendiente”, ha concluido.
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