- La patronal catalana exige respeto por la propiedad privada y rehuir discursos populistas
- Foment pide agilizar trámites legislativos y burocráticos y evitar la criminalización de los propietarios
Cataluña se encuentra en una situación preocupante en cuanto a la okupación de viviendas, liderando las estadísticas en España con más del 42% de los casos registrados el 2023, según datos del Ministerio del Interior. La mayor parte de estas okupaciones se concentran en Barcelona y su área metropolitana. A este problema se suma el incremento de casos en que inquilinos, a pesar de no encontrarse en situación de vulnerabilidad, se niega a devolver la posesión de la vivienda a los propietarios cuando finaliza el contrato. Esto es posible gracias a la anomalía del sistema judicial, que puede tardar entre 2 y 3 años en resolver estas situaciones.
Este contexto, junto con parte de las regulaciones normativas publicadas los últimos años, que en muchos casos tienen un claro sesgo político, generan una fuerte inseguridad jurídica, afectando gravemente los derechos de los propietarios y el mercado de alquiler. La lentitud de la Justicia, unida a la acción de plataformas que animan a estos incumplimientos, hace que muchos propietarios decidan abandonar el mercado del alquiler, reduciendo todavía más la oferta de vivienda disponible. Este fenómeno, lejos de solucionar el problema del acceso a la vivienda, agravia la situación.
Foment del Treball defiende la propiedad privada y considera que estas situaciones de okupación y retención ilegal no son la solución a los problemas de vivienda. Por el contrario, apuesta por fomentar el parque de vivienda de alquiler, una opción que se está viendo amenazada por la carencia de seguridad jurídica, la regulación excesiva y una Justicia con dilaciones indebidas.
El caso de la Casa Orsola, en Barcelona, es un ejemplo paradigmático de este problema. Esta finca ha vivido varias situaciones que evidencian la ineficacia del sistema. Una vivienda okupada desde junio de 2022, a pesar de tener una sentencia favorable para la propiedad, todavía está pendiente de resolución judicial definitiva después de más de dos años y medio. Esto se repite con otras viviendas de la misma finca, donde los contratos finalizados el 2022 tampoco han sido respetados, a pesar de existir sentencias favorables.
Estas dilaciones no solo privan a los propietarios de sus derechos, sino que también fomentan prácticas mafiosas. En muchos casos, los okupas piden dinero para abandonar voluntariamente las viviendas, aprovechándose de la lentitud y el coste de los procesos judiciales. Esta situación es inadmisible y requiere una respuesta urgente por parte de las administraciones.
Foment alerta que estas prácticas no solo afectan a los propietarios, sino que también suponen un problema para el conjunto de la sociedad, desincentivando la inversión en vivienda y reduciendo las opciones de alquiler para la ciudadanía. Además, la patronal denuncia la criminalización injustificada que sufren los propietarios por parte de ciertos colectivos y plataformas, que utilizan graves campañas de difamación para presionarlos a aceptar condiciones ilógicas y perjudiciales, a menudo con la pasividad de las administraciones, que no denuncian estas campañas.
Para afrontar esta situación, Foment reclama medidas contundentes por parte de las administraciones. El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña tienen que agilizar los trámites legislativos y burocráticos necesarios para evitar situaciones de indefensión por parte de los propietarios e inversores. También es esencial que se aumenten los recursos para el sistema judicial, garantizando la rapidez y eficacia de los procedimientos y evitando que los infractores se beneficien.
Finalmente, Foment insiste en que hay que aplicar las leyes vigentes de manera efectiva y mejorarlas cuando sea necesario para asegurar la seguridad jurídica y la convivencia. Solo así se podrá preservar el Estado de Derecho y dar una respuesta adecuada al problema de la vivienda, tanto para los propietarios como para los ciudadanos que buscan acceder a un alquiler digno y asequible.
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