- El actual mercado de alquiler no es suficiente y, por lo tanto, hay que ampliar sobre todo la oferta de vivienda asequible, el grande abandonado desde la crisis de 2008.
- Los inversores en activos inmobiliarios no tendrán incentivos y se devaluará el valor patrimonial de muchos propietarios.
- La nueva ley es inconstitucional, antiestatutària y no se podrá aplicar.
La aprobación esta tarde en el Parlamento de Cataluña de la nueva ley de medidas urgentes en materia de contención en los contratos de arrendamiento ha provocado una gran decepción al conjunto del sector inmobiliario que considera que la nueva regulación “es un error mayúsculo que perjudicará a todo el sector y a la construcción de viviendas amenazando la actividad económica hasta llegar a la parálisis” y con riesgo de provocar una contracción de la oferta.
Foment ya advirtió hace un año que la nueva regulación que se tramitaba “afecta seriamente a la seguridad jurídica y a la confianza necesaria para los inversores y penaliza a las empresas que tienen capacidad para posar al mercado promociones de viviendas en alquiler”.
Tal y como denunció Fomento, además la nueva ley en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de viviendas, vulnera la Constitución y el Estatuto en 18 puntos de su articulado. Así lo resolvió el Consejo de Garantías Estatutarias del Parlamento de Cataluña. Por esta razón, esta norma nunca se podrá aplicar. Es un grave y mayúsculo error que llega en uno de los peores momentos de crisis económica.
En vez de solucionar el problema de oferta de alquiler asequible, provocará un efecto contrario, puesto que por un lado podrá provocar una parálisis en la actividad del sector. En la práctica, -añade el informe presentado en junio del 2019- supondrá una reducción de valor de todos los activos inmobiliarios residenciales libras y no incentivará la rehabilitación del parque edificado existente, muy necesaria para mejorar el parque de vivienda en nuestras ciudades.
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