Foment reclama al próximo Gobierno grandes acuerdos transversales para abordar las reformas económicas que se requieren

Josep Sánchez Llibre propone la celebración del Día del Empresario a nivel español e insiste en la eliminación del impuesto del Patrimonio.
La patronal catalana presenta 370 propuestas para el 23-J para “garantizar la sociedad del bienestar y reducir desigualdades”.

Ante la próxima convocatoria electoral Foment del Treball presenta una serie de propuestas de tipo económico y social para que el próximo Gobierno que resulte de las elecciones del 23 de julio conozca las necesidades y horizontes del tejido empresarial catalán. Con un total de 370 propuestas, la patronal catalana reclama a las formaciones políticas «conseguir grandes acuerdos transversales para implementar las transformaciones y las reformas estructurales que necesita nuestra economía en la dirección de la concordia, del crecimiento sostenible, de la creación de ocupación de calidad». Para el presidente Josep Sánchez Llibre «hacen falta reformas que garanticen la sociedad del bienestar, con especial atención en las familias más vulnerables, para poder eliminar las desigualdades y reforzar la cohesión social».

Con este espíritu transversal, el líder patronal ha exigido “un gran acuerdo que reúna el máximo de formaciones políticas para que se celebre en España el Día del Empresario, el 27 de junio tal y como marca la ONU, como se ha hecho en Cataluña como reconocimiento al papel de los empresarios y autónomos y a la generación de riqueza para la cohesión social”.

Además, el presidente Sánchez Llibre ha considerado “indispensable que todas las formaciones políticas que crean en la economía productiva tengan el coraje y la valentía política suficiente y necesaria para llevar en sus programas la eliminación del impuesto de Patrimonio”. Para el líder patronal “este es un impuesto confiscatorio y perjudica la economía productiva porque se tributa dos veces -por renta y por patrimonio- y no existe en ninguna parte más del mundo”.

Entre todas las medidas propuestas destacamos las siguientes:

La reducción del déficit no se tiene que hacer aumentando la presión fiscal, sino mejorando la eficiencia del gasto público.
En referencia al impuesto sobre el Patrimonio reclamamos la eliminación. Del mismo modo, con el impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.
En cuanto al impuesto sobre Sociedades, destaca la propuesta para potenciar los incentivos aplicables a los beneficios no distribuidos o reinvertidos. Para incentivar la capitalización de las empresas y la reinversión de los beneficios obtenidos resultaría conveniente potenciar los incentivos actualmente existentes o restituir los que operaron en el pasado y que han sido derogados, que no penalice la inversión exterior, por medio de la doble imposición internacional, y la eliminación del pago mínimo.
Aplicar el principio de “pensar primero a pequeña escala” en todos los ámbitos de regulación que afecten a las empresas. Mientras que nuestro tejido productivo está formado mayoritariamente por microempresas, las políticas adoptadas se tienen que hacer con perspectiva de PYME y facilitar el acceso a la información y a las ayudas para hacerlas más fuertes.
Este año está previsto que finalice el despliegue del Kit Digital por eso es muy importante seguir impulsando programas que financien esta necesaria transición digital y permitan a las empresas, especialmente a las pymes, adoptar las herramientas necesarias para ser más competitivas.
Aumentar la medida mediana de la empresa. Según un estudio de CEPYME, si la empresa española tipo tuviera la medida de la media europea se crearían 1,3 millones de puestos de trabajo y aumentaría el PIB un 5,5%.
Promover la colaboración con el sector privado y los interlocutores sociales para evaluar el impacto de las políticas en la competitividad global de las empresas españolas y europeas.
La administración pública, en casos concursales, no se puede guiar únicamente por el retrovisor (con una mirada únicamente hacia atrás, hacia el pasado), sino en los ingresos futuros que obtendrá si continúa toda o parte de la actividad empresarial de la empresa concursada. Eliminar el carácter privilegiado.
Articular un sistema que permita una inversión de infraestructuras estable a largo plazo con un Plan de Infraestructuras a medio y largo plazo, que sea aprobado y consensuado por una amplia mayoría de las Cortes Generales, dirigido a los grandes proyectos dentro de un debate público amplio, pero no abierto permanentemente.
Desarrollo de la Ley de Movilidad sostenible que garantice la financiación estable del transporte y que permita el incremento de oferta de transporte público para conseguir aumentar su cuota sobre el conjunto de la movilidad
Promover la colaboración públicoprivada en varios ámbitos como la prestación de servicios públicos (sanidad, educación…), que en Cataluña permite un mejor uso de los fondos públicos, así como en el desarrollo de políticas concertadas, como en los ámbitos digital, formativo, de innovación, etc.
Es imprescindible la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat para potenciar la conectividad internacional y mejorar la conexión de los aeropuertos de Girona y Reus con Barcelona en tren de Alta Velocidad, con el objetivo de atraer nuevas aerolíneas. Y también invertir en la red de Rodalies para favorecer la desconcentración de la actividad turística en todo el territorio, promoviendo zonas de interior con potencial de crecimiento.
En cuanto a las obras emblemáticas hay que destacar:
La finalización del Corredor Mediterráneo.
La conectividad con AVE de los aeropuertos de Girona y Reus. La terminal satélite del Aeropuerto de Barcelona y la adecuada ampliación para favorecer la interconectividad transoceánica.
La conexión ferroviaria y viaria de los Puertos de Barcelona y Tarragona.
En la red viaria: la B-40, la A-14, N-340, enlace A-2-A-7 con B-30, y A-27.
Desarrollar el Plan de Rodalies y el traspaso de Rodalies a la Generalitat de Cataluña, con las correspondientes dotaciones presupuestarias. Especial atención a la Estación de la Sagrera.
La escasez hídrica en partes importantes de España, especialmente en las cuencas mediterráneas, se ha agraviado a consecuencia del cambio climático. La gestión y la planificación de los recursos hídricos tiene que ser una política central por parte de las administraciones.
Implantar medidas de control efectivas para exigir el cumplimiento de los estándares de producción comunitarios –especialmente en materia de bienestar animal, aplicaciones de fitosanitarios, o similares– a todos los productos alimentarios que provenga de terceros países, así como la inspección contra el fraude alimentario y la falsificación de productos alimentarios.
Dotar de más transparencia el sistema de contratación pública, que permita que el precio no sea el único referente. Hay que introducir la calidad y la compra pública innovadora y verde en la contratación pública.
La transición energética se debe hacer de manera justa y equilibrada para evitar la pérdida de competitividad en los sectores industriales y no perjudicar a la población y a los territorios más dependientes de los combustibles fósiles.
Sistemas de Pensiones: Evitar que el aumento de la financiación se base en incrementar los impuestos al trabajo, cosa que limita las oportunidades de creación y mantenimiento del empleo. El incremento de las cotizaciones es especialmente perjudicial cuando las empresas en España pagan más en cotizaciones sociales en comparación con la media de la Unión Europea y la Eurozona. Estos costes sociales dificultan la contratación, el crecimiento empresarial y la productividad.
Potenciar las medidas de control y eficacia de la incapacidad temporal de corta duración.
Supresión de la obligación empresarial del pago de la prestación desde el 4.º al 15.º día de la baja.
Aprovechar las capacidades de los servicios externos y contratados de las mutuas para la realización de pruebas diagnósticas y tratamientos rehabilitadores en procesos de IT por contingencias comunes, como se ha establecido en el V Acuerdo para la Ocupación y la Negociación Colectiva.
Establecer un marco normativo para la realización de prácticas basado en el consenso, la concertación y el diálogo entre gobierno, educación y agentes sociales. Solo a través de esta vía se podrá facilitar la confianza y la colaboración entre las partes implicadas.
Se propone restablecer el sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales por disminución de la siniestralidad laboral, puesto que se considera necesario incentivar y beneficiar a las empresas con unos índices de accidentabilidad que se encuentren por debajo de la media del sector y que contribuyen a la reducción de la siniestralidad laboral.
Aprobar la reforma de la Ley de mecenazgo con carácter de urgencia. La convocatoria anticipada de elecciones generales y la disolución de las Cortes ha dejado sin efecto esta reforma legislativa que fue aprobada por el Congreso de los Diputados el 26 de abril pasado, y se encontraba en trámite de aprobación en el Senado.
Establecer la deducción en el impuesto sobre la renta de personas físicas por el importe de las cuotas satisfechas como abono a las instalaciones deportivas públicas o privadas.