- Foment insta a la administración competente de Cataluña a dar una solución que garantice la seguridad jurídica para las empresas, centros y alumnos
- La patronal catalana pone de manifiesto la sensación de desconcierto, inseguridad y preocupación que existe en la comunidad educativa, en las empresas y en las familias
Foment del Treball lamenta la falta de previsión y planificación con la obligatoriedad de la cotización de las prácticas que entrará en vigor el 1 de enero de 2024, según la modificación del texto de la Ley General de la Seguridad Social que se recoge en el nuevo Real Decreto 2/2023 de reforma de pensiones, que pretende culminar la reforma del sistema público de pensiones.
La secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Clara Sanz, anunciaba el pasado viernes 15 de diciembre que el 100% del coste de alta en la Seguridad Social de los alumnos de FP durante la formación en la empresa (dual general) sería asumido por el Gobierno de España, eliminando los gastos y trámites de gestión para las empresas.
A pesar de este anuncio, a dos semanas de la entrada en vigor de la obligatoriedad de cotización de las prácticas no existe una previsión y planificación oficial que establezca seguridad jurídica para las empresas, centros y alumnos. La sensación en la comunidad educativa, en las empresas y en las familias es de desconcierto, inseguridad y preocupación.
En este sentido, Foment de Treball insta a la administración competente de Cataluña a que dé una solución para todos los alumnos de centros sostenidos con fondos públicos, y se pone a su disposición para colaborar en lo que se estime conveniente.
Foment pone en valor la labor formativa de las empresas catalanas y su compromiso social, y anima a facilitar las prácticas a los estudiantes, pero avisa de que actúen con cautela y se aseguren de que éstos están dados de alta en la Seguridad Social y de concretar el alcance de las obligaciones que comporta, puesto que, en caso contrario, pueden derivarse graves consecuencias, dado que estos estudiantes quedan asimilados como trabajadores por cuenta ajena.
La patronal recuerda que el tejido empresarial catalán está constituido fundamentalmente por pymes -el 95,5% de las empresas en Cataluña tienen menos de 50 personas ocupadas-, y que esto a menudo se traduce en menos recursos técnicos, de tiempo y menor capacidad de gestión . Además, Foment del Treball señala que el 58% de las prácticas formativas se realizan en micro y pequeñas empresas.
Sobre el nuevo Real Decreto 2/2023, de 16 de marzo, de reforma de las pensiones
El nuevo Real Decreto 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones, determina a partir del próximo 1 de enero de 2024 la inclusión de los alumnos universitarios y de formación profesional en el sistema de la Seguridad Social durante el período de realización de prácticas formativas y académicas en empresas.
El nuevo sistema determina como persona obligada al cumplimiento de las obligaciones ante la Seguridad Social en la entidad u organismo que financie el programa de formación en el caso de las prácticas formativas remuneradas y, en el caso de las prácticas no remuneradas, en el empresa, institución o entidad en la que se realicen las prácticas, salvo que se establezca un convenio o acuerdo que suscriba que la obligación corresponde al centro de formación.
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