En septiembre de 2021, con motivo de la eliminación de los peajes en la AP-7 y AP-2, se constató un incremento significativo del tráfico de vehículos y que causó también retenciones, que fueron agravadas por el lento proceso de eliminación de las estructuras troncales de los peajes.
En aquel momento, Foment hizo llegar a las autoridades la preocupación por la falta de previsión y urgencia de las obras ante el más que posible y significativo aumento del tráfico, como ya se constató en la retirada de los peajes de la autopista de Burgos en meses anteriores.
Ya entonces, Foment del Treball entendió ―y lo reitera nuevamente― que las limitaciones al transporte de mercancías por carretera debían ser las mínimas, y sólo como último recurso por las afectaciones económicas y logísticas sobre las cadenas de aprovisionamiento, y en especial sobre aquellas de los sectores considerados esenciales, como pudo constatarse en el periodo de la pandemia.
Por ello, únicamente tenemos que reiterar, ante las medidas aprobadas por el Departament d’Interior, nuestra reserva por las medidas restrictivas al transporte de mercancías, que entendemos que deberían haberse planificado previamente a través del diálogo con el sector y con la reserva expresa de que fuese una medida de carácter muy excepcional.
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