- La patronal catalana considera que la acción del Gobierno central es una medida discriminatoria con el sector energético y recuerda que este gravamen era temporal y excepcional
- Esta situación pone en riesgo la continuidad de varias inversiones importantes a todo el país en un sector económico capital
Convertir en permanente el gravamen temporal energético que se aplicó el 2022 a las compañías del sector petrolero, también llamado “impuesto sobre las energéticas”, para compensar el impacto provocado por la gran subida de precios que se registró a raíz del inicio de la guerra de Ucrania es un ataque en el corazón de la economía del país y una maniobra confiscatoria. Foment del Treball no entiende esta persecución. Se trata de una medida discriminatoria con el sector energético, ámbito en el que se han bajado los precios a niveles previos a la crisis energética de hace un par de años. Fue una medida excepcional, dijo el Gobierno central, que sería temporal y solo en relación con la crisis del momento. Pero ahora se ha conocido que el Ejecutivo pretende hacerlo permanente y Foment del Treball tiene que levantar la voz para pedir la retirada de este gravamen por parte del Gobierno central y pide al Gobierno de la Generalitat que haga todo lo posible para parar esta situación injusta. La patronal catalana hace un llamamiento al Gobierno catalán para que tome todas las medidas que están en su mano para revertir este gravamen, perjudicial para la industria catalana y la economía en su conjunto.
Este gravamen o impuesto a la actividad energética es una carga a la industria que compite con los mercados internacionales. No tiene ningún carácter redistributivo y se convierte en una afectación negativa para la competitividad de la industria que incide en las inversiones, la continuidad de las actividades y la ocupación industriales.
El gravamen en sus términos actuales tiene un impacto económico desproporcionado para la industria y resulta discriminatorio ante operadores que producen fuera o importan en la Unión Europea y ante otros sectores económicos. Esta situación también provoca que las compañías energéticas implicadas vean en riesgo sus inversiones y planteamientos a futuro en el Estado español. Tanto es así que podría estar en entredicho el futuro de polo químico de Tarragona, hecho que aumentaría la dependencia energética española del extranjero, así como enquistaría los planes de transformación energética del país. Hay que tener en cuenta que para lograr los objetivos de Transición Energética que España se ha comprometido ante la Unión Europea al nuevo PNIEC al 2030 hace falta una inversión de más de 300.000 millones de euros en los próximos cinco años. Esta inversión es necesaria en redes de transporte y distribución de energía y en la generación de electricidad y combustibles de origen renovable. Casi toda se tiene que iniciar y con el impacto económico de este impuesto se convertirán casi todos los proyectos en no rentables.
Otro elemento para tener en cuenta es el nuevo ataque a la seguridad jurídica y regulatoria del país con este tipo de políticas agresivas y a menudo enmascarando con ideología un afán recaudatorio. Además, este golpe fiscal se convierte en un elemento desestabilizador entre los territorios y para la libre competencia. Si alguna comunidad autónoma tuviera la posibilidad de compensar el impuesto a las empresas localizadas en su territorio, provocaría un agravio comparativo además de generar una competencia desleal. Y también es una medida centralizadora porque colisiona con la capacidad de toma de decisiones de las comunidades autónomas. Hay que tener en cuenta que la consolidación de este gravamen otorga al Ministerio de Transición Ecológica la potestad de decisión sobre los proyectos adecuados o no adecuados en la hora de aceptar la deducibilidad del impuesto. Es una manera de recuperar el poder de decisión sobre los destinos de inversión.
A parte, hay que decir que este es un gravamen indirecto para todos los ciudadanos porque eleva el precio del gasoil, de la gasolina y derivados.
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