- Reclaman al Gobierno español una revisión urgente de esta medida y el establecimiento de un diálogo real con los representantes de las pymes.
- Reducir la jornada sin una disminución proporcional de los costes laborales supone un golpe adicional para la productividad de las empresas.
La reciente aprobación por parte del Consejo de Ministros de la reducción de la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales sin reducción salarial ha generado una gran preocupación entre las pequeñas y medianas empresas (pymes) de Cataluña. Esta medida, impuesta sin un diálogo profundo con los sectores productivos, pone en riesgo la viabilidad de miles de negocios, especialmente en un momento de débil crecimiento económico e incertidumbre en muchos sectores.
Las organizaciones empresariales territoriales de Cataluña queremos alertar de que esta reforma afectará de manera desproporcionada a las pymes catalanas, que representan más del 99% del tejido empresarial y son el motor de la economía del país. A diferencia de las grandes corporaciones, las pequeñas y medianas empresas tienen menos capacidad para absorber los costes adicionales derivados de esta reducción de jornada, lo que puede traducirse en una menor contratación, más dificultades para mantener la competitividad y, en algunos casos, la inviabilidad económica del negocio.
La medida llega en un contexto en el que las pymes aún arrastran los efectos de la inflación, el incremento de los costes energéticos y una elevada carga fiscal. Reducir la jornada sin una disminución proporcional de los costes laborales supone un golpe adicional para la productividad de las empresas, que deberán afrontar un aumento de costes sin un incremento proporcional de la actividad. Esta situación puede obligar a muchas empresas a reducir las horas productivas sin poder compensarlo con más contrataciones, lo que provocará una pérdida de competitividad en sectores clave como el comercio, la industria y la hostelería.
Además, la rigidez de esta normativa supone un freno para la flexibilidad que muchas empresas necesitan para adaptarse a la demanda del mercado. La aplicación generalizada de una jornada reducida no tiene en cuenta las necesidades específicas de sectores que funcionan con estacionalidad, turnos rotativos o servicios de atención al público, y que ya enfrentan dificultades para encontrar mano de obra cualificada. Esta falta de flexibilidad perjudicará especialmente a las pymes catalanas, que tienen menos margen para adaptarse a estos cambios de manera rápida y efectiva.
La experiencia en otros países demuestra que la reducción de la jornada laboral puede tener efectos positivos si se aplica con una estrategia bien diseñada, con incentivos a la productividad y con mecanismos para facilitar la transición. Sin embargo, el modelo aprobado por el Gobierno español no ha previsto medidas compensatorias reales para las pequeñas empresas, lo que puede provocar un efecto contrario al deseado: una reducción de la actividad y, en última instancia, una posible destrucción de empleo.
Desde nuestras organizaciones empresariales reclamamos al Gobierno español una revisión urgente de esta medida y el establecimiento de un diálogo real con los representantes de las pymes para encontrar soluciones viables. Proponemos que se establezcan mecanismos de apoyo para las empresas más afectadas, como bonificaciones fiscales, ayudas a la contratación o una aplicación progresiva para aquellos sectores con más dificultades para asumir esta reducción.
Las pymes son el verdadero motor de la economía catalana y española, y no se puede legislar sin tener en cuenta su realidad. Es imprescindible una política laboral que fomente la creación de empleo sin poner en riesgo la viabilidad empresarial. La reducción de la jornada, aplicada sin una planificación adecuada, puede tener consecuencias negativas en términos de empleo, productividad y crecimiento económico.
Hacemos un llamamiento al Gobierno para que reconsidere esta reforma y escuche las demandas del tejido empresarial catalán. Las empresas no pueden asumir más cargas sin un apoyo adecuado. Si realmente se quiere avanzar hacia un modelo laboral sostenible, es necesario hacerlo con consenso y medidas que garanticen la competitividad de nuestro tejido productivo.
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