Las principales organizaciones del sector inmobiliario y Foment alertan sobre el grave impacto que tendría aplicar controles de precio a los alquileres temporales en Cataluña

La medida supondría una grave distorsión del marco jurídico actual y afectaría negativamente a un segmento del mercado que es esencial para la movilidad, laboral, académica y social en Cataluña

Foment del Treball, la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE), la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC), el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida (CAFBL), el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona (COAPI) y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona expresan su preocupación ante el anuncio de extender el control de rentas a los contratos de alquiler de corta y media estancia. Esta medida, de llevarse a cabo, supondría una grave distorsión del marco jurídico actual y afectaría negativamente a un segmento del mercado que es esencial para la movilidad, laboral, académica y social en Cataluña.

Los arrendamientos temporales -generalmente regulados bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) como contratos de uso diferente de vivienda- responden a causas objetivas y finalidades muy concretas: alojar temporalmente a profesionales desplazados, estudiantes, investigadores, personas en transición residencial o en movilidad internacional. Este tipo de alquileres, que habitualmente no superan los 12 meses de duración, no constituyen una alternativa a la vivienda habitual, sino un complemento imprescindible para una sociedad dinámica y abierta.

Extender el control de precios a este tipo de contratos supondría una extralimitación jurídica y una decisión contraproducente desde el punto de vista económico y social. En el artículo 17 de la LAU se establece claramente que las limitaciones al precio de alquiler sólo pueden aplicarse a los contratos de vivienda habitual. Aplicarles el mismo tratamiento legal no sólo generaría inseguridad jurídica, sino que comprometería la existencia misma de este tipo de oferta en Cataluña.

Las entidades firmantes de este comunicado cargan duramente contra los acuerdos tomados entre el Gobierno de la Generalitat y grupos parlamentarios en los últimos meses (DL 2/2025 que se tramitará como proyecto de ley, el DL 5/2025 que incrementa el ITP y el AJD), ya que sólo responden a la aritmética política y no a solucionar el problema de la vivienda, que es la falta de oferta de vivienda de toda tipología, tanto de venta como en alquiler.

Los representantes del sector denuncian la sobrerregulación y la falta de seguridad jurídica que sufren los operadores en Cataluña y reclaman que se deje de legislar «de espaldas al sector» y adopten políticas de vivienda realmente efectivas, que incentiven el incremento de la oferta de vivienda en lugar de penalizar al sector que tiene la capacidad productiva para proveer las viviendas que Cataluña necesita.

Entidades firmantes