- Sánchez Llibre se ha manifestado optimista y confiado en que “el Defensor del Pueblo, y por tanto defensor también de los contribuyentes españoles, plantee con nuestras propuestas este recurso de inconstitucionalidad al Impuesto de Patrimonio”.
- Es un tributo confiscatorio, injusto, que atenta contra la libertad de la propiedad privada de los contribuyentes españoles.
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el vicepresidente de CEOE y presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, han solicitado hoy al Defensor del Pueblo, Francisco M. Fernández Marugán, que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 66 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, en el que se eleva el tipo marginal máximo del Impuesto de Patrimonio, del 2,5% al 3,5%, y se otorga carácter indefinido al tributo. Le han entregado un dictamen elaborado por el abogado, Manel J. Silva, consejero asesor de de Public Afairs de la patronal catalana, que también ha asistido a la reunión.
En declaraciones a los medios de comunicación, Josep Sánchez Llibre ha agradecido al presidente de la CEOE que en nombre de todos los empresarios españoles haya hecho suya la propuesta de Foment para presentar este recurso de inconstitucionalidad, que ha sido suscrito por los presidentes de las organizaciones territoriales de la CEOE y abalada por la Junta Directiva de la confederación.
El presidente de Foment ha remarcado que el Impuesto de Patrimonio “es un tributo confiscatorio, injusto, que atenta contra la libertad de la propiedad privada de los contribuyentes españoles. No es justo grabar el patrimonio con un 3,5% después de haber pagado renta, cuando la rentabilidad de las Letras del Tesoro es del -0,5%”.
Sánchez Llibre ha explicado que “los contribuyentes españoles para poder pagar el Impuesto de Patrimonio deben vender una parte importante de su patrimonio”.
En este sentido, el presidente de Foment ha añadido que, tal y como ha dicho el presidente de la CEOE, “seguramente eliminando el Impuesto de Patrimonio de la fiscalidad española, acabaremos con la competencia fiscal interterritorial”.
Por todo ello, Sánchez Llibre se ha manifestado optimista y confiado en que “el Defensor del Pueblo, y por tanto defensor también de los contribuyentes españoles, plantee con nuestras propuestas este recurso de inconstitucionalidad contra el Impuesto de Patrimonio”.
Las organizaciones empresariales de toda España, consideran que el Impuesto de Patrimonio penaliza el ahorro, la inversión, la productividad y el crecimiento económico. No incentiva pues al desarrollo económico a través de una fiscalidad competitiva para las empresas españolas y para las familias. En la actualidad, este tributo obstaculiza la creación de riqueza, de empleo, y afecta a la generación de mayores ingresos públicos.
Foment del Treball recuerda que el impuesto sobre el patrimonio es, además, un tributo que no existe en ningún otro país de la Unión Europea.
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