- El Gobierno debe ayudar a familias, pero también a las empresas, ya que estas últimas son las grandes afectadas por las elevaciones de costes, que no los han traslado en su extensión, con merma de sus márgenes.
- Foment se felicita por la reducción del IVA al 5%, petición que ya hizo Foment hace unos meses, ante el contexto económico y de precios que se avecinaba por el lado de la energía.
- La ayuda a los autónomos de 200€, 33,3€ al mes, si se contemplan los seis meses de vigencia del plan, apenas compensan los fuertes aumentos de costes que experimentan sus actividades productivas.
- Es necesario tomar medidas estructurales en el ámbito de la energía, y favorecer y acelerar la tramitación administrativa para la implantación de energía renovable, ante esta crisis energética y urgente.
Foment del Treball considera adecuado, a causa del alargamiento de las condiciones de elevada inflación, que el Gobierno haya tomado decisiones ante la finalización de las medidas tomadas hace tres meses, y que finalizaban en junio, y que las haya prolongado para el resto del año, ya que la situación va a persistir más tiempo del inicialmente esperado.
Sin embargo, ante la presencia de una inflación de costes, como ya señalamos en el informe de coyuntura, las medidas adoptadas, y algunas de las prorrogadas, se circunscriben a ser, en parte, de carácter paliativo, enfocadas casi exclusivamente hacia las familias, y con pobre afectación sobre las empresas.
Foment señala que son las empresas las que están padeciendo los elevados costes y que, en parte, están conteniendo su traslación a precios del consumidor, con merma de sus márgenes. Esta merma difícilmente podrá ser sostenible para las empresas si persiste esta elevada inflación de costes, si no se fijan ayudas públicas consistentes.
Por este motivo, nuevamente, Foment del Treball se ve en la necesidad de reclamar mayores niveles de ayudas a las empresas que han visto incrementar sustancialmente sus costes, y que no los han trasladado en muchos casos, en su total extensión, a los precios de venta. Sin estas ayudas difícilmente se podrá continuar con mayores mermas de márgenes empresariales. Por ello, y de agravarse los efectos de la inflación sobre la economía, y con políticas monetarias más restrictivas, pueden darse afectaciones en empleo en los próximos meses de carácter significativo, que habría que evitar.
Aunque se señala una ayuda a los autónomos de 200€, muy posiblemente sea claramente insuficiente, ante los aumentos de costes de las actividades que estos desarrollan al concretarse en 33,3€ por mes, si nos fijásemos en los 6 meses de vigencia de las medidas que ha aprobado el gobierno. Esta, en el nuevo paquete ha sido la única medida más focalizada a la actividad empresarial.
Foment considera que hubiese sido necesario ampliar las medidas especialmente con medidas selectivas hacia los sectores más afectados y que pasaran por graves circunstancias, después de una crisis de la covid-19, que ha debilitado financieramente a las empresas, con menos colchón de aguante.
A la luz de la coyuntura, más pesimista, que, en el momento del primer paquete, se manifestaba con claridad la necesidad de prologar las medidas adoptadas, y de implementar otras, sobre los sectores que han padecido y padecen más la crisis, es decir, con las informaciones disponibles y a falta de su publicación en el BOE, nuevamente las empresas, micro, pequeñas, medianas y grandes, y en menor medida los autónomos- aunque de forma muy insuficiente. El hecho de que no aparezcan como potenciales receptores de ayudas, toda vez que, en parte, están conteniendo la inflación de costes y que puede persistir, difícilmente lo podrán seguir haciendo.
En materia de energía, Foment del Treball considera que se están tomando medidas de manera coyuntural y habría que afrontar una reforma estructural del sistema de fijación de precios en el sector energético y en la fiscalidad de la energía. No se trata de poner nuevos impuestos sino de realizar una reforma en el sistema de fijación de precios y en todo el ámbito de la fiscalidad de la energía para adecuarla a la nueva realidad del mix energético.
Consideramos acertada la disminución del IVA aplicado en la factura de la electricidad. Es una medida que Fomento de Trabajo ya pidió el mes de agosto del año pasado y, por tanto, consideramos que se aplicará con demasiado retraso. Esta reducción nos equipara en los países de nuestro entorno como Portugal y Francia.
En materia de energía se tiene que trabajar en el trilema de competitividad, seguridad de suministro y sostenibilidad. El gobierno español ha enfocado únicamente su política en el campo energético en el ámbito de la sostenibilidad y, por la situación geopolítica actual, ahora vemos las carencias de actuación para garantizar la competitividad y la seguridad de suministro. Hay que tomar medidas de cariz estructural para garantizar lo suministro, en especial las interconexiones eléctricas y gasísticas y potenciar el uso de los gases renovables como el biometano, donde España tiene un gran potencial para desarrollar, y nos garantizaría gas sostenible, competitivo y seguro. Si no se aborda una reforma estructural que garantice la competitividad, sostenibilidad y seguridad, la implantación de nuevos impuestos no será una medida efectiva para reducir el coste del precio de la energía.
También se hace preciso, y más en este contexto, acelerar y agilizar los procedimientos administrativos por el desarrollo de la generación de energía eléctrica de fuentes renovables fotovoltaico y eólico, en especial en Cataluña, donde debido al freno administrativo no se están desarrollando grandes proyectos por la conexión a red ni instalaciones de autoconsumo industrial y doméstico, por permitiría una reducción de los costes en los sectores industrial y doméstico.
Hay que potenciar una transición energética industrial. El gobierno basa la transición energética en el ámbito doméstico sin tener en cuenta las necesidades de los sectores productivos, en especial en las necesidades de energía térmica de origen renovable.
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