Recientemente, el FMI ha publicado un estudio sobre la incidencia de las pandemias en las personas más desfavorecidas, y sobre cómo estos episodios dejan a los pobres aún más relegados.
Según el FMI, la crisis económica derivada de la COVID-19 tendrá un impacto mucho peor que el de la Gran Recesión de 2008. En este sentido, el FMI espera una contracción de la actividad mundial del 3% para 2020.
Por otra parte, detrás de esta estadística yace una posibilidad aún más dramática. Tomando como referencia las pandemias que ocurrieron en el pasado – SARS (2003), H1N1 (2009), MERS (2012), Ebola (2014) y Zika (2016)- el impacto de la crisis sobre las personas con menores niveles de ingresos y más vulnerables será aún peor. Una reciente encuesta entre economistas señala que la gran mayoría considera que la pandemia de la COVID-19 empeorará la desigualdad, en parte, por el desproporcionado impacto en los trabajadores no calificados.
La evidencia muestra que las pandemias tienen un efecto adverso en términos de distribución, aumentando la desigualdad de ingresos y mermando las posibilidades para quienes tienen niveles de formación básicos, mientras que los trabajadores más calificados apenas ven sus puestos de trabajo afectados.
Si se considera la medida más estándar para medir la desigualdad de ingresos, el índice de Gini, la brecha entre ricos y pobres se amplía progresivamente en las pandemias.
Teniendo en cuenta esta evidencia, el FMI propone que las políticas se orienten con especial atención a prevenir daños a largo plazo en los estándares de vida de los más desfavorecidos de la sociedad.
Sin políticas específicamente diseñadas para mitigar este efecto desproporcionado, veremos, nuevamente, un incremento de la desigualdad, característica que constituye hoy por hoy uno de los retos más complejos y preocupantes de la economía a nivel global.
En concreto, el FMI propone un conjunto de medidas como ser, permisos por enfermedad, beneficios por desempleo o beneficios sanitarios, éstos últimos específicamente dirigidos a los segmentos de la población que no disponen de un respaldo de ahorros como los trabajadores informales o los excluidos de los sistemas de protección social.
Es fundamental, además, que las economías impulsen cambios de índole estructural para que cuando se produzcan shocks en el futuro las sociedades dispongan de mecanismos que permitan distribuir uniformemente los riesgos y efectos negativos, y que permitan proteger a los más vulnerables de una mejor manera que la actual.
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