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Hay que destacar, que en el año 2015, según la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en Cataluña únicamente se ejecutó el 70,8% de la inversión prevista (crédito inicial) frente al 89% del conjunto estatal. Las CCAA que tuvieron un alto grado de cumplimiento de las inversiones liquidadas fueron Andalucía (101%), Aragón (108%) y Madrid (127,7%).
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Los últimos datos disponibles para el ejercicio 2016 hacen referencia al primer semestre, y los datos fueron peores ya que la liquidación al primer semestre fueron para las inversiones regionalizables del 19%, y Cataluña se situó en el 18,7%, siendo ligeramente más elevado su grado de cumplimiento Aragón (36,6%), Canarias (32,9%), Comunidad Foral de Navarra (34,4%) y Comunidad de Madrid (28,3%).
Foment del Treball valora que el proyecto de ley del PGE-2017 haya superado el periodo de enmiendas a la totalidad en el Congresos de los Diputados y se encamine hacia su aprobación. Foment siempre ha defendido la necesidad de que los gobiernos cuenten con presupuestos anuales aprobados.
A partir de aquí, la patronal catalana considera oportuno realizar un análisis, a tenor de lo que presenta el proyecto de ley del PGE-2017, de la inversión del Estado en Cataluña a través de los últimos presupuestos, proyecciones y liquidaciones.
Inversiones regionalizables en Cataluña, según el Proyecto de Ley de Presupuestos, de 1.150 millones de euros
Las inversiones regionalizables en Cataluña, según el Proyecto de Ley de Presupuestos se han fijado en aproximadamente 1.150 millones de euros, que supone un incremento con respecto a la participación de Cataluña sobre el total de inversión regionalizable y alcanza el 13,4%, frente al 10,7% del 2016, y del 9,5% del 2015 y del 9,6% del 2014. Ese incremento de su peso relativo no se traslada en un aumento de su volumen absoluto ya que éste decrece en Cataluña el 2,5%, frente a una disminución de la inversión pública regionalizable del 22,2%.
En los anexos de inversiones reales, se expone de forma detallada los diferentes proyectos y su regionalización que se aprecian en los siguientes cuadros. En el primero está contemplado el Estado, los organismos autonómicos y resto de entidades con presupuesto limitativo (Tomo I), las entidades del sector público administrativo y fondos sin personalidad jurídica (Tomo II), y finalmente el que hace referencia a las inversiones del sector público empresarial y fundacional (Tomo III), que sumadas dan el cuadro del total del sector público Estatal. Así en dichos anexos, se expone las posibles dotaciones de inversiones para Catalunya para los ejercicios 2018, 2019 y 2020, que para el conjunto del sector público estatal representan, en términos nominales, situan la cifra rn 4.867.137 (que tendrán que conseguirse y aprobarse en cada proyecto de presupuestos de cada año). De ahí, se infiere que de cumplirse, los presupuestos para 2018, Cataluña recibirá un 14,1%, un 10,8% en el 2019 y un 10,8% en el 2020 del total de gasto en inversiones del sector público estatal regionalizable.
La cifra para el conjunto del período 2017-2020, se aproxima a la cifra expuesta por el Presidente del Gobierno Español en su intervención en Barcelona el pasado 28 de marzo que dijo: “Mi compromiso personal es que este Plan sea realista, viable y verificable en todas sus etapas” y posteriormente añadió: “Sólo quería destacar las líneas fundamentales de nuestro compromiso con Cataluña, un esfuerzo que ascenderá a 4.200 millones de euros en inversiones, en infraestructuras, transporte y vivienda entre este año y el 2020. Es decir, más de mil millones de euros al año en infraestructuras en Cataluña”.
De ahí que sea adecuado hacer un seguimiento de acuerdo con el compromiso que realizó el Presidente del Gobierno.
Hay que destacar, que en el año 2015, según la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en Cataluña únicamente se ejecutó el 70,8% de la inversión prevista (crédito inicial) frente al 89% del conjunto estatal.
Las CCAA que tuvieron un alto grado de cumplimiento de las inversiones liquidadas fueron Andalucía (101%), Aragón (108%) y Madrid (127,7%). Así, si atendemos a las inversiones liquidadas, que son las relevantes, en Cataluña se realizaron únicamente el 8,5% de las inversiones liquidadas regionalizables por el sector público estatal según IGAE para dicho año.
Los últimos datos disponibles para el ejercicio 2016 hacen referencia al primer semestre, y los datos fueron peores ya que la liquidación al primer semestre fueron para las inversiones regionalizables del 19%, y Cataluña se situó en el 18,7%, siendo ligeramente más elevado su grado de cumplimiento Aragón (36,6%), Canarias (32,9%), Comunidad Foral de Navarra (34,4%) y Comunidad de Madrid (28,3%).
Por todo ello, y dado que ha sido de forma reiterada que el grado de cumplimiento de las inversiones liquidadas en Catalunya ha sido más bajo que la media, es preciso revertir esta tendencia que se ha producido. Dado que lo relevante son las inversiones liquidadas.
La inversión pública desciende un 3,3%, con un aumento del 28,6% en el sector público administrativo con presupuesto limitativo, y una reducción del 23,7% en el sector público con presupuesto estimativo
El Gobernador del Banco de España, en sede parlamentaria el día 25 de abril, ha mostrado sus dudas sobre el optimismo en las cifras de ingresos derivados de la vía impositiva (7,9%), por lo que este puede ser uno de los puntos débiles de las previsiones de los PGE2017
Perspectivas económicas
Se constata la consolidación del crecimiento económico, con una composición equilibrada del sector exterior, y potente de la demanda interna. Así, en relación al crecimiento del PIB, el Presidente del Gobierno –el 20 de abril en la clausura de la Asamblea General de la CEOE– ya elevó su previsión de crecimiento al 2,7% para 2017. Y éste es el valor que el Gobierno incorpora a su previsión de crecimiento en el escenario macroeconómico del Plan de Estabilidad remitido a la Comisión Europea (aprobado en Consejo de Ministros el 28 de abril). En esta línea debe destacarse también el dato de avance de crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2017, que fue de 0,8% en tasa intertrimestral, una décima superior a los dos trimestres anteriores, lo cual reafirma ese mayor vigor de la economía sobre la inicialmente prevista.
Déficit Público
Se asignan a las diferentes administraciones la distribución de los compromisos de déficit públicos para el año 2017, que supone alcanzar el -1,4% para la Seguridad Social, el -0,6% para las CCAA y el -1,1% para la Administración Central, por lo que la disminución del déficit recae en este año 2017 básicamente en la Administración Central.
Ingresos del Estado
Pese a la reducción del ritmo de crecimiento económico para 2017 (suave desaceleración), las variables nominales aumentarán en mayor medida que en 2016, debido a la recuperación de precios y salarios. Por ello, se prevé que el crecimiento de las bases imponibles supere al del año anterior más de un punto porcentual. Este superior crecimiento de las bases imponibles es la causa fundamental que explica un aumento de la recaudación por ingresos tributarios del 7,9% respecto a 2016. Al incremento de las bases se unen algunas de las medidas aprobadas a finales de 2016 que permitirán una subida adicional de los ingresos, en particular en el IVA y en el Impuesto sobre Sociedades, entre los que cabe destacar los contenidos en el RDL2/2016 y RDL3/2016, que ha supuesto una mayor contribución de esta figura tributaria, permitiendo corregir la desviación que se estimaba del déficit público para 2016. Eso sí, con cargo a mayor detracción a los empresarios que tensionaron su tesorería e incluso sus planes de inversión.
En este sentido, el Gobernador del Banco de España, en sede parlamentaria el día 25 de abril, ha mostrado sus dudas sobre el optimismo en las cifras de ingresos derivados de la vía impositiva (7,9%), por lo que este puede ser uno de los puntos débiles de las previsiones de los PGE2017.
La reducción más significativa de los beneficios fiscales se da en el impuesto sobre sociedades que caen un 44,6%, al que hay que añadir que para el 2017 se espera un incremento de su recaudación del 12,7% toda vez que en el 2016 hubo variaciones discrecionales del mismo que elevaron su recaudación.
Un análisis retrospectivo del gasto permite apreciar que su peso en el PIB ha descendido casi 7 puntos respecto al 2012. Así, si se comparan la distribución del gasto por funciones entre el 2007 (antes de la crisis) y el 2017, se constata la fuerte caída del gasto nominal en Vivienda y servicios comunitarios (-45,4%) representando ya el 1,1% del total del gasto público del conjunto de administraciones (ya consolidado); seguido de las Actividades recreativas, culturales y de religión, que han disminuido un 26,5%, representando el 2,6% del gasto total y, finalmente, la disminución del gasto en Asuntos económicos que ha disminuido un 18,2% y representa ya únicamente el 9,7% del gasto total (frente al 13,5%).
Por otro lado, las partidas que han absorbido mayor parte del gasto destaca el Gasto social –básicamente pensiones, dependencia y prestaciones por desempleo- que ha crecido entre el 2007 y el 2017 un 38%, pasando a representar el 39,9% del gasto (frente al 32,9% del 2007), , seguido de salud, que aumentan en el periodo 2007-2017 un12,4%, siendo su cuota de participación del gasto muy parecida (14,5% en 2007 y 14,3% en 2017) y Educación que aumenta en dicho período un 4,7%, disminuyendo su peso en el gasto total al 9,5% en 2017.
Inversión Pública
Un cambio destacado en los presupuestos para el ejercicio 2017, es que la inversión pública desciende un 3,3%, con un aumento del 28,6% en el sector público administrativo con presupuesto limitativo, y una reducción del 23,7% en el sector público con presupuesto estimativo.
Destacar que en 2017 la inversión del Ministerio de Defensa se incrementa un 323,2%, derivado en gran parte por la dotación de recursos adicionales de 1.818 millones de euros al objeto de atender los compromisos correspondientes a los Programas Especiales de Modernización. Como dice el informe, esta partida no tiene impacto en el 2017, ya que son la consignación presupuestaria de entregas realizadas en ejercicios anteriores.
Así, las infraestructuras ya únicamente representan el 40,5% de la inversión real, seguida de la inversión en defensa que absorbe el 33,8%. El resto de políticas padecen reducción de su inversión pública, excepto justicia.
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