- La Comisión Jurídica de Foment entendió, al estudiar la Proposición de Ley de Bases para la Regulación de los Servicios de Agua y Saneamiento presentada en diciembre de 2018 por Unidos Podemos, que aquella encubría la voluntad ideológica de dar a entender que, con las fórmulas de CPP, la administración pública renunciaba a la titularidad de un servicio y a garantizar su prestación “lo que no es cierto”
- Que el modo de gestión se decida en consultas populares o referéndums, representaría recurrir a conceptos falsos como remunicipalización y privatización, y sobre bases ideológicas y emocionales “lo que resulta escasamente idóneo para resolver cuestiones muy técnicas y complejas como las relativas a las formas de gestión de un servicio público”.
- La existencia de importantes empresas privadas prestadoras de servicios públicos, enriquece el tejido empresarial y ayuda a una mejor prestación de los servicios públicos.
La Comisión Jurídica de Foment del Treball ha emitido una nota relativa a los modos de gestión de los servicios públicos para defender las fórmulas de Colaboración Público-Privada (CPP) porque, por un lado, aseguran la eficiencia, la innovación y la capacidad de financiación, y al mismo tiempo, mantienen la titularidad del servicio de la administración ya que las empresas actuarán bajo su dirección y control. “La administración –señala la nota- al optar por la gestión indirecta acude a un mercado competitivo en el que puede comprar eficiencia e innovación y obtener financiación”. La reflexión de la Comisión Jurídica de Foment se deriva de la Proposición de Ley de Bases para la Regulación de los Servicios de Agua y Saneamiento que presentó Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados en diciembre de 2018. La gestión del servicio público municipal para el saneamiento, distribución y comercialización del agua es uno de los temas de la agenda de las elecciones municipales de Barcelona.
La Comisión Jurídica niega que la gestión privada de los servicios públicos entienda estos servicios como un simple negocio, gestionado desde la lógica del lucro y el interés privado y entiende que promover la participación pública, a través de referéndums y consultas populares, para decidir el modo de gestión, representa plantearse un debate sustentado sobre la dicotomía público-privado. “Estas consultas se prestan a pasiones antes que a razones y, al mismo tiempo, se impone la simplificación (gestión pública o privada) lo que resulta escasamente idóneo para resolver cuestiones muy técnicas y complejas como son las relativas a las formas de gestión de un servicio público”
El concepto de remunicipalización se utiliza de forma imprecisa. Recuperar la gestión directa de un servicio supone reinternalizar la forma de gestión, pero no remunicipalizar, ya que es servicio que se presta era y sigue siendo público. Cambia la forma de gestión, pero no la naturaleza del servicio. Quien presta el servicio dentro de una fórmula CPP “actúa como colaborador de la administración titular del servicio público”.
Razones para la gestión indirecta de los servicios públicos
Entre las razones a favor de la CPP destacan una utilización más flexible del personal (incentivos, responsabilidades), menos restricciones procedimentales y más preocupación por los resultados, posibilidad de adaptación a los cambios y formas de producción, ventajas de escala ( distribución de costes fijos entre diferentes unidades geográficas), mayor facilidad para acceder a financiación y, por último, la reconducción de la administración pública como garante del servicio, más que como prestador del mismo.
La Comisión concluye su nota recomendando el uso de fórmulas CPP, reforzando la concurrencia por el mercado y exigiendo un mejor control sobre las empresas concesionarias y anota que la opción `por los modos de gestión debe sustraerse de todo debate ideologizado y apriorístico. La existencia de importantes empresas privadas prestadoras de servicios públicos, enriquece el tejido empresarial y ayuda a una mejor prestación de los servicios públicos.
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