- La patronal catalana reclama a las administraciones medidas para facilitar la contratación y el mantenimiento del empleo y lamenta que se castigue a trabajadores y empresarios.
- Los costos laborales se han incrementado un 5,3% el último año.
La denominada «cuota de solidaridad», con la que la Seguridad Social gravará a los trabajadores a partir del 2025, exigirá una contribución extra al sistema que crecerá exponencialmente y supone de facto un impuesto a la contratación y al mantenimiento del empleo. Esta tasa, ideada en el marco de la reforma de las pensiones del 2023, provocará que la parte del salario que se encuentra por encima de la base máxima de cotización (que hasta ahora estaba exenta de cotizar) sea gravada con tipos impositivos diferentes en función del nivel de ingresos. Foment del Treball censura este incremento de los costos laborales y reclama al Gobierno central medidas para facilitar la situación de las empresas y no dificultar la contratación y el mantenimiento del empleo.
Y es que el hecho de que los costos laborales sigan incrementándose complica el crecimiento de las pymes después de haberse incrementado estos costos hasta un 5,3% el último año, el porcentaje más alto de los últimos 15 meses y 8 trimestres consecutivos con aumentos interanuales superiores al 5%, según el último ‘Indicador sobre la Situación de la Pyme’ que ha publicado CEPYME. Se trata de un evento inédito desde 1994. Desde el cuarto trimestre del 2021, este tipo de costos sociales se han disparado por encima del 11% para las sociedades más pequeñas y un 10% para las medianas. Así se desprende de la orden ministerial que ha aprobado las nuevas bases de cotización para este año publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el jueves pasado, que ha modificado la orden dictada el 29 de enero para adaptarla a la última subida del salario mínimo interprofesional (SMI), del 5%. La orden sitúa la base máxima para cualquier categoría profesional y grupo de cotización en 4.729,50 mensuales o 205,24 euros diarios, un 5% más que en 2023, igual que suben la base mínima, fijada en 1.323 euros al mes. Con este cambio se adaptan las bases mínimas, así como la penalización por la firma de contratos de duración muy corta.
Foment considera que el Gobierno central, después de que el Ministerio de Hacienda anuncie una recaudación récord que reduce el déficit fiscal, debería promover medidas que no afecten ni a los asalariados ni a los empresarios: Más presión fiscal en el lugar de trabajo y a los trabajadores cualificados, hecho que provoca cierta fuga de talento. La patronal catalana reclama a los responsables de la Seguridad Social que reflexionen. Esta cuota de solidaridad, junto con la no deflación del IRPF, hace que sean perjudicados trabajadores y empresarios, porque aunque aportan no reciben ningún beneficio ni incentivo.
Además, Foment insiste en reclamar al Gobierno central reducir el gasto corriente de la administración, que ya es insostenible. No se puede estar constantemente incrementando la presión fiscal sin ninguna política de mejora de la eficiencia en el gasto público. Es evitando el desperdicio de recursos como las administraciones deben reducir la deuda pública, no haciendo perder poder adquisitivo a los asalariados.
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