- En total, se han concedido 11 licencias de obra que incorporan la reserva del 30% de HPO desde su aprobación a finales de 2018.
- El informe considera esta cifra totalmente insuficiente, demostrando que la medida del 30% no está funcionando.
- El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, denuncia el «fracaso estrepitoso de las medidas implantadas por el Ayuntamiento de la Sra. Colau», especialmente las que hacen referencia a la vivienda protegida.
- Desde la APCE, su presidente, Xavier Vilajoana, ha lamentado que «desde las administraciones y los partidos políticos se piense más en las próximas elecciones que en las próximas generaciones».
- Los cambios normativos sobre el sector agravan la actual inseguridad jurídica y provocan que se paralice la construcción de vivienda en Cataluña.
- También se pide más dotación presupuestaria en las políticas públicas para ampliar el parque de vivienda y cubrir las necesidades actuales y futuras.
Foment del Treball y la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE) han presentado esta mañana el informe conjunto «La vivienda y su importancia económica y social«, en una rueda de prensa celebrada en la sede de Fomento, en la que han participado su presidente, Josep Sánchez Llibre, y Xavier Vilajoana, presidente de la APCE.
El documento hace un análisis de la situación actual de la vivienda en Cataluña (producción de viviendas, libres y de protección oficial, fiscalidad, regulación, etc.), con especial atención a la ciudad de Barcelona, y propone soluciones para ampliar el parque de vivienda, actualizando el informe publicado por Fomento en el año 2019.
Evaluación de la reserva del 30% de HPO en Barcelona
Entre los datos que publica el informe destacan los referentes a la aplicación de la medida del 30% de reserva de vivienda de protección oficial a las nuevas promociones y rehabilitaciones desde 600m2 de techo edificado, contemplada en la Modificación del Plan General Metropolitano de Barcelona.
Según datos del Servicio de Concesión de Licencias del Ayuntamiento de Barcelona, se han concedido 11 licencias de obra que incorporen el 30% de reserva HPO entre diciembre de 2018 y julio de 2022, las cuales suponen la construcción de 52 viviendas protegidas:
Unos datos que, según el informe, constatan que la medida no funciona y está paralizando la construcción de nuevas viviendas en la ciudad, así como también grandes rehabilitaciones.
El estudio también señala que la medida del 30% se está adoptando también en otros municipios (Vallès, Terrassa, Ripollet, etc.), donde las consecuencias de una paralización de la actividad promotora-constructora pueden tener unos efectos aún peores sobre el parque de viviendas y sobre la generación de riqueza y empleo en estas localidades.
Políticas de vivienda y presupuestos
Un aspecto fundamental a tener en cuenta cuando se habla de vivienda es la dotación presupuestaria que se destina a esta materia a las políticas públicas. Éstas, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico y local, siguen siendo insuficientes para ampliar el parque de viviendas, especialmente asequibles y sociales.
El 2020 fue un punto de inflexión mínimo de inversión pública en vivienda, una situación que se intentó revertir en 2021, con una partida de gasto público consolidada de 2,3 miles de millones de euros, cifra que suponía un incremento de un 13% respecto al periodo anterior. El gasto público previsto para este 2022 es de 3,3 miles de millones de euros, con un incremento anual del 12,3% respecto al año anterior. No obstante, si ésta acaba siendo la partida asignada, sólo representaría el 0,7% del total de las partidas presupuestarias, una cantidad insuficiente para cubrir las necesidades sociales en materia de vivienda, y más después de seis años consecutivos siendo la partida más baja de todas las contempladas en los presupuestos.
A nivel europeo, España continúa destinando a políticas de vivienda un porcentaje del PIB (0,4%) por debajo del de Francia, Alemania, Italia, los países nórdicos, o incluso países del Este (Croacia, Hungría…,) entre otros.
El informe indica que estas cifras evidencian la necesidad de una firme apuesta por la vivienda protegida por parte de todas las administraciones. Según datos del Mitma, en Cataluña en el año 2021 se construyeron un total de 1.529 viviendas protegidas terminadas, de las cuales el 60,5% construyeron el sector privado, es decir, 925 viviendas sociales de promoción privada y 604 de promoción pública.
En 2022, los datos de calificaciones provisionales hasta el mes de junio en Cataluña muestran una disminución del número de viviendas protegidas, con 792 viviendas iniciadas respecto al total de viviendas comenzadas (8.005).
Peso del sector y coyuntura
En un contexto en el que la economía catalana tuvo un crecimiento sostenido del 5,8% al cierre de 2021, la construcción ha sido el tercer sector que ha contribuido a este impulso económico. Así según el informe, su peso en el PIB catalán se sitúa en un 4,6% y el sector consigue una reducción del paro en Cataluña del 5% en el año 2021.
A nivel fiscal, durante el primer semestre de este año la Generalidad de Cataluña ha recaudado 1.479 millones de euros por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, un 11,4% más respecto al mismo periodo de 2021.
Por otro lado, la producción de viviendas va claramente en aumento, pero aún queda un largo recorrido hasta llegar a las cantidades previstas para satisfacer las necesidades de hogares en el país, de unas 25.000 viviendas nuevas anuales en los próximos 15 años. El informe recoge datos de producción de enero a agosto de 2022, periodo en el que las viviendas iniciadas suman un total de 10.270, cifra que supone un crecimiento positivo de un 1,5% respecto al mismo periodo de 2021. En relación con las viviendas terminadas, en Cataluña aumentan un 17,3% en este periodo. Estas cifras ponen de manifiesto la importancia de incentivar la generación de nuevas viviendas y de tener en cuenta que el problema en la falta de oferta de viviendas de alquiler y la consiguiente presión en los precios afecta necesariamente a Barcelona y a su área de influencia.
En cuanto a la demanda, el mercado inmobiliario ha exhibido una tendencia muy positiva. El número de transacciones de pisos realizadas en Cataluña en el año 2021 se situó en 87.903 viviendas, un 35% más que el mismo periodo del año anterior.
Respecto al mercado de alquiler, el informe señala que Cataluña registró un total de 167.842 contratos de alquiler en 2021, un 23,9% más respecto a 2020, incremento causado durante la pandemia, que afloró más vivienda en el mercado. La renta media de las viviendas se situó en 724,09 €/mes en el año 2021. Estas cifras ponen de manifiesto la importancia de incentivar la generación de nuevas viviendas y de tener en cuenta que el problema en la falta de oferta de viviendas de alquiler y la consiguiente presión en los precios afecta necesariamente a Barcelona y a su área de influencia.
Carga normativa
El informe también hace un repaso a los cambios normativos sufridos por el sector promotor y constructor en Cataluña en los últimos años, y concluye que las políticas intervencionistas de las administraciones, especialmente en el mercado de alquiler, han generado un efecto contraproducente sobre la oferta de vivienda en Cataluña, y se están intentando extender al conjunto del Estado. Este hecho provoca que la inseguridad jurídica en el ámbito de la vivienda continúe agravándose y se paralice la construcción de vivienda en Cataluña. Al mismo tiempo apunta a poca agilidad de las administraciones en la generación de nuevo suelo edificable, la concesión de licencias de obra y otros permisos, como otro problema que afecta a la construcción de viviendas en Cataluña, ralentizando de manera significativa la construcción de nuevas promociones -ya sean libres, asequibles o sociales-, con periodos que van de los 12 a los 18 o 24 meses de retraso, dependiendo del municipio.
Fondo Next Generation y colaboración público-privada
Los fondos Next Generation suponen una oportunidad para renovar la parte del parque de viviendas que ha quedado antigua y que hay que adecuar a la normativa vigente en materia de eficiencia energética. El informe destaca positivamente el programa 6 dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dirigido a impulsar la promoción de nuevas viviendas de alquiler asequible en suelos públicos, así como también la convocatoria abierta por la Generalitat de Cataluña para la promoción de obra nueva de vivienda asequible en alquiler en suelos privados. Esta es una vía que es necesario que las administraciones continúen una vez finalicen en 2026 para poder solucionar el problema de falta de vivienda asequible y social.
El estudio también analiza la colaboración público-privada en materia de vivienda en Cataluña, exponiendo ejemplos de sociedades de capital mixto, o bien del uso del derecho de superficie. El informe elaborado por la APCE y Fomento del Trabajo concluye que la colaboración público-privada es una herramienta realmente efectiva para impulsar la ampliación del parque de viviendas en Cataluña, y que hay que construirla sobre unas bases sólidas y perdurables en el tiempo -tanto jurídicas como presupuestarias-, que permitan la implementación de las diferentes fórmulas de colaboración público-privada existentes en materia de vivienda.
Desde Foment del Treball, su presidente, Josep Sánchez Llibre, ha denunciado el «fracaso estrepitoso» de las medidas implantadas por el Ayuntamiento de la Sra. Colau, especialmente las que hacen referencia a la vivienda protegida, y ha apostado por «menos regulaciones, más proporcionadas y razonadas».
Por su parte, el presidente de la Asociación de Promotores de Cataluña, Xavier Vilajoana, ha lamentado que desde las administraciones y los partidos políticos «se piense más en las próximas elecciones que en las próximas generaciones en materia de vivienda», y a la disposición del sector promotor constructor de establecer puentes de diálogo y colaboración con las administraciones públicas para impulsar el parque de vivienda en Cataluña.
Comments are closed.