La Formación Profesional ha ocupado muchos titulares en este inicio escolar. En Cataluña debido al déficit de plazas que obligará a miles de alumnos a cursar el ciclo de forma telemática. Y a nivel estatal, por la aprobación en el Consejo de Ministros de la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional (FP).
Para saber más detalles, hablamos con Manuel Rosillo, Presidente de la Comisión de Formación de Foment del Treball.
Empecemos por la situación en Cataluña. Durante mucho tiempo las empresas han reclamado una apuesta firme por la Formación Profesional para tener personal cualificado. Y este año que ha habido más demanda por parte de los alumnos, resulta que no hay suficientes plazas. ¿Qué se ha hecho mal y cómo se puede mejorar?
Durante los últimos años, la percepción social de la Formación Profesional ha mejorado sensiblemente y representa una opción tan válida como el bachillerato para los estudiantes de este país. Se ha generado una expectativa, a la que conviene dar respuesta de manera eficaz, lo contrario genera decepción, abandono y regresión.
Las empresas, conscientes de la importancia de la Formación Profesional para su competitividad, en una economía cada vez mas exigente y con una necesidad urgente de personal cualificado, seguirá reclamando dicha apuesta, al menos hasta conseguir los estándares de los países de la UE que son referentes en la materia y con los cuales competimos.
Aún siendo conscientes de la histórica rigidez y dificultad del sistema para adaptarse a la demanda, en este caso, hay que sumar una falta de observación de la tendencia y como consecuencia una falta de planificación, máxime cuando a finales de mayo ya se disponían de datos de preinscripción.
El Presidente del Gobierno, en rueda de prensa, en el mes de julio del 2020, presentó el Plan de Modernización del Formación Profesional, consciente de la creciente demanda de plazas. Dotó al sistema de 375 millones de euros para el periodo 2020-2023, con el objetivo de crear 200.000 plazas de Formación Profesional, liberando 121 millones para el 2020. Entiendo, por lo expuesto, que no procede la excusa económica como argumento justificativo.
Por tanto, no es momento de rigideces, si no de flexibilidad. Es necesario que el triángulo: Prospección-Orientación-Planificación, funcionen de manera coordinada. Se disminuirá el riesgo y se avanzaría en una respuesta más eficiente a la demanda.
Cataluña dispone de una magnífica red de centros de Formación Profesional y es la hora de sumar esfuerzos entre la iniciativa pública y privada. Lo que ahora es un problema coyuntural, puede traducirse en estructural.
La semana pasada el Consejo de Ministros aprobó en segunda ronda la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional (FP). ¿Cómo valoran desde Foment las novedades que incorpora?
El simple hecho de plantear la Ley con rango orgánico ya nos parece positivo y felicitamos la iniciativa. El Proyecto de ley de ordenación e integración recoge propuestas que desde Foment, a través de CEOE, venimos reclamando históricamente; entre otras, una mayor participación en la gobernanza del sistema, el impulso al modelo dual, mayor vinculación empresa-escuela, prospección para dar respuesta eficiente a la orientación y la planificación de la oferta, microformaciones, colaboración público-privada…, aunque hay aspectos clave que deja para una posterior regulación, pero que convendría concretar las bases en el trámite parlamentario.
En el sentido expresado, desde Foment, hemos trasladado a CEOE numerosas aportaciones al borrador de la Ley. Si bien, dada la materia que se trata, es una Ley que en su conjunto nos afecta directamente, conviene un posicionamiento claro y constructivo en, al menos, los siguientes apartados.
- En lo que afecta al título de la Ley, entendemos que la ordenación nos parece que está bien orientada, pero la integración no ha tenido la reflexión necesaria básicamente por dos razones: porque no incorpora la formación del ámbito de Trabajo y no se visualiza una gobernanza ejecutiva compartida por la administración y los Agentes Sociales, como expresaré posteriormente.
- Es necesario y debemos trabajar para que la Ley tenga un amplio consenso parlamentario, ajena a los tiempos políticos. Hacer entender, durante el trámite parlamentario, a los diferentes partidos políticos que ésta es una ley técnica, exenta de ideología por los objetivos que pretende. En definitiva, que ofrezca estabilidad, a la vez compatible con la flexibilidad y dinámica que exige la actividad económica. Tengamos en cuenta que el desarrollo de la Ley y la aplicación de las disposiciones transitorias y finales de ésta se enmarcan en un escenario a cuatro años, por lo que sólo el consenso asegura su estabilidad.
- En la Ley se reitera la corresponsabilidad de los agentes sociales en el Sistema de Formación Profesional, que me parece muy acertado. Pero la corresponsabilidad se puede exigir en la medida que se participa de las decisiones de manera ejecutiva, caso contrario, ¿qué corresponsabilidad se pretende? Es necesario concretar un órgano de integración de carácter ejecutivo entre la administración y los agentes sociales, dada la materia, que al menos, concreten las políticas, estrategia, planificación y evaluación del sistema.
- Respecto a la FP DUAL, el reto que se plantea es de una envergadura considerable. Según se desprende de la propia ley pasaremos de una oferta actual del 4% a un “teórico” 100%, pasando a ser los campeones de la DUAL en cuatro años. Es una meta ambiciosa, no exenta de dificultades, básicamente por el cambio cultural que requiere a todos los actores del sistema y la dimensión de nuestras empresas. La apuesta, no obstante, es positiva, pues los resultados de inserción de este modelo están sobradamente contrastados.
Desde el punto de vista empresarial, evitando ser exhaustivo, conviene concretar:
- Consenso general de que la estancia en la empresa, en cualquiera de las formas que se concrete, tiene carácter formativo. Que el aprendizaje en la empresa está ligado al “saber hacer” y ello conlleva la participación en la actividad productiva.
- Seguridad jurídica en la relación contractual empresa-alumno. Sería irresponsable la unilateralidad en la regulación contractual, debiéndose propiciar en el marco del diálogo social y convenios colectivos, informada la inspección de trabajo, las condiciones laborales de los alumnos en formación en la empresa. La inseguridad jurídica sería un freno al desarrollo de la FP DUAL.
- Siendo positivo lo que indica la Ley en el artículo 57 que la estancia en la empresa: “Requerirá tener cumplidos los 16 años y haber superado la formación en prevención de riesgos laborales”, debe revisarse y adaptar el Decreto de 26 de julio de 1957 sobre Industrias y Trabajos prohibidos a mujeres y menores por peligrosos o insalubres, lo que supone un riesgo considerable para la empresa en no pocas actividades productivas para los menores de edad.
- Acreditación de competencias de la población activa, que me referiré más adelante, según hemos comentado.
- Trasladar a los políticos el necesario consenso con la comunidad educativa. En concreto aquellos apartados de la Ley que contempla la regulación de los Centros de Formación Profesional, el profesorado y la correlación con el ámbito universitario, evitando la situación generada en la Ley de Educación de reciente publicación.
La futura ley prevé agilizar las acreditaciones de cualificaciones profesionales de trabajadores que tienen experiencia pero no títulos oficiales que lo acrediten. ¿Es una buena noticia?
La cuestión es si nos podemos permitir que el 46% de la población activa no tenga una acreditación formal de sus competencias profesionales, cifra que no creo que se corresponda con la realidad y ello justifica la realización de procesos de acreditación.
Pero antes de contestar a la pregunta, quisiera incorporar el qué y porqué.
Respondiendo al qué, el proceso de acreditación tiene como objetivo: evaluar, reconocer y acreditar oficialmente las competencias profesionales de las personas, adquiridas por la experiencia profesional y la formación no formal a lo largo de toda su vida y para el por qué, enumeraré los beneficios que en su día consensuamos en la elaboración del Libro Blanco de la Formación en CEOE:
Para la persona
- Es un reconocimiento al saber hacer, a la competencia profesional de las En muchos casos esto eleva la autoestima ya que representa un triunfo personal y de auto-superación.
- Supone una nueva oportunidad para la adquisición de una titulación que en su momento no se pudo lograr por el abandono escolar
- Permite al candidato capitalizar su experiencia profesional pudiendo llegar a obtener títulos de Formación Profesional o Certificados de Profesionalidad, válidos en todo el territorio nacional, o bien una acreditación Es decir, obtendrá un documento oficial que acredite sus competencias profesionales y que mejora su empleabilidad y su posición dentro del mercado laboral.
- Permite a las personas mantenerse en su puesto de Esto ocurre, sobre todo, cuando se trata de una profesión regulada y existe una fecha límite para que las personas que trabajen en ese sector dispongan de una determinada cualificación para su desempeño.
Para la empresa
- Mejora el capital humano de las empresas a través de la cualificación de sus trabajadores y, por tanto, de la productividad y competitividad de las
- Evita el intrusismo profesional impidiendo que personas no cualificadas ejerzan una profesión para la que no están formados ni
- Permite que las empresas pueden beneficiarse del Sistema Nacional de las Cualificaciones para que los departamentos de recursos humanos implanten una gestión por competencias de sus plantillas, en cuanto a la selección y / o formación de su
- Facilita la movilidad de los trabajadores, en el ámbito nacional e
Para la sociedad
- Dignifica las ocupaciones y mejora el grado de Los procedimientos de acreditación suponen, en ocasiones, la obligación de realizar algún módulo formativo. Esto contribuye a la mejora de la formación a lo largo de la vida.
- Incrementa el número de población activa cualificada, lo que permite una mejor percepción interna y externa del capital humano.
- La cualificación disminuye el riesgo de exclusión social, aportando oportunidades de empleo.
- En el marco del diálogo social y la negociación colectiva puede ser un elemento que dé soporte a la clasificación profesional.
Hasta ahora los procesos de acreditación ha sido dispares por Comunidades Autónomas, sujetos a convocatorias, muy dirigidos a dar respuesta a profesiones reguladas y con poca incidencia. Sin embargo, y a partir del Plan de Modernización de la FP, al que me referí anteriormente, entiendo que estamos ante una oportunidad y un punto de inflexión, pues dicho plan con una inversión de 852 millones de euros, pretende un alcance de más de 3 millones personas acreditadas para el periodo 2020-2023.
Volviendo a la pregunta, es una buena noticia que por ley se establezca un sistema regular y estable, de ahí lo expresado como oportunidad en el párrafo anterior y que también es una reivindicación histórica por la parte empresarial.
Dicho lo anterior y sin ser exhaustivo es necesario disponer de los instrumentos que lo hagan posible:
- Regulación base para todo el territorio español, con total respeto a las competencias en la materia de las Comunidades Autónomas.
- Catálogo de Cualificaciones y guía de evidencias actualizado.
- Informar e implicar a los sectores productivos, como prevé la Ley. Sin su participación y complicidad me parece un reto inasumible. Los AASS representan una palanca para su impulso.
- Simplificación administrativa de los procesos (herramienta informática) y asegurar los recursos humanos para cada una de las fases del proceso de manera estable.
- Y por último y no menos importante, dar una respuesta eficiente a la expectativa, proporcionando la oferta formativa conducente a la consecución de una cualificación completa en base a los resultados de los procesos de acreditación.
¿Qué diferencias existen entre la normativa autonómica y estatal en materia de Formación Profesional? ¿Sería necesario unificarlas?
Creo que la respuesta es obvia y sin ser experto en derecho, el marco legal está establecido por la Constitución y la legislación que emana de la misma establece el marco de relación entre el Estado y las Comunidades Autónomas. También en materia de Formación Profesional.
Por otro lado, la diversidad de los territorios es una riqueza extraordinaria que conviene preservar. En esta diversidad también incorporo la actividad económica.
Pero por lo general las empresas tienen una dimensión que no está definida territorialmente, actúan dónde su producto o servicio tienen posibilidades de crecer generando riqueza, puestos de trabajo, en definitiva, bienestar social.
De lo expresado en el párrafo anterior y volviendo a la pregunta, opino que es necesario un marco de base general normativo, con total respeto a las competencias de las autonomías y con el margen suficiente para adaptar la normativa a las singularidades del sistema productivo de las mismas.
El sistema actual de FP no da respuesta a las necesidades reales de las empresas que a menudo apuestan por formar ellas mismas sus profesionales. ¿Recuperar la figura del aprendiz sería una solución?
La figura del aprendiz es tan antigua como la humanidad. Hay numerosos estudios sobre la evolución de la transmisión del “saber” y “saber hacer” a lo largo de la historia. Evolucionando a lo largo del tiempo, estructurándose en el periodo gremial y la revolución industrial. Fue en 1942 cuando se crea, dependiendo del Ministerio de trabajo la “Escuela de Capacitación Social de los Trabajadores” que sería el embrión de la Ley de Formación Profesional Industrial de 1949, dónde surgió el Bachillerato especial de carácter profesional y las Universidades laborales, donde se impartía la oficialía y maestría de elevado prestigio y reconocimiento por la empresa.
Con la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) del 1990, se introduce como obligatoria la Formación en Centros de Trabajo, con la pretensión de asumir la figura histórica del aprendiz, a mi entender, de manera equivocada. Y ha sido iniciada la segunda década del presente siglo dónde se pone de manifiesto que la figura del aprendizaje, la FP DUAL o alternancia, es imprescindible para mejorar la competencia profesional de los estudiantes y facilitar su acceso al trabajo, como está sobradamente demostrado.
Respondiendo a su pregunta, la actual Ley Orgánica, en trámite, lo contempla; y seguramente empresas por su tamaño y actividad podrían abordarlo de manera particular y específica, en modo y manera que reglamentariamente se establezca.
Pero, salvo esas excepciones que pudiesen surgir, lo razonable es que se potencie en el seno de las empresas el aprendizaje previsto en la ley en sus dos opciones de la FP DUAL: la general y la intensiva. El tanto por ciento del tiempo curricular previsto y resultados de aprendizaje que se contemplan, creo que es suficiente para adquirir una competencia práctica y de conocimiento del entorno laboral razonable. La gran pregunta es: ¿cuántas plazas dual pueden ofertar todas y cada una de las empresas? Conociendo ese dato podremos saber el grado de respuesta al sistema DUAL. Aquí se me antoja imprescindible la complicidad de empresas y sectores productivos.
A nivel estatal, sólo un 12% de los estudiantes eligen la Formación Profesional, mientras que esta cifra en la Unión Europea asciende al 25%. ¿Cómo se puede hacer más atractiva la oferta de Formación Profesional para que los jóvenes la consideren una buena opción dada la alta tasa de inserción laboral?
Atendiendo a los datos que ofrece el documento del Plan de Modernización de la Formación Profesional del Gobierno de España:
- “Los estudios prospectivos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP) apuntan a una creciente demanda de cualificaciones de nivel intermedio y superior, al menos hasta el año 2025, y una disminución en la demanda de trabajadores con bajo nivel educativo. La demanda coincide con los mandos intermedios y los técnicos cualificados, es decir, con los técnicos y los técnicos superiores de nuestra Formación Profesional”.
- “Prevén que, en el horizonte del año 2025 en España, el 37% de los puestos de trabajo corresponderán a personas con un alto nivel de cualificación, el 49% a personas con un nivel medio de cualificación, y sólo el 14% a personas con un bajo nivel de cualificación”.
- “Nuestro país presenta aún una baja proporción de jóvenes entre 15 y 19 años matriculados en programas de Formación Profesional, en comparación con otros países de la OCDE (del 12% frente al 25%); a pesar de que aquellos que tienen una titulación de Formación Profesional tienen una tasa de ocupación del 74%, mientras que en los que sólo tienen una titulación general esta tasa se reduce al 63%.”
- “La comparativa de la estructura formativa de la población activa en España refleja uno de los problemas esenciales: nuestra realidad se ajusta a un modelo “diábolo”, con pocas cualificaciones intermedias, frente a las previsiones del modelo “barril” de cualificación requerido por el sistema productivo.”
- “Se aprecia también un serio desajuste entre los niveles de cualificación previstos para España en el año 2030, y los que tendría la UE que, dado que en esa fecha estaremos ante una globalización general del mercado de trabajo, y con independencia del efecto corrector que correspondiera a los sectores productivos y de prestación de servicios de cada país, evidencian un desequilibrio en el caso español, con un exceso de personas con un bajo nivel de cualificación y una necesidad de incrementar, al menos en 10 puntos porcentuales, el número de ciudadanos con un nivel medio de cualificación.”
Como puede observarse, las consideraciones del documento son suficientemente esclarecedoras como establecer la magnitud del reto al que nos enfrentamos. Por tanto, es necesario que todos los actores implicados en el sistema, al nivel de responsabilidad que corresponda, sean consecuentes y aparquen intereses partidistas o ideológicos y trabajen en pro de las personas y su desarrollo profesional.
La comunicación, información y la orientación en base a una prospección real de las necesidades del mercado de trabajo, debe suponer la base para el incremento de plazas de Formación Profesional y el nivel de cualificación de las personas, pero no basta con crear la expectativa, si no que se deben poner todos los recursos humanos y materiales para responder a la expectativa generada.
El sistema alemán se toma como referente en cuanto a la FP Dual. ¿Habría que seguir su modelo?
Efectivamente, es frecuente, en seminarios, jornadas, congresos, etc.…el referente Alemán de Formación Profesional, en especial la Dual. No obstante, conviene saber, sólo repasando un poco de historia, que en la cultura alemana está arraigada, desde hace siglos, la figura del aprendiz y fue en 1969 cuando establecieron un marco regulatorio para la Formación profesional, hoy – después de más 50 años sigue en vigor, con sólo una modificación para favorecer a las pymes su entrada en el sistema DUAL. Estado, empresarios y trabajadores, en una ejemplar complicidad, transmiten confianza a la sociedad, estabilidad y seguridad jurídica a las empresas.
Sin embargo, en nuestro país, en el mismo tiempo, siete leyes de educación, en función del político de turno.
Por tanto, si algo hay que copiar en primer lugar es consenso y estabilidad, que genera confianza y seguridad. Dicho esto, no creo que el tema se resuelva copiando y pegando, si no adaptando lo bueno del sistema, al modelo social, cultural y productivo de nuestro país.
Por último, como experto en la materia, ¿cómo cree que debería ser la Formación Profesional del futuro? ¿Cuáles son los principales retos?
A esta pregunta, tengo la impresión de que de alguna manera he ido contestando en las anteriores, aunque quizá no de manera explicita.
Intento contestar a los dos interrogantes que me plantea de manera muy sucinta y concreta.
- Es necesario un marco legislativo estable en el tiempo, que ofrezca seguridad y la suficiente flexibilidad para responder a los ritmos de la demanda del mercado de trabajo
- Dada la materia y para ejercer la corresponsabilidad entre administración y la empresa, es imprescindible una gobernanza ejecutiva del sistema.
- Una prospección de las necesidades de cualificación (demanda del sector productivo) en tiempo real que sirva de referencia para la actualización y planificación de la oferta formativa, así como soporte a la orientación de las personas. La oferta debe dar respuesta prioritariamente a la demanda de las empresas.
- Un sistema de acreditación de competencias profesionales con los recursos necesarios para que sea regular, estable y que complete la cualificación.
- Proximidad a la empresa, impulsando la FP DUAL.
- Racionalizar las infraestructuras, que permita flexibilizar y adaptar la oferta en tiempo y forma.
- La formación y actualización permanente del
- Observatorio de buenas prácticas en otros países y adaptación de estas en nuestro sistema.
- Impulsar la colaboración público-privada.
- La evaluación del sistema, en base a indicadores, que permita la mejora continua.
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