La financiación de las vías de alta capacidad debe evolucionar bajo los criterios de «quien usa y quien contamina paga»

• El peaje actual se sustituiría por un «canon de mantenimiento» para la mejora y acondicionamiento de las vías.
• El nuevo canon iría en función de los kilómetros recorridos y de los niveles de contaminación que genere el vehículo.
• Con este modelo, la recaudación lograda debería tener un carácter marcadamente finalista.

El presidente del Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña, Francisco Gutiérrez, ha presentado hoy en Barcelona las directrices y criterios básicos que deberían regir el modelo de gestión de las vías rápidas, aprovechando que entre 2018 y 2021 se producirá el vencimiento de diferentes concesiones administrativas.

A partir de este año 2018 y hasta 2021, en toda España, pero muy especialmente en Cataluña, vencerán varias concesiones de autopistas de peaje, un modelo que actualmente convive con el de autovías gratuitas, la financiación y mantenimiento de las cuales corre a cargo de los presupuestos generales del Estado. Por este motivo, el Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña ha redactado un informe sobre cuáles deberían ser los ejes para un nuevo modelo de financiación y gestión para el conjunto de las vías de alta capacidad del Estado.

En un contexto económico marcado por la retracción de recursos presupuestarios por parte de las administraciones públicas, el Consejo apuesta por un sistema más sostenible de gestión de las vías de alta capacidad, no sólo en Cataluña, sino que el modelo es extrapolable a otros territorios del Estado. Este nuevo modelo se basaría principalmente en los ejes siguientes:

• Pago por uso. El modelo propuesto asocia el pago al uso real, en función del tipo de vehículo y los kilómetros que se recorran.

• Equilibrio del sistema. El nuevo modelo de financiación debe garantizar los recursos suficientes para el mantenimiento y conservación y modernización de las vías de alta capacidad.

• Carácter finalista del canon. Los ingresos obtenidos se deben dirigir a unos fines concretos, como el desarrollo, mejora y mantenimiento de las infraestructuras viarias y la promoción de una movilidad más sostenible.

• Gestión del tráfico. La gestión del tráfico en las vías de alta capacidad se llevará a cabo a través de la aplicación de cánones que podrían variables, en función de los niveles de congestión del tráfico y de contaminación atmosférica.

• Homogeneidad territorial. Con el objetivo de lograr un sistema de gestión homogeneizado, evitando que se producen agravios y distorsiones económicas entre los diferentes territorios.

Quien usa paga, quien contamina paga

Para el Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña, nuestro país debería encabezar este cambio de modelo a partir de la dilatada experiencia y trayectoria de colaboración público-privada, la presencia de compañías líderes en gestión de infraestructuras, y el existencia de un entorno propicio para desarrollar los conocimientos tecnológicos que avalen la sensibilidad social y ambiental de este liderazgo. Con este fin, el documento elaborado por el Consejo se fundamenta en propuestas como:

• Definición del modelo, bajo las ideas nucleares de «quien usa, paga» y «quien contamina, paga», por lo que el usuarios paguen en función de la distancia recorrida y de los niveles de contaminación que generan.

• Definición en el conjunto del Estado de la red de vías de alta capacidad, así como vías alternativas, sobre las que se aplicaría el nuevo modelo.

• Creación de un órgano gestor en cada Comunidad Autónoma, como resultado de un acuerdo entre las administraciones titulares de las vías, que sería el encargado de gestionar el cobro y de fijar los cánones que podrían ser de forma variable en función de la congestión y la contaminación.

En cuanto a las autopistas, se trataría, en definitiva, de aprovechar el vencimiento de las primeras concesiones para instaurar un canon para financiar el mantenimiento de estas vías, que representara un ahorro notable para los usuarios, al objeto de alcanzar la plena homogeneización del sistema de financiación de las vías de alta capacidad de todo el Estado. Este canon revertiría en la mejora, acondicionamiento y mantenimiento de la red viaria de alta capacidad.

El Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña se creó en mayo de 2017, como instrumento para facilitar a los diferentes agentes del sector información técnica y objetiva que permita el diálogo y debate sereno y riguroso, a la vez que fomentar la participación de la sociedad en la planificación, diseño, propuesta y evaluación de las políticas públicas en el ámbito de las infraestructuras. El Consejo está formado por 14 profesionales de diversos ámbitos, todos ellos de dilatada trayectoria y reconocido prestigio. Su creación fue impulsada por la Asociación Catalana de Empresas de Ingeniería y Consultoras Independientes de Cataluña (ASINCA), la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC), Fomento del Trabajo Nacional (FTN) y la Fundación Círculo de Infraestructuras (FCI).