- El presidente Josep Sánchez Llibre pide a los poderes públicos que ayuden a los propietarios en lugar de presionarlos
- La patronal catalana defiende que no se puede privar a nadie de su propiedad, ni imponerle cargas, servidumbres o prestaciones no establecidas en las leyes
En las últimas semanas ha tenido mucha relevancia pública el caso de un desahucio previsto de un inquilino en la casa Orsola de Barcelona por un mandato judicial. Se tendría que haber llevado a cabo el pasado viernes y se impidió actuar a la comitiva judicial. Está previsto para el próximo 18 de febrero. Con todo, Foment del Treball quiere hacer, de nuevo y las veces que hagan falta, una defensa radical del derecho a la propiedad privada y del buen funcionamiento y vigencia del Estado de Derecho. Es por este motivo que la patronal catalana quiere expresar el apoyo al propietario del edificio, el señor Albert Ollé. El presidente Josep Sánchez Llibre quiere indicar que hay que respetar la ley y su aplicación y que la propiedad de la Casa Orsola ha actuado de manera ajustada al Derecho y que las Administraciones Públicas tendrían que ayudar a esta propiedad y no presionarla hasta extremos muy próximos a la coacción.
Es fundamental recordar que las leyes -también las que regulan el alquiler de vivienda- son aprobadas por los parlamentos, son aplicadas por los jueces y es obligatorio cumplir las sentencias que estos dictan. Esto es lo que dice la Constitución. Sin este respeto, el Estado de Derecho se hunde.
Foment defiende que no se puede privar a nadie de su propiedad, ni imponerle cargas, servidumbres o prestaciones no establecidas en las leyes. Los que pretendan esto, sean personas públicas o privadas, no están ejerciendo potestades ni derechos, sino coaccionando e intimidando ilegalmente para privar a un propietario legítimo de su propiedad y de los frutos de esta.
Aquellos que utilizan el caso de la Casa Orsola por, supuestamente, defender el derecho a la vivienda, han elegido un mal ejemplo. El propietario no es un especulador, sino una persona que ha actuado conforme al Derecho, con diligencia y responsabilidad.
Se están usando en el debate público varios términos que aportan confusión como si algunos de los inquilinos desahuciados se encontrarán en situación material de vulnerabilidad. Es el juez quien interpreta las leyes y decide, con todos los elementos y causas, no se hace en base a juicios mediáticos o de opinión. El incumplimiento de la ley es un agravio respecto al resto de ciudadanos, pero también lo es buscar cierto tipo de privilegio o especificidad a expensas de la propiedad de un ciudadano que cumple sus obligaciones legales y fiscales. Esto es preocupante.
También se usa públicamente con mucha ligereza el término especulación y se habla poco de instrumentalización o del señalamiento de responsables de una situación preocupante en el país como es la dificultad de acceso a la vivienda, sobre todo por parte de colectivos vulnerables u otros como los jóvenes. No hay un derecho a vivir donde se quiera al precio que se quiera. Basar debates tan importantes en premisas simplistas es un error y haría falta que, sobre todo desde las Administraciones Públicas, se aplicara el rigor necesario para abordar esta crisis social con responsabilidad y sin acusaciones populistas que, como vemos, no solucionan nada e, incluso, agravian la situación.
Durante los últimos tres años, el edificio de la Casa Orsola ha sido objeto de campañas de desprestigio, ocupaciones ilegales e incluso actos vandálicos que han deteriorado un patrimonio modernista que el propietario quería preservar.
Con cierta tristeza, el señor Ollé manifiesta en una carta hecha pública hoy que se plantea seriamente vender la finca. Es una mala noticia para Barcelona y para Cataluña que empresarios catalanes decidan dejar de invertir en nuestro país. Un disparo en el pie peligroso. Además, paradójicamente, si la propiedad vende la Casa Orsola, es posible que los inquilinos se encuentren con un auténtico especulador que no tendrá ningún interés en preservar el patrimonio ni en encontrar acuerdos.
Por todo esto, Foment del Treball expresa su apoyo al señor Albert Ollé y defiende con total rotundidad el respeto a la propiedad privada y al cumplimiento de las leyes -que, por cierto, ya limitan la propiedad para que cumpla su función social- como pilares fundamentales de nuestra sociedad.
Un país donde no se hacen cumplir las leyes ni las sentencias, ni se respeta la propiedad; donde no hay, por lo tanto, seguridad jurídica, no es atractivo para los inversores ni puede aspirar a la prosperidad. Y es que como dice el señor Albert Ollé al final de su carta: “En una sociedad donde los valores fundamentales se diluyen, debemos preguntarnos: ¿Quiénes son los verdaderos buitres?”
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