El real decreto ley de 17 de marzo anunciado por el Gobierno sobre medidas extraordinarias para hacer frente al impacto económica y social del COVID-19, amplía el primer paquete de actuaciones con el objetivo de contribuir a evitar una afectación económica prolongada más allá de la crisis sanitaria, dando prioridad a la protección de las familias, autónomos y empresas más directamente afectadas.
En concreto, las medidas adoptadas en este real decreto ley están orientadas a un triple objetivo: reforzar la protección de los trabajadores, las familias y los colectivos vulnerables; apoyar la continuidad en la actividad productiva y el mantenimiento del empleo; y tercero, reforzar la lucha contra la enfermedad.
Esta norma entra en vigor el mismo día de su publicación y estará vigente en el plazo de un mes desde su entrada en vigor, sin perjuicio de que se pueda prorrogar su duración por el Gobierno mediante real decreto ley. No obstante lo anterior, aquellas medidas previstas en este real decreto ley que tienen plazo determinado de duración se sujetarán al mismo.
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