- Con el total invertido en la compra de este inmueble, que dispone de 26 viviendas, se habrían podido construir 50 viviendas de protección oficial
- Este tipo de actuaciones distorsionan el mercado, generan inseguridad jurídica y vulneran el principio de igualdad
En las últimas semanas, el caso de la Casa Orsola ha adquirido una notable relevancia pública debido al desahucio previsto de un inquilino por mandato judicial. Este proceso, legal y legítimo, ha sido sistemáticamente boicoteado por la actuación de ciertos colectivos y, lo que es más grave, por la presión explícita de algunos agentes públicos.
Ante este escenario, Foment del Treball, la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE) y el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y Provincia quieren manifestar la necesidad de respetar la propiedad privada, la aplicación de las leyes, y el cumplimiento de las resoluciones judiciales como base del Estado de Derecho.
Sin embargo, en un desenlace que se considera preocupante, el Ayuntamiento de Barcelona y la Fundació Hàbitat3 han adquirido la Casa Orsola y han anunciado que detendrán los desahucios, y estableciendo un precedente peligroso. Hay que evitar que se instale el relato de que si un propietario no cede a ciertas exigencias populistas la Administración acaba interviniendo.
Un tratamiento singular que atenta contra la objetividad de la Administración
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha declarado públicamente que la operación de compra de la Casa Orsola es “singular” y “no generalizable”. Esta afirmación es especialmente preocupante, ya que contradice el principio de objetividad y servicio a los intereses generales que debería regir la actuación de toda administración pública.
Si el Ayuntamiento reconoce que no puede actuar de la misma forma en otros casos, ¿por qué ha decidido intervenir aquí? ¿Qué criterio objetivo justifica el uso de recursos públicos para beneficiar sólo a un grupo determinado de ciudadanos en detrimento de muchos otros que se encuentran en situaciones iguales o peores? Esta discrecionalidad, que probablemente traspasa el umbral de la arbitrariedad, genera un agravio comparativo inadmisible.
La actuación política debe ser coherente, transparente y no discriminatoria. Y el gasto público debe realizar —por imperativo de la Constitución— una “asignación equitativa de los recursos públicos”. Y responder “a los principios de eficiencia y economía”. No parece que se hayan respetado los principios de eficiencia y economía cuando el Ayuntamiento y la Fundación Habitat3 han invertido en la compra de la Casa Orsola, que dispone de 26 viviendas, el mismo dinero que habría servido para construir 50 viviendas de protección oficial.
Por cierto, pagando un 50% más de la cantidad por la que el anterior consistorio hubiera podido adquirirla haciendo uso del derecho de tanteo y retracto del que disponía.
La actuación y el gasto no han sido equitativos y no discriminatorios. La compra, y el anunciado paro de los desahucios, beneficia singularmente a algunas personas. Pero entonces, ¿para qué sirve inscribirse en el Registro de Solicitantes de Viviendas de Protección Oficial? ¿No debería garantizar este registro el acceso transparente y no discriminatorio a estas viviendas, tanto de los públicos como de los privados?
Esta operación también ha puesto en evidencia una manipulación del concepto de vulnerabilidad para justificar una decisión política. Foment del Treball, APCE y el Colegio de API consideran especialmente grave este intento de redefinir la vulnerabilidad a conveniencia, ya que esto perjudica a las personas que realmente la padecen, miles de familias que no tienen acceso a una vivienda digna y que se encuentran en situaciones de exclusión severa. Cuando se fuerza la inclusión en esta categoría de colectivos que no cumplen los criterios reales de necesidad social, se debilita al sistema y se convierte la vulnerabilidad en un concepto vacío.
Un peligroso precedente para la propiedad privada y el mercado inmobiliario
Durante los últimos años, la propiedad de la Casa Orsola ha sido objeto de empleos ilegales, actos vandálicos y una campaña de presión que ha llegado a extremos de coacción institucional. La Constitución establece claramente que ningún propietario puede ser desposeído ni grabado en sus bienes y derechos más allá de lo que establecen las leyes. Lo sucedido con la Casa Orsola pone en cuestión esta garantía y abre la puerta a nuevas injerencias políticas en operaciones privadas, creando una incertidumbre jurídica inaceptable.
Si el Ayuntamiento de Barcelona y otras administraciones siguen actuando de esta forma, los inversores y propietarios no tendrán incentivos para mantener y ofrecer viviendas en el mercado de alquiler. Cuando las normas dejan de aplicarse y se impone la injerencia política, el resultado es la fuga de inversión y una oferta cada vez más restringida.
La defensa de la propiedad privada y el cumplimiento de las leyes no sólo es una cuestión económica, sino una garantía fundamental para el buen funcionamiento de nuestra sociedad. Un país en el que no se respeta la propiedad ni la seguridad jurídica no es atractivo para los inversores y está condenado a la decadencia.
Barcelona y Cataluña necesitan políticas de vivienda rigurosas y equitativas, no operaciones mediáticas que degradan la confianza en las instituciones y distorsionan el mercado.
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