- Existen suficientes disposiciones legales que podrían fundamentar una decisión por parte del Gobierno (Ministerio de Sanidad), para obligar a vacunarse a toda la ciudadanía.
- Se ha encontrado la vía más eficaz para superar la pandemia. 6,24 billones de dosis en todo el mundo evidencian la seguridad y efectividad de las vacunas.
El progresivo retorno a la presencialidad de los trabajadores en los centros de trabajo y la clara evidencia sobre la seguridad y efectividad de las vacunas -6,4 billones de dosis en todo el mundo- señalan el camino sobre la oportunidad de normalizar la obligatoriedad de las vacunas a todos los ciudadanos que quieran recuperar los hábitos de la vida cotidiana anterior a la crisis sanitaria por la Covid. Esto incluye también explorar la obligatoriedad de la vacunación en los centros de trabajo. Se trata de hacer prevalecer el interés general y la seguridad sanitaria. Además existen suficientes disposiciones legales que fundamentarían una decisión del Ministerio de Sanidad, en este sentido. Es cuestión de voluntad política establecer la obligatoriedad de la vacuna.
Expertos jurídicos, advierten que a pesar de que “por ahora, no existe la norma en nuestro ordenamiento jurídico que lo permita explícitamente, no habría ninguna dificultad porque excepcionalmente, el interés general relativo a la salud pública prevaleciera sobre el particular”. Se hace así referencia en el artículo 43.2 de la Constitución española que regula que “corresponde a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios (…)” o la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, que regula las excepciones respecto a la voluntariedad de los trabajadores.
Aceptando que se trata de una cuestión que se tiene que formular incorporando la atención a los derechos particulares, los gobiernos tienen derecho a imponerla para salvaguardar la salud del conjunto de la sociedad. Los datos de los resultados de la campaña de vacunación masiva -la mortalidad en las residencias de ancianos españolas ha descendido un 97% desde la introducción de las vacunas- avalan decisiones de políticas públicas que puedan contener las devastadoras consecuencias de la pandemia desde el punto de vista social y económico.
Obligación moral
La vacunación es una obligación moral hacia los otros que tendría que conseguirse con el convencimiento, la información y la evidencia, pero si esto es insuficiente, el gobierno tendría la obligación de imponerla para salvaguardar el interés general.
Todas las empresas a lo largo de esta pandemia se han visto obligadas por las autoridades sanitarias a imponer, con carácter obligatorio, a sus trabajadores y clientes toda una serie de medidas de prevención de la COVID-19 como son la utilización de mascarillas, geles hidroalcohólicos, tomada de temperatura, realización de pruebas diagnósticas, etc.; con el fin de proteger la salud de sus trabajadores y clientes, y evitar contagios en los espacios de trabajo. Se apela incluso a la obligación del empresario a garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras. Desde este punto de vista y por coherencia de los mismos principios de protección y seguridad “si disponemos gracias a la ciencia de una medida preventiva de primer orden, como es la vacuna, y mucho más eficaz que otros, los empresarios tendrían que tener la oportunidad de poder exigir la vacunación de sus trabajadores en el caso que puedan constituir un peligro para el propio trabajador, el resto de personal y, en general, para el conjunto de personas relacionadas con la empresa”.
En este sentido, se recuerda que empresas como restaurantes, cines, organizadores de acontecimientos multitudinarios, líneas aéreas u hoteles también pueden contribuir a la inmunización general exigiendo pruebas de inoculación a quienes quieran utilizar sus servicios, intentando a la vez generar confianza y seguridad a sus clientes.
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