Foment rechaza frontalmente el decreto ley de la Generalitat que interviene el mercado de alquiler porque “provoca inseguridad jurídica y es de dudosa constitucionalidad”

• Es necesario promover la mediación entre propietarios y arrendatarios de los locales comerciales o de uso profesional, “pero sin alterarla con una claúsula que adelanta el resultado final de la negociación”.
• La crítica situación económica como consecuencia de las medidas extraordinarias para contener la propagación del virus requiere ayudas directas y la inyección de fondos para evitar el cierre de los locales comerciales y mantener los puestos de trabajo.
• Los empresarios piden a la Generalitat que se concentre en las ayudas para salvar empresas y no en normas y leyes que perjudican aún más la actividad económica.

Foment del Treball pide a la Generalitat que se concentre en la promoción de ayudas directas y la inyección de fondos económicos  a los sectores de actividad afectados por las medidas extraordinarias aprobadas para contener la pandemia de la COVID-19, y no en la aprobación de normas y leyes que perjudican a empresarios, trabajadores y, hoy también, a los propietarios de locales y establecimientos de alquiler. El gobierno de la Generalitat ha aprobado hoy un decreto ley que interviene el mercado de alquiler ya que altera la mediación entre las partes porque la nueva norma fija que el importe del alquiler de los negocios cerrados o limitados en su actividad quedará automáticamente rebajado al 50% desde el día en que el arrendatario notifique la voluntad de negociar.

Foment del Treball considera que el decreto ley es de dudosa constitucionalidad y provoca inseguridad jurídica. La suspensión de la actividad en bares, restaurantes, gimnasios, centros de belleza, etc.; i la consecuente pérdida de ingresos no puede ser asumida ni por los propietarios de los locales, ni tampoco por los empresarios, sino que se debe repercutir a la administración que ha ordenado el cierre de los negocios o ha limitado parcialmente su actividad.

Por ello, Foment entiende que si bien es correcto promover una negociación “no es asumible dictar una norma que la altera y condena previamente a los propietarios a perder una parte o la totalidad de la renta”. El Decreto Ley es injusto y lesivo para los propietarios y condena aún más al cierre de los negocios y a la pérdida de empleo.