- Según la Comisión Europea la mediana de edad pasará de los 43,7 a los 48,8 años en 5 años. En España, la población mayor de 65 años será del 32,0% del total en 2070, frente al 19,5% en 2019.
- Las estimaciones relativas al Estado Español prevén un comportamiento similar a la trayectoria media de la UE, pero un tanto más volátil, y su principal vector de afectación es la variación de la tasa de dependencia, que aumentará del 34% en 2019 hasta el 59% en 2070.
- Las previsiones sobre el gasto medio en pensiones en España irá en aumento hasta alcanzar el 13,0% en 2050; seguido de una fuerte reducción en los posteriores 20 años con la desaparición de la generación del “baby boom”, quedándose en un 10,3% sobre el PIB.
- Los períodos cotización pueden aumentar por el aumento de la edad legal de jubilación -que se prevé que pase de los 65 a los 67 años en 2070-, la abolición de los planes de jubilación anticipada o el endurecimiento de los criterios de elegibilidad para determinadas prestaciones.
- Para aliviar la presión sobre el sistema público de pensiones se hace muy urgente, más allá de las necesarias reformas del mismo, la necesidad de promocionar sistemas de pensiones mixtos y privados, que permitan a los futuros pensionistas disfrutar de unas pensiones más justas y elevadas, contribuyendo incluso al aumento de su esperanza de vida. De ahí que en España deba mejorarse mucho el sistema de incentivos fiscales al ahorro a largo plazo.
- Resulta necesario el aumento de la población activa, para ello tan solo existen dos vías: el aumento de la natalidad y de la inmigración.
- Tanto la tasa de fecundidad europea (1,52 hijos por mujer) como española (1,27 hijos por mujer) están muy alejadas de la tasa natural de sustitución (2,1 hijos por mujer); deberían darse mayores facilidades para la emancipación de los jóvenes, el aumento de su capacidad y estabilidad financiera.
- Se debe explorar otros sistemas de inmigración e incluir mejoras en el actual. Existen varios modelos ya existentes, como el sistema de inmigración por puntos, propio de muchos países desarrollados como Australia, Canadá o Nueva Zelanda, que permite atraer aquellos perfiles que más pueden aportar al progreso económico de estos países, de un modo eficaz y eficiente.
La población de la Unión Europea se reducirá un 5,2% de aquí al año 2070, pasando de 447 millones de habitantes en 2019 a 424 millones en 2070. Además, durante este período, la población de los Estados Miembros envejecerá dramáticamente dadas las dinámicas de fecundidad, esperanza de vida y migración, y la mediana de edad aumentará en 5 años. Esta es la conclusión a la que ha llegado la Comisión Europea, en la nueva edición de su informe trianual sobre el envejecimiento de la población de la UE, The 2021 Ageing Report.
Resulta evidente que estos significativos cambios demográficos tendrán un fuerte impacto económico en sectores muy ligados a ámbitos sociales, como son las pensiones, la sanidad, la atención a las personas y la educación.
Tomando como base este informe, el departamento de Economía de Foment del Treball ha elaborado un estudio centrado en el ámbito de los sistemas de pensiones, dada su urgencia a corto plazo: El reto demográfico europeo del s.XXI: pensiones y el caso de España. En él se trasladan las explicaciones, reflexiones, elementos y proyecciones más significativas en relación a los cambios demográficos que ocurrirán a lo largo del próximo medio siglo en la Unión Europea, poniendo por último un especial foco en España.
Principales conclusiones del informe
Las previsiones de la comisión europea sobre el gasto medio en pensiones en los Estados Miembros reflejan un aumento inicial hasta alcanzar el 12,8% del PIB, seguidos de una posterior reducción, hasta el 11,7% en 2070. Cabe recordar, sin embargo, que el comportamiento a lo largo del horizonte proyectado es heterogéneo entre los Estados Miembros.
Las estimaciones relativas al Estado Español prevén un comportamiento similar a la trayectoria media de la UE, pero un tanto más volátil, y su principal vector de afectación es la variación de la tasa de dependencia. Partiendo de que el punto de partida de España es ya más elevado que la media europea debido al aumento de la tasa de dependencia en la última década (2008-2018), el gasto medio en pensiones en España irá en aumento hasta alcanzar el 13,0% en 2050; seguido de una fuerte reducción en los posteriores 20 años con la desaparición de la generación del “baby boom”, quedándose en un 10,3% sobre el PIB.
Para aliviar la presión sobre el sistema público de pensiones, más allá de las necesarias reformas del mismo, se hace muy urgente la necesidad de promocionar sistemas de pensiones mixtos y privados, que por un lado aligeren la carga sobre las arcas públicas, y por el otro permitan a los futuros pensionistas disfrutar de unas pensiones más justas y elevadas, manteniendo unos mayores estándares de vida y el abandono por parte de muchos de una jubilación precaria, contribuyendo incluso al aumento de su esperanza de vida. De ahí que en España deba mejorarse mucho el sistema de incentivos fiscales al ahorro a largo plazo.
Por otro lado, de cara a soportar este primer período resulta necesario el aumento de la población activa. Para ello tan solo existen dos vías: el aumento de la natalidad y de la inmigración.
Tanto la tasa de fecundidad europea (1,52 hijos por mujer) como española (1,27 hijos por mujer) están muy alejadas de la tasa natural de sustitución (2,1 hijos por mujer), lo que generación tras generación no hará más que agravar el problema actual. Se estima que dichas tasas de fecundidad aumenten de aquí a 2070 (1,65 y 1,49 hijos por mujer, respectivamente), pero este aumento se muestra del todo insuficiente para alcanzar el nivel necesario, la tasa de sustitución. Por tanto, debe procederse al diseño, desarrollo e implementación de políticas públicas que favorezcan la natalidad y aumenten lo máximo posible dicha tasa de fecundidad. A modo de ejemplo, deberían darse mayores facilidades para la emancipación de los jóvenes, el aumento de su capacidad y estabilidad financiera a fin de que puedan empezar a formar una familia a edades más tempranas. En 2019, la edad media a la que las mujeres españolas tienen su primer hijo se encontraba en los 31,1 años, empatada con Luxemburgo y solo superada por Italia (31,3 años).
Por último, queda la vía de inmigración. Esta vía, si bien puede resultar la más rápida para atajar a corto plazo el problema del aumento de la tasa de dependencia y de la presión que supone el sistema público de pensiones sobre las arcas públicas, debe hacerse de forma eficiente, buscando los perfiles relevantes para la economía española y con políticas de atracción de talento (incluyendo de tipo fiscal).
Las proyecciones actuales indican que la migración neta no compensará este déficit de nacimientos, pues se prevé que se reduzca del 0,9% de la población al 0,4% ya para 2030, y permanezca así hasta 2070, reduciendo aún más las cifras absolutas. Sin embargo, según la Comisión Europea, una buena gestión de la inmigración puede repercutir muy significativamente sobre el gasto público en pensiones, y muy especialmente en un país como España.
Es por ello que se debe explorar otros sistemas de inmigración e incluir mejoras en el actual. Existen varios modelos ya existentes, como el sistema de inmigración por puntos, propio de muchos países desarrollados como Australia, Canadá o Nueva Zelanda, que permite atraer aquellos perfiles que más pueden aportar al progreso económico de estos países, así como ayudar a cubrir las necesidades de mano de obra que el sistema actual no es capaz de proveer de un modo eficaz y eficiente.
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