Destacamos la siguiente información:
La licitación oficial de obras en Cataluña alcanza la cifra de 695,6 millones de euros, aunque muy por debajo de los niveles de lo que requiere Cataluña para satisfacer sus necesidades en infraestructuras, 1.375 millones de euros trimestrales, 5.500 millones de euros anuales.
A pesar del incremento extraordinario en este primer trimestre, principalmente debido a dos grandes licitaciones de BIMSA y de Infraestructures.cat, se mantiene la incertidumbre sobre la evolución de la licitación en los próximos trimestres.
Recordemos el importante efecto ‘locomotora’ del sector de la construcción, ya demostrado en la salida de crisis precedentes.
Pedimos agilizar la gestión de los fondos europeos provenientes del Next Generation UE para que lleguen a las empresas dentro de este mismo ejercicio.
La licitación1 oficial de obras en Cataluña ha vivido un crecimiento excepcional del 139% en el primer trimestre de 2021, llegando hasta los 695 millones de euros, respecto del mismo período del año 2020, como consecuencia del esfuerzo de las administraciones públicas de reactivar la economía y, probablemente, por la licitación retenida del año anterior que se aplazaron como consecuencia de la pandemia y de las medidas sanitarias adoptadas para evitar su contagio. No obstante lo anterior, si la comparamos con el mismo periodo del año 2019, último año antes de la parada producida por la pandemia del Covidien-19, el crecimiento ha sido del 55%. A pesar de este incremento, la licitación de este primer trimestre supone un 50% de la que Cataluña necesita.
La Cambra de Contractistes recuerda que la inversión pública debe ser estable y previsible para suavizar los ciclos económicos, dar certeza a los agentes económicos y evitar fuertes ajustes del sector en tiempos de crisis, y que la licitación mínima regular y recurrente de todas las administraciones que requiere Cataluña para satisfacer sus necesidades en infraestructuras económicas y sociales y mantener un crecimiento similar en el resto de países europeos, debería ser, aproximadamente, del 2,2% del PIB (unos 5.500 millones anuales).
Por Administraciones, la Administración Local es el nivel administrativo más activo, con 58% de toda la licitación, alcanzando los 402,6 millones de euros. Cabe destacar, pero que esta cifra incluye la licitación por BIMSA del acuerdo marco para la contratación de obras de infraestructuras en espacio público de Barcelona, de valor estimado hasta 160.800.000 euros, que debería ir concretando en el plazo de 15 meses en multitud de contratos basados en el referido acuerdo marco.
En cuanto a la Generalidad de Cataluña, la licitación se ha incrementado un 111% respecto del mismo período del año 2020, con un importe total de 215,6 millones de euros, el 31% del total. También en este caso hay que mencionar que de este importe, 46 millones corresponden a la licitación del sistema dinámico de contratación de obras de desarrollo de la red pública de fibra óptica realizado por Infraestructuras de la Generalitat de Cataluña SAU, que se concretarán en contratos específicos en los próximos cuatro años.
El importe licitado por la Administración General del Estado (AGE) ha sido de 77 millones de euros, con un incremento del 220% respecto del mismo período del año 2020, suponiendo un 9% del total; respecto del mismo período del año 2019, último año antes de la parada producida por la Covidien-19, la licitación ha disminuido en un 36%.
La Cambra de Contractistes celebra el esfuerzo realizado por el conjunto de las administraciones públicas para corregir los efectos de la ralentización y parada de la licitación pública vivida durante el año pasado en Cataluña, que conllevó una reducción del 23%, y las exhorta a mantener, y si es posible incrementar, este ritmo inversor para favorecer la rápida recuperación de la actividad económica del país aprovechando el efecto ‘locomotora’ del sector de la construcción y para garantizar la continuidad y estabilidad de las empresas.
Este esfuerzo es especialmente relevante en un contexto como el actual marcado por la incertidumbre. Por un lado la incertidumbre económica y social derivada de la evolución de la pandemia a nivel mundial, europeo y nacional y de las medidas sanitarias adoptadas para hacerle frente que se traducen en constantes revisiones tanto de las previsiones económicas, como de las políticas públicas, lo que incide directamente en la inversión privada y en las políticas públicas de inversión, respectivamente y por tanto en la actividad constructora.
Por otra parte la incertidumbre política derivada de las dificultades para alcanzar acuerdos entre los diferentes grupos parlamentarios y entre los partidos en el gobierno pueden afectar a la creación e implementación de las necesarias políticas públicas.
Asimismo la Cambra de Contractistes considera esencial lograr el máximo consenso y coordinación tanto entre el conjunto de las administraciones públicas como entre éstas y el sector privado para conseguir la máxima eficiencia en la gestión de los fondos europeos del instrumento Next Generation UE a fin efecto de que su efecto revitalizador de la economía se produzca lo antes posible, dentro de este mismo año, y de la forma más amplia posible para permitir la reactivación y transformación de nuestro sistema económico; la actual situación de crisis no admite demoras en la gestión de estos fondos.
1 Una licitación pública es el procedimiento mediante el cual un comprador público da a conocer una necesidad, de adquirir un bien, un servicio o una obra, y solicita a aquellas empresas que puedan cubrir, y que reúnan los requisitos exigidos por los pliegos, presenten sus ofertas; las ofertas presentadas serán seleccionadas y evaluadas y se adjudicará el contrato a aquella que cumpla la mejor relación calidad precio.
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