Informe del Mercado Laboral y Negociación Colectiva- Febrero 2020
El monográfico del informe se centra en el análisis de las principales modificaciones introducidas por el Real Decreto- ley 32/2021 , por el que se aprueba la Reforma Laboral.
España es uno de los Estados con una normativa laboral de las más rígidas de los países desarrollados. La Reforma Laboral del año 2012 introdujo una serie de mecanismos que flexibilizaban las Relaciones Laborales que consiguió la reducción significativa del paro y la creación de millones de nuevos lugares de trabajo, cuando nos encontrábamos en una situación crítica derivada de la crisis económica y problemas estructurales de nuestra normativa laboral. Ahora, se ha planteado una Reforma que comporta retroceder respecto a determinados mecanismos que han acontecido positivos por la ocupación. Por otro lado, se incorporan modificaciones en figuras como el contrato fijo-discontinuo o la subcontratación que, en los términos previstos en la nueva normativa, pueden comportar incrementos de costes por las empresas y sectores que los utilizan.
En relación a los ERTOS, se trata de una figura clave y positiva para superar situaciones empresariales delicadas y evitar la destrucción de puestos de trabajo, aunque es contraproducente la introducción de una serie de restricciones al poder de dirección empresarial y de intervencionismo de la Administración Pública que se incorporan al RDL 32/2021.
En materia de negociación colectiva, por un lado, la supresión de la prioridad aplicativa del convenio de empresa respecto al ámbito salarial, comportará que la aplicación de este mecanismo sea inoperativo o ineficaz por numerosas empresas. Por otro lado, el retorno a la ultraactividad indefinida es especialmente perjudicial por las empresas, dado que una parte negociadora podrá mantener indefinidamente condiciones laborales y salariales obsoletas, inasumibles o inadaptadas a cada coyuntura empresarial, paralizando parte de la negociación colectiva e impidiendo la actualización de sus contenidos.
No puede obviarse que el planteamiento inicial del Gobierno y de los sindicatos proponía todavía más elementos retrógrados y perjudiciales desde la perspectiva empresarial, pero analizando el resultado final de la Reforma del Gobierno, se tiene que concluir que se trata de una reforma desequilibrada, que suprime una serie de mecanismos de flexibilidad positivos por las empresas, incrementa los costes empresariales, potencia el intervencionismo sindical y donde se ha perdido una oportunidad para flexibilizar y modernizar nuestras relaciones laborales.
Es momento de clarificar los aspectos que puedan generar controversia y que las Administraciones y los Tribunales los interpreten en un sentido que no perjudique las empresas.
