Realitzado por el departamento de Relaciones Labores y Asuntos Sociales
- En el mes de enero, el paro ha disminuido interanualmente en 31.057 personas en Cataluña (-6,84%).
- Según los datos de la EPA los ocupados a tiempo completo han crecido de manera significativa (4%; 110.300 más), mientras que los ocupados a tiempo parcial se han incrementado ligeramente (0,7%; 3.300 más).
- En términos interanuales, el mes de enero, la afiliación y la contratación también mejoran con incrementos en Cataluña del 3,46% y un 15,90%, respectivamente. En materia de contratación, hay que destacar el incremento mensual más intenso en el caso de la contratación indefinida (37,76%; 9.930 más) que en el de la temporal (17,21%; 33.238 más).
- Respecto a la negociación colectiva, durante el 2017 se han registrado en Cataluña 358 Convenios Colectivos, lo que supone un incremento del 15,86% respecto al año anterior. Respecto a los salarios, los Convenios registrados han pactado un 22,41% más respecto al mismo periodo del año anterior. En el resto de España se ha pactado un 34,91% más.
- En Cataluña la media de variación salarial pactada en convenios es del 1,42% y en España del 1,43%.
- El total de expedientes de regulación de empleo (ERE) ha disminuido en un 32,30% y ha afectado a todas las modalidades: -29,44% expedientes de suspensión, -46,76% los de reducción y -23, 13% los de extinción. En general, el número de trabajadores afectados se ha reducido en 49,49%.
- El último trimestre de 2017 ha sido especialmente convulso a nivel de conflictividad laboral, como consecuencia de las diferentes huelgas convocadas entre el mes de octubre y noviembre, si bien únicamente se disponen de datos oficiales hasta el mes de septiembre de 2017.
Ante estos hechos, Fomento del Trabajo ha presentado una demanda jurídica para defender los intereses empresariales por considerar que estas huelgas tienen un carácter político.
Los motivos por los que Fomentos del Trabajo ha presentado la demanda son: por un lado, para que se creé un antecedente para evitar que un sindicato minoritario pueda convocar y desconvocar huelgas generales por motivaciones políticas, y por otro lado, para que se resarzan los daños y perjuicios causados a las empresas.
La demanda se basa en tres argumentos, que son: la motivación política de las huelgas convocadas, los defectos formales por no haber sido notificados con los 10 días que establece la ley, y la falta de legitimidad del sindicato para convocar una huelga general, dado que no tiene la suficiente representatividad e implantación.
Foment presenta un análisis relativo al salario mínimo interprofesional y el impacto a la negociación colectiva
Aunque el acuerdo que se ha suscrito a nivel estatal en relación al SMI el mismo debe desvincularse de los posibles incrementos que se puedan acordar en el marco de la negociación colectiva. Y esto es así porque la fijación del SMI es una intervención del Estado en la economía, que fija por ley un precio al factor trabajo, desvinculado del precio que se fijaría en un mercado laboral libre.
En el ámbito empresarial y laboral el SMI no es un referente, aunque hay que reconocer que si se registraran incrementos acentuados del SMI podría llegar a afectar a la Negociación Colectiva generando una negativa espiral inflacionista en las tablas salariales de los convenios colectivos.
Del análisis de los Convenios Colectivos sectoriales de aplicación en Cataluña podemos observar que un 28,16% de los Convenios establecen un salario mínimo igual o inferior al SMI, en gran parte se refieren a personal en formación o aprendices de primer año. De estos convenios, sólo el 8,62% remiten directamente al SMI vigente para establecer el salario mínimo.
El incremento progresivo del SMI pactado entre los agentes sociales y el Gobierno, fija el 2020 un SMI de 850 € / mes. Pues bien, con datos de 2017, el 50% de los Convenios Colectivos estarían por debajo de los 850 € de salario mínimo en los niveles inferiores y deberían incrementar los salarios de media un 17,12% hasta 2020.
De los convenios que tienen un salario mínimo del SMI o inferior el 48% son provinciales, el 33% autonómicos y el 19% de ámbito estatal.
Desde Fomento, consideramos necesario establecer criterios o directrices en política salarial vinculados con factores relacionados con la productividad o la situación de la empresa y desvinculados de la indexación al IPC o determinados incrementos del SMI que puedan servir de marco general para la posterior aplicación en los convenios Colectivos de sector o empresa.
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