Tras el histórico acuerdo alcanzado el pasado mes de julio por parte del Consejo Europeo, consistente en un Fondo de recuperación europeo dotado con 750.000 millones de euros, con el objetivo de apoyar a los países más afectados por la pandemia (a España le corresponden hasta 140.000 millones sujetos a la presentación y aprobación de un plan nacional de reformas e inversiones), el Gobierno de España ha presentado las líneas maestras, los ámbitos prioritarios, que definirán los planes y los proyectos nacionales que se presentarán en los próximos meses para su modernización social, económica y ecológica. Aunque el horizonte de ejecución de los fondos europeos es de 6 años, del 2021 hasta 2026, el Ejecutivo concentrará el esfuerzo de movilización de recursos sobre todo en los próximos tres años para acelerar la reactivación de la economía.
El “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española” guiará la ejecución de cerca de 72.000 millones de euros (el 50% de los recursos con los que cuenta España gracias al instrumento Next Generation EU) entre los años 2021 y 2023, con el objetivo de acelerar la transformación de la economía mediante proyectos que se ejecutarán en ese mismo plazo. Estos se canalizarán a través del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (59.000 millones en transferencias), y REACT-EU (que permitirá obtener financiación por un importe de 12.400 millones). A ello hay que añadir 79.000 millones de los fondos estructurales y de la política agrícola común (PAC) previstos para España para el periodo 2021-27.
El presidente del Gobierno ha afirmado que estas ayudas permitirán sumar anualmente 2,5 puntos al PIB y crear 800.000 empleos en los próximos tres años. En concreto, la vicepresidenta Nadia Calviño adelantó que se espera que el crecimiento del PIB previsto en el 2021 pase del 7,7% al 9,8% y que la tasa de paro se reduzca en seis décimas frente al 16,9% inicialmente estimado.
El citado Plan se estructura en torno las siguientes cuatro transformaciones: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial; y cumple con las prioridades del Plan europeo de recuperación: la inversión «verde» representa más del 37% del total y la digitalización cerca del 33%.
El Plan se estructura en torno a diez políticas tractoras que inciden directamente en aquellos sectores productivos con mayor capacidad de transformación del tejido económico y social:
- Agenda urbana y rural, la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura (16% de los recursos). Entre sus objetivos figuran la mejora de la habitabilidad de entornos urbanos y dar respuesta a las necesidades del entorno rural, manteniendo la población y fomentando el empleo.
- Impulso de las Infraestructuras y los ecosistemas resilientes (12% de los recursos), a través de proyectos como el Plan de Conservación y Restauración de Ecosistemas, o el Plan de Preservación de Infraestructuras Urbanas, Energéticas y de Transporte, entre otros.
- Transición energética justa e inclusiva (9% de los recursos) con el objetivo de posicionarnos estratégicamente como líderes de la renovación energética.
- Promoción de una Administración para el siglo XXI (5% de los recursos), para que la Administración pública actúe como motor de los cambios tecnológicos, que también incluirá la Modernización del Sistema de Justicia.
- Modernización y digitalización del ecosistema de las empresas (17% de los recursos) ante la necesidad urgente de apoyar el tejido empresarial y garantizar nuestra competitividad industrial.
- Pacto por la ciencia y la innovación y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud (17% de los recursos).
- Educación y el conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades (18% de los recursos).
- Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo (6% de los recursos). Se incluyen, entre otros, planes de choque para la economía de los cuidados de larga duración a personas mayores y dependientes, el refuerzo del Sistema Nacional de Dependencia o la modernización de las políticas activas de empleo.
- Desarrollo de la cultura y el deporte (1,1% de los recursos).
- Modernización del sistema fiscal, incrementando la progresividad y redistribución de los recursos para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible.
Con el objetivo de acelerar la ejecución del Plan, el Gobierno ha decidido adelantar en los próximos Presupuestos Generales del Estado 27.000 millones de euros de este Plan. Ello permitirá poner en funcionamiento el Plan desde el mismo momento en que sean aprobados los PGE.
Con el fin de garantizar la correcta ejecución de los fondos:
- Se constituirá una Comisión Interministerial presidida por el presidente del Gobierno y se creará una Unidad de Seguimiento del Fondo de Recuperación en el gabinete de presidencia del Gobierno.
- Se instrumentalizará una colaboración específica con las Comunidades Autónomas, se reactivará la conferencia sectorial de fondos europeos y se introducirá el Fondo de Recuperación en los debates habituales de las próximas conferencias de presidentes autonómicos. Además, está prevista una reunión de los presidentes autonómicos con la Presidenta de la Comisión Europea el próximo 26 de octubre.
- Se incentivará la colaboración público-privada y se facilitará una interlocución continua con las empresas que participan en los proyectos.
- Se pondrán en marcha mecanismos de rendición de cuentas periódicos ante el Parlamento.
- Finalmente, se pondrá en marcha una reforma profunda de las normas y leyes de la Administración general de Estado en tres frentes:
- Con el diseño de una gobernanza para los fondos que sea eficaz, fortaleciendo las estructuras administrativas responsables;
- El Gobierno acometerá las reformas legales administrativas necesarias para que la gestión y ejecución de los fondos se realice de manera transparente y ágil; y
- Mediante un Decreto-ley se eliminarán las trabas administrativas y se resolverán los cuellos de botella que ralentizan y entorpecen la contratación y ejecución de proyectos.
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