El Institut Agrícola pide al Gobierno financiación especial a las CC.AA para licitar 5.300 millones de los Planes de Desarrollo Rural antes de final de año

• La patronal catalana pide al Gobierno que destine parte de los recursos del COVID-19 para reforzar el sector agroalimentario con nuevas infraestructuras.

• El apoyo del Gobierno debe obligar a las CCAA a ejecutar las inversiones y a licitarlas antes de fin de año.

• Baldiri Ros: “la agricultura nos puede brindar grandes oportunidades. Hemos de ser capaces de modernizar el sector y dar un empujón a algunos proyectos que tenemos en el cajón desde hace años”.

Ante la proximidad del fin de la vigencia del actual Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020, el Institut Agrícola insta al Gobierno central a habilitar mecanismos extraordinarios de financiación a las CC.AA para que puedan licitar antes de final de año los 5.300 millones de euros pendientes del PDR 2014-2020. De no llegar a tiempo, el sector agroalimentario corre el riesgo de perder hasta el 43% del segundo pilar de la PAC –que es aquél que destina financiación condicionada a proyectos de inversión, innovación, mejora de los ecosistemas o de la gestión de aguas, entre otros– dañando enormemente la política de desarrollo rural, competitividad e inversiones necesarias en el sector. En total, se podrían perder 3520 millones de euros.

Este esfuerzo sería adicional al ya realizado por el Gobierno desde junio de 2019, el cual ha repartido 537,8 millones de euros de apoyo a la cofinanciación de las CC.AA de las diferentes actuaciones contempladas en los PDR de las CC.AA. Dicho mecanismo extraordinario se podría incluir en el paquete del fondo COVID-19 que el Gobierno diseña para las CC.AA en forma de condicionalidad de aplicación a los programas no licitados hasta la fecha de desarrollo rural. Un esfuerzo necesario para potenciar el sector agrícola en obras de infraestructuras básicas, que permitiría a las CCAA afrontar sus proyectos y evitar, fundamentalmente la pérdida de la financiación Europa. La crisis del COVID-19 ha demostrado que el sector agroalimentario tiene fuerza en nuestro país, pero también ha puesto en evidencia sus necesidades, por lo que el Institut Agrícola propone que parte de estos recursos se destinen a este sector, por lo que propone que la distribución del apoyo financiero del Estado se haga con arreglo al siguiente criterio y orden de prioridades:

1. CCAA que menos porcentaje de licitación tengan según los últimos datos publicados en el reporte anual de cada región.
2. CCAA con mayor porcentaje de cofinanciación propia y, por tanto, con menor cofinanciación por parte de los fondos europeos.
3. Priorizar proyectos que sean especialmente importantes, especialmente la Prioridad 4 (gestión de ecosistemas, agua, biodiversidad y suelos).

Tomando en consideración que el porcentaje promedio de cofinanciación de cada uno de los programas de la UE es de, aproximadamente, dos tercios (66,4%), en este momento hay en riesgo de perderse 3.520 millones de fondos europeos. De materializarse esta eventualidad, la posición negociadora de España ante la PAC del próximo Marco Financiero Plurianual 2021-2027 quedaría muy debilitada, ya que evidenciaría problemas de gestión e incapacidad de licitar los proyectos, aunque su ejecución se puede alargar hasta 2023. Por eso, sería importante que las CCAA realizaran las licitaciones en este año, como paso previo para no perder las aportaciones europeas.

Esta situación es especialmente preocupante en aquellas CC.AA donde el porcentaje de ejecución es mínimo y donde los últimos datos de licitación están por debajo del 50%. Es el caso de Madrid (20,76%), Castilla-La Mancha (28,41%), Canarias (30,14%) o Asturias (31,38%), donde según los datos publicados de 2018 tienen los porcentajes de ejecución más bajos de España a pesar de estar por encima de la media nacional de cofinanciación europea.

En segundo lugar, atendiendo al criterio de las regiones que menor porcentaje de cofinanciación europea tienen en promedio en sus programas, se sitúan Cataluña (43%), Navarra (47,81%), La Rioja (50%), Valencia (53%) y Baleares (58,36%). Y, por último, el ámbito de actuación Prioridad 4, siendo el que más fondos concentra de los PDR (45.000 millones de euros), es fundamental para mejorar la gestión del agua (junto con la Prioridad 5A) y una gestión forestal sostenible.

Fuente: Informes de Ejecución de cada CC.AA, Ministerio de Agricultura y UE

En el caso de Cataluña, a pesar de las decisiones del Govern desde los últimos datos disponibles de 2018, quedan por aplicar 3,56 millones de euros necesarios para impulsar la modernización de regadíos, entre los cuales se encuentran el Canal d’Urgell, una obra fundamental para crear una amplia zona de regadío que impulsaría al sector agrícola. Según, el presidente del Institut Agrícola, Baldiri Ros, “la agricultura nos puede brindar grandes oportunidades. Hemos de ser capaces de modernizar el sector y de dar un empujón a algunos proyectos que tenemos en el cajón desde hace años. Y ahora, ya no podemos esperar más”. Según el presidente de la patronal agrícola catalana “este canal de riego necesita ser modernizado para que los regantes reciban el agua a presión en sus fincas, lo que permitirá que dejar de regar por inmersión. La conclusión de una operación como esta es el ahorro de agua, la mejora de la productividad agrícola y, sin duda, una actividad más sostenible”.

Por tanto, la patronal agrícola catalana considera que ahora es el momento para acometer estas importantes infraestructuras para generar competitividad y productividad en un sector contra-cíclico que ha tenido un comportamiento ejemplar durante la crisis como es el sector agroalimentario y que además, dada su vocación exportadora, tendrá que liderar el sector exterior catalán dadas las dificultades en otros sectores como el turismo o el automóvil.