- La patronal catalana reclama al próximo presidente que emprenda las reformas económicas necesarias para mejorar el empleo y frenar la caída de las rentas de las familias
- El respeto a la figura del empresario y la defensa de la aportación social de la empresa son elementos para la cohesión social
En el proceso de formación de un nuevo Gobierno en España consideramos oportuno hacer algunas reflexiones sobre la situación económica actual, sugiriendo aspectos que, a nuestro criterio, debería tener presentes el nuevo Gobierno.
La Unión Europea en su conjunto, y España en particular, ve como se va retardando el crecimiento económico y por tanto las expectativas de una coyuntura favorable se van diluyendo.
Situados en este contexto, hay que prestar mucha atención a las políticas económicas y sociales y lo que conviene es abordar la nueva legislatura con mucho diálogo y el máximo consenso posible.
La prioridad debe ser tejer amplios acuerdos que busquen la mejora de la ocupación, apaciguar la caída de las rentas de las familias y garantizar un crecimiento sostenido en el futuro inmediato y basado en la mejora de la productividad.
Foment, en forma de decálogo, definimos las prioridades que a nuestro entender tiene que afrontar el nuevo Gobierno:
- Es vital que los poderes públicos favorezcan la creación de un clima de seguridad y de certeza para que el país tenga estabilidad social y económica. Es necesario contar con un gobierno sólido que garantice firmeza y credibilidad. Lograr esta estabilidad es deseable para la cohesión social y también para conseguir el retorno de empresas catalanas que cambiaron su sede en el 2017.
- Hay que defender la figura del empresario y la aportación social de la empresa. Estos últimos tiempos hemos visto cómo se producían ataques injustificados a empresarios destacados, ninguneando injustamente las importantes acciones que han hecho en favor de la cohesión social.
El Gobierno tiene la responsabilidad de poner en valor la aportación de las empresas, que son las que crean puestos de trabajo y facilitan la justa distribución de la riqueza.
- Es imprescindible una fiscalidad competitiva al servicio de la inversión productiva, los procesos de fusión de empresas (la medida mediana de la empresa española está por debajo de la media europea) y la creación de ocupación. La fiscalidad se ha convertido esencialmente en un instrumento para cuadrar las cuentas públicas. Impuestos como el del patrimonio o el de grandes fortunas no ayudan a hacernos competitivos, y hay que homogeneizarse con la UE donde no existen estos tributos.
- Es imprescindible un gran acuerdo en las Cortes Generales que defina un plan de inversiones en infraestructuras que genere certezas y fije prioridades.
- La educación y la Formación Profesional siguen siendo una asignatura pendiente. Hay que revertir el fracaso escolar, muy superior a la media europea, y mejorar decididamente la adecuación de la Formación Profesional a las necesidades reales de la producción. Corremos el riesgo de que la digitalización y la inteligencia artificial expulse a muchas personas del mercado laboral. Es paradójico que teniendo una elevada tasa de paro haya tantas vacantes de puestos de trabajo.
- La dificultad de acceder a una vivienda sea de compra o de alquiler, reclama una respuesta urgente que provenga del conjunto de las administraciones. Se deben hacer propuestas viables y realistas, y no leyes excesivamente ideológicas que no solucionan, más bien empeoran la situación. No se puede trasladar al sector privado una responsabilidad que es del sector público.
- La modernización del sector público es inaplazable. Hay que mejorar la eficiencia, evitar duplicidades y trámites absurdos. Es imprescindible evaluar la eficiencia del gasto público y eliminar gastos inútiles. Así mismo se debe incidir en profundizar más en la colaboración públicoprivada. Especialmente relevando el tratamiento de los fondos europeos: se debe mejorar su gestión para que lleguen a tiempo a las empresas, y gestionarlos con total transparencia.
- Transición energética: hay que seguir con los objetivos de desarrollo sostenible de forma justa, y hay que hacerlo acompasando los objetivos a las posibilidades reales de las empresas.
- Es inviable mantener el incremento del gasto en pensiones incrementando constantemente las cotizaciones sociales de las empresas, de las más altas de Europa y que son un verdadero impuesto a la creación y mantenimiento del empleo.
- Política industrial con mayúsculas, facilitando la instalación, creación y desarrollo de la actividad industrial. No tendremos una economía sólida sin un sector industrial potente, y, por tanto, se debe aumentar su peso a la economía.
En cuanto a la concreción de las medidas a emplear dentro de este decálogo, el Comité Ejecutivo de Foment recuerda las 370 medidas aprobadas en la Junta Directiva de 3 de julio para articular una Agenda Económica y Social ante las Elecciones celebradas el pasado mes de julio.
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