- Ante este contexto de enfriamiento económico es a todas luces imprescindible llevar a cabo un pacto de responsabilidad y solidaridad, de rentas, liderado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que deben integrarse las rentas de asalariados -públicos y privados-, pensionistas y la negociación del SMI, evitando negociaciones paralelas, aunque con tratamientos más favorables a los grupos más vulnerables.
- La crisis energética, especialmente en Europa, provocará tensiones de suministro y precios con poco margen para poder actuar a corto plazo.
- En este contexto de menor crecimiento y de levada dependencia energética, resulta a todas luces necesario un pacto de rentas que, desde la responsabilidad de todos y el liderazgo del Gobierno, evite los efectos de segunda ronda y reparta proporcionalmente la pérdida real de renta del país.
- Se hace difícil la coexistencia de un sector privado, empresas y familias, con dificultades, por un lado, y un sector público que muestra elevados niveles de recaudación que se detraen especialmente del sector privado. No necesariamente lo que va bien a Hacienda, va bien al país.
- Hay que saber utilizar el poco margen de la política fiscal y no gravar la inflación -deflactar ya el IRPF- que, dado el elevado nivel de la crisis energética, tendría que ser selectivo con preponderancia sobre los colectivos familiares y empresariales más
- Este escenario económico se notará más intensamente en el empleo en los próximos meses, una vez absorbida la recuperación del sector turístico y la finalización de su temporada
- El excedente bruto de explotación en 2020 y 2021, respecto a 2019, ha caído en casi 100.000 millones de euros según el INE, y un tercio de las empresas tienen pérdidas en 2021 según la Central de Balances del Banco de España.
- Todo y el fuerte crecimiento de las exportaciones (24,8% para España), el déficit comercial español se amplía seis veces y la tasa de cobertura cae 10 puntos, del 96,6% al 85,7%.
En los últimos meses la coyuntura económica se ha caracterizado por un empeoramiento progresivo del entorno económico (recesión técnica en EE. UU. y fuerte deterioro del crecimiento en China, por ejemplo), con un incremento de la incertidumbre muy relevante, lo que ha implicado una nueva revisión a la baja de las previsiones de crecimiento económico y al alza de la inflación. Así se expone en el Informe de Coyuntura Económica de Foment del Treball correspondiente a septiembre 2022, presentado hoy por el director de Economía de la patronal, Salvador Guillermo, quién apunta que, en este contexto, se prevé una significativa moderación del crecimiento de la economía en otoño.
El elemento más destacable ha sido que en los meses de junio, julio y agosto, se registró una inflación desbocada, asociada especialmente al fuerte aumento del precio de la energía, que está llegando con bastante intensidad al resto de sectores, como lo muestra la elevada inflación subyacente. La gran dependencia en toda Europa del gas ruso, con importantes dificultades para sustituirlo a corto plazo principalmente de cara al próximo invierno, no permite vislumbrar una rápida corrección de esta tendencia en los precios.
Es importante señalar que, a impuestos constantes, la inflación hubiera sido aún mayor, por lo que se aprecia la efectividad, aunque moderada, de las medidas puestas en marcha para paliar la subida de precios, aunque las mismas se podrían haber implementado de manera más oportuna ya que los efectos no parecen haber sido suficientes.
Por otra parte, el fuerte incremento de los precios de la energía también tiene sus consecuencias en el déficit comercial de bienes, que se multiplica casi por seis en el primer semestre de 2022 respecto al mismo período de 2021, dado que al déficit energético se le suma ahora un saldo no energético negativo. Aunque las exportaciones subieron 24,8%, en volumen, el aumento fue del 6,6%.
Asimismo, se está produciendo un importante crecimiento de la recaudación tributaria. Estos incrementos coyunturales tan significativos de los ingresos tributarios deben repercutir en una política tributaria que beneficie y no que castigue la actividad productiva. Tal y como señala el FMI, la principal medida de política pública debe ser la restauración de la estabilidad de precios, toda vez que se proteja a los sectores más vulnerables, entre los que se encuentran también las empresas, que son las generadoras de empleo.
Además, en Europa, la política monetaria contractiva reaccionó de forma tardía, a diferencia de EE. UU., por lo que habrá que modular su incidencia sobre la actividad económica y sobre el elevado nivel de endeudamiento de muchas economías.
En España, destaca el buen comportamiento del mercado de trabajo, hasta el segundo semestre según datos de la EPA, con un aumento importante de los contratos indefinidos, una reducción de la tasa de paro, y un número total de parados inferior a los 3 millones. No obstante, en los próximos meses, los efectos prolongados de la inflación y del incremento de costes sobre las empresas y la moderación en la actividad que se insinúa, tendrán consecuencias sobre el empleo, que empezará a mostrar guarismos negativos, y más cuando ya se agotó lamejoraenlaocupaciónderivadadelossectoresquetodavíaarrastrabanlacrisisdelCovid-19.
Muchas empresas han visto cómo se ha debilitado su capacidad de resistencia, con caídas de márgenes, como consecuencia del Covid-19, como lo muestra la disminución del Excedente Bruto de Explotación en 2020 y 2021, con casi 100.000 millones de euros, según Contabilidad Nacional. O bien, la disminución en 52% en el 2021, respeto de 2019 (año de referencia previo a la pandemia) del resultado neto ordinario, según la Central de Balances del Banco de España que, expresamente, señala que un tercio de las empresas ha tenido pérdidas.
En este escenario, y en un país dependiente de fuentes de energía externas, se tiene que ser consciente de que no hay ganadores internos, sino que todos pierden, lo cual exige un pacto de rentas que permita distribuir estas pérdidas entre todos los agentes sociales afectados, evitando que la lucha de rentas provoque todavía mayores niveles de desocupación.
A su vez, la política fiscal no podrá en el caso de España, debido a la disponibilidad limitada de recursos económicos y el elevado endeudamiento, dotar de ayudas a todo el mundo, por lo que habrá que hacer una priorización hacia la población más vulnerable y, también, hacia el sistema productivo que pueda estar temporalmente afectado, puesto que si no tendremos un efecto sangriento en términos de ocupación. La política fiscal no podrá ser restrictiva, a pesar de que tendrá que ser prudente, y ello pasa por no subir impuestos, sino incluso reducir selectivamente alguno de ellos.
Por otra parte, habrá que desarrollar políticas de oferta que mejoren la productividad y competitividad en ámbitos como el I+D, el capital humano, el capital público en infraestructura y la mejora de los mercados, como acciones orientadas a la transformación energética y a la reducción de la dependencia energética a medio y largo plazo de forma sostenible medioambiental y económicamente.
También habrá que mejorar la gestión del gasto público que muestra, como señala el Instituto de Estudios Económicos, que, con una eficiencia equivalente a la europea, se podría obtener un ahorro del 14%, es decir, de 60.000 millones de euros. Esta es la gran reforma olvidada, que hay que hacer, a la vez que hay que impulsar en los correspondientes ámbitos la colaboración públicoprivada.
En los próximos meses se puede dar un proceso de destrucción de ocupación con niveles de inflación elevados, una política monetaria muy restrictiva con poco margen para la política fiscal, y mayor conflictividad social, contexto que requiere de un pacto de rentas que reparta de manera proporcionada las pérdidas por de todas partes y que busque soluciones, aunque sean parciales, en la desaceleración, o incluso, en su caso, en un escenario de recesión que presumiblemente se aproxima en los próximos meses.
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