APRI es una asociación profesional de ámbito nacional que nació en 2007 con el objetivo de cubrir la existencia de un vacío en España en la representación y asociacionismo de los profesionales de las relaciones institucionales, asuntos públicos y lobby.
Su objetivo fundamental es impulsar un modelo de profesión ética y transparente y para ello, promover la ordenación de la actividad del lobby mediante su regulación, y dar a conocer el valor de los profesionales y de su función de canalizadores de participación de la sociedad en el proceso democrático, como herramienta de representación ante el Parlamento y el Gobierno de España y los de sus Comunidades Autónomas.
Hablamos con Maria Rosa Rotondo, presidenta de APRI, asociación que recientemente ha firmado un acuerdo de colaboración con Foment del Treball.
¿Cuáles son los benéficos del convenio de colaboración con Foment?
Nuestra apuesta por Cataluña es decidida. Por eso, en la Junta Directiva contamos con Ángel Mesado, nuestro vocal y representante en Cataluña, para impulsar los principios y valores de nuestra actividad en Cataluña.
Con este acuerdo con una asociación tan representativa como Foment buscamos defender y potenciar el ejercicio de las relaciones institucionales y asuntos públicos para las empresas y el resto de los agentes económicos y sociales en Cataluña; fomentar la transparencia y profesionalización de la actividad y su formación; y promover iniciativas que refuercen el ejercicio de las relaciones institucionales y asuntos públicos en todos los sectores, pero especialmente en aquellos de mayor importancia relativa para Cataluña. Nuestro objetivo es llegar a los profesionales del lobby y empresas en Cataluña y dar a conocer el valor estratégico de esta actividad, además de dotarla de las mejores prácticas.
Con el acuerdo, los socios de Foment podrán beneficiarse de un 30% de descuento en la cuota del primer año de APRI y adherirse al código de conducta de APRI beneficiándose de su labor formativa, divulgativa y social.
Cataluña ya cuenta con registro de lobbies. ¿Qué opinas de la regulación de la actividad en Cataluña?
Cataluña es una comunidad con una actividad económica importante que ha sabido adelantarse a las tendencias que vienen de Europa. Ha sido una de las Comunidades Autónomas pioneras en regular la representación de intereses. Ya en 2015 aprobó la creación del primer registro de ‘lobbies’ en el que tienen que inscribirse todas las entidades y personas que participen en la elaboración y aplicación de las políticas del Gobierno catalán.
En 2017, asimismo, se crea y regula el registro de grupos de interés de la Administración de la Generalitat de Cataluña, válido para todas las instituciones, habilitando también a los ayuntamientos de la comunidad a crear su propio registro. Ese mismo año, además se aprobaron normas de organización del registro de grupos de interés del Parlamento de Cataluña, cuya inscripción es necesaria para poder establecer contactos y relaciones con los diputados, los grupos parlamentarios y sus asesores y el personal del Parlamento que ejerce funciones de asesoramiento.
Además, en su empeño de mejorar la regulación de transparencia, actualmente el Gobierno de la Generalitat de Cataluña está desarrollando un proyecto normativo para profundizar en la transparencia de la actividad de los lobbies y el control democrático.
La palabra lobby es poco conocida. ¿Qué es el lobby para vosotros?
El lobby es una actividad profesional que se centra en la defensa de intereses legítimos de distinto ámbito en la toma de decisiones pública. Está ampliamente extendida la actividad, prueba de ello es Bruselas o Washington, donde el lobby está normalizado. El lobby trata nada más y nada menos que trasladar a la Administración Pública y distintos partidos políticos la posición e intereses de una organización, trabajar para que esos intereses formen parte del debate y sean tenidos en cuenta y conseguir que la normativa beneficie y no perjudique los intereses de la organización o colectivo. Es una actividad desarrollada no solo por empresas, también por asociaciones, grandes y pequeñas, y ONGs.
Desde APRI defendemos desde hace muchos años que el lobby debe entenderse como algo positivo que contribuye a mejorar el diálogo, la colaboración público-privada y el proceso democrático de nuestro país. Las decisiones se toman con mayor fundamento cuando se escuchan todos los puntos de vista, sea una empresa, una ONG o una asociación ciudadana.
¿Por qué el concepto “lobby” suscita connotaciones negativas?
Decir lobby en España sigue siendo sinónimo de poder en la sombra, pero en nuestra actividad lo único que queda por descubrir es que no hay nada que esconder. La profesión ha evolucionado, se ejerce de manera profesional y transparente y debe entenderse como una actividad positiva, que contribuye a mejorar las decisiones políticas a través de la participación de empresas, asociaciones o colectivos ciudadanos.
¿Cómo podemos cambiar la percepción negativa del lobby?
Con una mayor educación y divulgación sobre lo qué es el lobby y la función que cumple en la sociedad creemos que se puede mejorar su percepción. Su regulación también puede contribuir a ello. Por otro lado, para nosotros es muy importante que la profesión se desarrolle con los mejores estándares deontológicos y profesionales. Por eso desde APRI, ante la falta de una regulación, hemos desarrollado un código de conducta que firman todos nuestros socios, ya que entendemos que las implicaciones del trabajo de un lobista en la vida pública requieren unos altos estándares de transparencia en el desarrollo de las relaciones con la Administración del Estado. Cada uno de los artículos de este Código recoge un aspecto esencial para asegurar el desarrollo profesional de la actividad del lobby aplicando en todo momento las mejores prácticas.
¿Crees que el lobby beneficia o perjudica a las empresas? ¿Qué beneficios tiene su desarrollo?
Indudablemente beneficia a las empresas. La participación en la vida pública es derecho fundamental. Es muy importante que los representantes de la sociedad civil tengan acceso a las Instituciones y de forma muy especial a los poderes ejecutivo y legislativo a fin de comunicar sus ideas e intereses, recabar información, defender su situación o instar a cambiar la legislación que les afecta.
El lobby es una actividad que permite a cualquier tipo de organización participar en el proceso de toma de decisiones públicas, mejora la interlocución con el Gobierno y las Administraciones Públicas y facilita a los decisores información técnica y sectorial para que desarrolle su labor legislativa eficazmente.
Además, promueve el debate público sobre asuntos diversos, ayuda a las empresas a estar informadas y a conocer las prioridades públicas y políticas. Cuanta más participación, diálogo y transparencia haya en la toma de decisiones mejor será para la sociedad en su conjunto.
¿Crees que falta transparencia en el sector público? ¿Cuál sería la solución?
Desde APRI observamos que el escenario político español reconoce la importancia de crear una regulación de la actividad profesional de los grupos de interés. Sin embargo, aún no existe una ley nacional consensuada, sino solo regulaciones en algunas Comunidades Autónomas, organismos públicos y entidades locales, como Cataluña, Madrid y Castilla y León, la CNMC o el Ayuntamiento de Madrid. Por ello, APRI trabaja como asociación de lobistas en el diálogo con los diferentes grupos parlamentarios para sacar adelante una regulación de los grupos de interés.
En los últimos años, se han desarrollado sucesivos intentos, los últimos muy avanzados, para la regulación de los Grupos de Interés, sin embargo, el actual IV Plan de Gobierno Abierto, aun siendo un espléndido plan de trabajo de la Dirección General de Gobernanza Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, no ha podido tener en cuenta nuevas situaciones políticas que hacen necesario un avance mucho más rápido de este proyecto.
¿El contexto actual de crisis representa una oportunidad para poner en valor la disciplina de las relaciones institucionales, asuntos públicos y lobby?
Sí, porque sólo los profesionales llevan años trabajando en la interlocución con las administraciones públicas y decisores políticos y están en condiciones de establecer el diálogo en las circunstancias actuales. Conocen bien los canales, mecanismos e interlocutores para que los mensajes y las preocupaciones o propuestas del sector privado lleguen correctamente.
¿Creen que el contexto actual marcará un antes y un después en la relación entre los intereses públicos y privados? ¿Por qué lo creen así?
Tras la crisis creemos que no sólo las grandes corporaciones sino también las pequeñas empresas van a entender mejor cuál es el retorno de las relaciones institucionales y asuntos públicos a largo plazo. Se va a entender porque es tan importante mantener un diálogo constante y fluido con las administraciones públicas y los decisores políticos, ya que cuando nos enfrentamos a una crisis de estas dimensiones es importante, por un lado, que tanto las administraciones públicas como los decisores políticos conozcan tu sector para poder implementar medidas acorde al mismo y, por otro, que tu organización sepa a quién dirigirse de manera rápida y eficaz.
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