Foment del Treball manifiesta su disconformidad con la medida prevista en la Disposición Adicional séptima del Real decreto ley 11/2020, según la cual los ingresos derivados de la cotización por formación profesional obtenidos en el ejercicio 2020, podrán destinarse a la financiación de cualquiera de las prestaciones y acciones del sistema de protección por desocupación, o para financiar programas que fomenten la contratación de personas desocupadas o los ayuden a recuperar ocupación.
Esta medida comporta una desafectación de la cuota de formación a la financiación del sistema de Formación Profesional para la ocupación para destinarla a la financiación otros programas y acciones.
En concreto, implicaría un recorte de un 55% sobre los fondos asignados a Cataluña, lo que supone 215 millones de euros.
Esto contradice lo que dispone la normativa reguladora de la Formación Profesional para la ocupación, la Doctrina de el Tribunal Constitucional y los informes del Tribunal de Cuentas, que expresan que se tiene que garantizar que los recursos procedentes de la cuota de Formación Profesional sean aplicados, en su totalidad, a la financiación de las diferentes iniciativas de formación.
Esta decisión es especialmente perjudicial en un momento en el que las políticas formativas serán estratégicas para fomentar la empleabilidad de los trabajadores y, en mucho casos, para formar y adaptar en la mano de obra que tendrá que cambiar de profesión, por las circunstancias del mercado de trabajo.
Comments are closed.