- Ambas entidades denuncian la deficiente técnica jurídica de las normativas anunciadas y la carencia de diálogo demostrado por la Administración
- La patronal catalana reclama al Gobierno de la Generalitat que se replantee el acuerdo tomado con los Comunes y se encuentre con el sector
Foment del Treball y la Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE) critican el anuncio de incremento del gravamen del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP) y advierten que estas medidas penalizadoras solo harán que se incremente el precio de la vivienda.
En una rueda de prensa ofrecida esta mañana por el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y el de APCE, Xavier Vilajoana, ambas entidades han cargado duramente contra el acuerdo firmado entre la Generalitat y los Comunes la semana pasada y que modificará el Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, creando dos tramos nuevos en la transmisión de inmuebles e incrementando del 10% al 20% este impuesto a los grandes tenedores por la transmisión de viviendas.
El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha censurado “el campo de minas fiscal” que dibuja el Gobierno de la Generalitat y que “teniendo la intención de redistribuir la riqueza lo que están haciendo es redistribuir la miseria”. Tanto Foment como APCE denuncian que incrementar la fiscalidad de la vivienda provocará el encarecimiento de esta, puesto que acabará impactando en el cliente final. “Si multiplicamos por dos el gravamen del ITP, estaremos haciendo todavía más difícil el acceso a la vivienda”, afirma Xavier Vilajoana, quien ha explicado que entre un 20% y un 25% del precio final de una vivienda es coste fiscal, incluyendo los impuestos estatales, catalanes y municipales, que con este nuevo gravamen se incrementará por encima del 25%. “Si las administraciones realmente quisieran incidir en el precio de la vivienda solo haría falta que redujeran este porcentaje, aunque solo fuera una parte. Y es una medida que pueden implementar mañana mismo”, señala Vilajoana.
El presidente de APCE ha querido recordar que la actividad generada por el sector promotor constructor en Cataluña -de manera directa, indirecta e inducida- compuerta unos ingresos fiscales vía impuestos (IVA, IRPF y sociedades) y cotizaciones a la Seguridad Social de 7.000 millones de euros (7.056 millones de euros).
Inseguridad jurídica
Ambas entidades denuncian la sobrerregulació y la carencia de seguridad jurídica que sufren los operadores en Cataluña con la reiterada utilización de la figura del Decreto Ley para regular elementos que escapan de los motivos de urgencia y que no permiten una tramitación legislativa ordinaria con todas las garantías. Esta manera de proceder puede producir una deficiente técnica legislativa, la carencia de previsión de casuísticas prácticas, o la insuficiencia de transitoriedades a la vez de abordar cambios de cierto alcance, entre otros.
“En 15 años, se han registrado 47 cambios normativos solo contando leyes, decretos leyes y real decretos leyes. Esta telaraña normativa asusta la inversión y la entrada de capital extranjero, además de paralizar proyectos de construcción de vivienda”, asegura Xavier Vilajoana.
El gobierno había anunciado que el Decreto Ley 2/2025 tenía como espíritu la simplificación administrativa y de los trámites, pero desde Foment y APCE indican que ocasionará precisamente lo contrario, puesto que un ofrecimiento de tanteo y retracto puede atrasar el tráfico inmobiliario un mínimo de dos meses.
Tanto Sánchez Llibre como Vilajoana han reclamado que se deje de legislar “de espaldas al sector” y se adopten políticas de vivienda que sean realmente efectivas y que incentiven el incremento de la oferta de vivienda, en vez de penalizar al sector que tiene la capacidad productiva para proveer las viviendas que Cataluña necesita.
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