En Cataluña llevamos más de tres años de retraso en el despliegue de la Ley 10/2015 de Formación y Cualificación Profesional. Un retraso que desde nuestro punto de vista no tiene justificación ya que es una obligación del Gobierno de la Generalitat de Catalunya hacerla efectiva.
Vamos tarde para aprovechar el ciclo económico para dotar de músculo a la ocupación y el tejido productivo mediante una formación profesional de calidad y con reconocimiento social y de las empresas, pero ahora es el momento de aprovechar los fuertes consensos existentes y que se han hecho evidentes en la firma del último Acuerdo Interprofesional de Cataluña.
Es urgente la constitución de la Comisión Rectora y la Agencia Pública para garantizar el gobierno del sistema y el despliegue de todos los órganos, instrumentos y Servicios previstos a la ley. El Consejo de Formación y Calificaciones Profesionales de Cataluña ha de transformarse con las funciones que establece la ley, en calidad de órgano de consulta y participación.
Es primordial un compromiso firme del Gobierno de la Generalitat, mediante los departamentos Componentes, especialmente Presidencia, Educación, Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. El compromiso de los agentes sociales ya está, y así lo hemos manifestado al Gobierno.
Las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de Cataluña hace ya muchos años que tenemos el compromiso de impulsar los estudios de formación profesional, su prestigio y dar respuesta a las necesidades de perfiles profesionales que requieren el mercado de trabajo y garantizar una oferta de ciclos formativos que den respuesta a estas necesidades, al mismo tiempo que mejoramos los resultados para equipararnos a los países de la Unión Europea referentes y más avanzados en esta materia. Es indispensable un fuerte impulso para revertir la situación, con falta de personas formadas en los niveles medios de cualificación, la no existencia de Centros Integrados de Formación Profesional, de centros con capacidad de innovación y que aporten un valor añadido.
Reclamamos al Gobierno que ponga en marcha, sin más dilación:
- La Comisión Rectora y la Agencia Pública de Formación y Cualificación Profesional.
- El Consejo de Formación y Cualificación Profesional.
- Un calendario de la puesta en marcha de la Ley, así como su encaje con los instrumentos comunes entre el ámbito educativo y laboral, como son: el Sistema de prospección de necesidades formativas; el de Información y orientación profesional; el diseño de un modelo de formación profesional dual; la planificación de la oferta formativa; el sistema de evaluación y acreditación de competencias; el despliegue territorial y sectorial y el sistema de seguimiento y evaluación.
- El presupuesto y recursos humanos necesarios para llevarlo a cabo.
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