- Las misivas han sido enviadas a los presidentes de la Generalitat, del Parlament, de la Diputación de Barcelona y a los consejeros de Agricultura y Territorio.
- Ambas organizaciones empresariales se suman al clamor unánime del sector agroalimentario y forestal contra una Agencia que dejará una gestión nefasta y errática.
Foment del Treball y el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro han enviado una carta a los presidentes de la Generalitat, del Parlament de Cataluña, de la Diputación de Barcelona, y a los consejeros de Territorio y Agricultura, pidiendo la retirada total y sin contemplaciones de la Proposición de ley de creación de la Agencia de Patrimonio Natural, por todos los perjuicios que se causarían al sector agroalimentario y forestal catalán”.
La Proposición de Ley ha levantado numerosas críticas en el mundo agrícola y forestal posicionándose en contra la Diputación de Lleida y el Consejo de Alcaldes del Pallars Jussà y un numeroso número de entidades agrícolas y forestales, ayuntamientos y organizaciones empresariales de los sectores afectados por “la invasión en las competencias municipales respecto de la gestión del territorio y un incremento notable en la burocracia y órganos decisorios de los usos y aprovechamientos de las fincas. Todo lo contrario de lo que sería lógico, como es unificar en un solo departamento las competencias relativas al medio ambiente, al medio natural y al mundo rural.
En las misivas firmadas por Josep Sánchez Llibre y Baldiri Ros, ambas entidades consideran que “la creación de la Agencia supondrá un incremento de gasto público, en unos tiempos en los que hace falta un ajustamiento económico», y que “la actual gestión de los espacios naturales es nefasta y sigue criterios del todo erráticos, sin ningún tipo de planteamiento económico ni de viabilidad de las explotaciones forestales o agrícolas que forman parte. Hecho que afecta directamente al libre ejercicio de la empresa y del derecho de propiedad”.
El Instituto Agrícola y Foment del Treball también cargan contra “la inusual forma de tramitación parlamentaria ―proposición de Ley― por cuentas del procedimiento habitual, para reducir los trámites necesarios, un mínimo debate social y político y hacer casi imposible la participación de todos los sectores sociales y económicos afectados”, que significó que fuera vetada la participación del Instituto Agrícola en el trámite de audiencia en la Comisión parlamentaria. Esta situación significa que “la carencia de representación, en grado adecuado, en los órganos de gobierno, de los empresarios y propietarios agroalimentarios. Cuando los mismos forman parte de la titularidad mayoritaria de las fincas incluidas dentro de los espacios naturales protegidos”.
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