La economía catalana necesita mitigar la pérdida de competitividad frente a los socios europeos

• El Índice de Competitividad Regional, que realiza también la Comisión Europea y que presentó hace pocos días, constata que la economía de Cataluña ha bajado del puesto 142 al 153 (de un total de 263) en cuanto a nivel de competitividad

• Si comparamos la situación de Cataluña con la de otras regiones similares aprecia este nivel de debilidad en cuanto a la situación macroeconómica (variable que se mide a nivel estatal), la educación superior y la eficiencia del mercado de trabajo

• Las últimas previsiones señalan que el crecimiento económico mundial continuará en los próximos años y, concretamente, se espera que la actividad económica repunte en el 2017

• En España y Cataluña, se prevé un crecimiento del PIB más moderado en 2017 debido al agotamiento de los denominados vientos de cola, pero aún así seguirá siendo superior a la media europea

• La corrección del déficit público en 2016 y también las medidas para lograr el objetivo de 2017 han recaído excesivamente sobre la fiscalidad empresarial. El incremento de recaudación por el impuesto de sociedades del último trimestre (hasta noviembre) explica un 82,7% del incremento de la recaudación total y el 84,5% de los ingresos tributarios por 2017 derivados de las nuevas medidas tributarias

La economía de Cataluña necesita invertir la tendencia de pérdida en su competitividad respecto de los socios europeos. Aunque el nuevo año comienza con una economía en pleno proceso de recuperación y con buen crecimiento del empleo, quedan aspectos que deben ser corregidos, como la alta tasa de paro -y asociado a ello los problemas de desigualdad social en gran parte-, la gestión de las finanzas públicas o la productividad de la economía. Estos puntos se destacan en informes como el Semestre Europeo 2017 de la Comisión Europea o el Índice de Competitividad Regional, que realiza también la Comisión Europea y que presentó hace pocos días y en el que se constata que la economía de Cataluña ha bajado del lugar 142 al 153 (de un total de 263) en cuanto a nivel de competitividad. De hecho se inscribe en la tendencia generalizada de todas las regiones españolas excepto Madrid y el País Vasco, que se encuentran por debajo de la media europea y que en el último sexenio, especialmente las regiones mediterráneas, han sufrido un descenso de competitividad remarcable. El presidente de la Comisión de Economía y Fiscalidad de Fomento, Valentí Pich, y del director de Economía de Foment, Salvador Guillermo, han presentado este y otros análisis que se recogen en el último Informe de Coyuntura económica elaborado por Foment.

En este sentido, y según el análisis de los últimos indicadores, es importante para la economía española en general vigilar la competitividad-precio frente a los socios europeos, dado que los precios internos están creciendo a mayor ritmo que en el conjunto de la eurozona. Esto se debe a que la variación coyuntural de los precios de los productos energéticos repercute con más intensidad en el IPC español. No hay que olvidar que incrementos salariales no sustentados en un avance de la productividad de la economía frenarían la expansión del empleo, que debe ser uno de los principales objetivos a cumplir por el conjunto de actores sociales y el gobierno.

Cataluña: PIB por encima de la media europea; competitividad por debajo

Cataluña tiene un PIB per cápita superior a la media europea (ocupa la posición 78/263 según el Índice de Competitividad Regional (ICR)), pero ocupa el puesto 153 de 263 en cuanto a competitividad de la economía. De acuerdo al conjunto de once indicadores que conforman el ICR, Cataluña se encuentra en una posición destacada únicamente en cuanto al indicador de salud (18/263), mientras que en actividad institucional, educación o innovación se encuentra muy por debajo de la media. Exactamente, si comparamos la situación de Cataluña con la de otras regiones similares (Nordjylland, Gießen, Mazowieckie, Östra Mellansverige, Limburg, Ligúria, Münster, Rhône-Alps, Overijssel, Prov. Oost-Vlaanderen, Közép-Magyarország, Toscana, Lisboa, Kärnten and Koblenz), se aprecia este nivel de debilidad en cuanto a la situación macroeconómica (variable que se mide a nivel estatal), la educación superior y la eficiencia del mercado de trabajo.

Muchas de las regiones mejor posicionadas en el ranking del ICR son capitales o grandes áreas metropolitanas, dado que las capitales tienden a ser las regiones más competitivas de cada país. Asimismo las regiones más competitivas tienen un PIB per cápita más elevado y atraen más inmigración. En las regiones del noroeste de la UE aquellas con mayor nivel de competitividad generan desbordamiento espacial mejorando la competitividad de las regiones cercanas, sin embargo, en los estados del este y sur, la proximidad a la capital no juega como un factor de impulso a la competitividad de las regiones.

A la espera de Trump y el Brexit

El surgimiento de discursos políticos de carácter proteccionista y de movimientos antieuropeos, es uno de los factores que mayor incertidumbre está generando de cara al 2017, año con una nutrida agenda electoral en Europa. Se han despertado grandes interrogantes sobre la política económica de EEUU después de la elección del Presidente Donald Trump. En particular, sobre la orientación de la política comercial y fiscal. De momento, han subido los tipos a largo plazo en EE.UU., dado que se prevén mayores tensiones de precios para el estímulo fiscal que se espera del nuevo gobierno, cuando la economía presenta una robusta creación de empleo con una tasa de paro en cotas mínimas.

En la misma línea, la ejecución del Brexit, también contribuye a este escenario de mayores riesgos políticos. Es su discurso de enero, la primera ministra británica, Theresa May, estableció las líneas para un plan de Brexit «duro» en el que el Reino Unido ya no será parte del mercado único europeo ni de la unión aduanera, hasta que se negocien nuevos acuerdos bilaterales. Si bien es cierto que los datos económicos no han reflejado estas incertidumbres, también lo es que las decisiones de los agentes económicos, como las de inversión para poner un ejemplo, se producen en plazos mayores que los que manejan los mercados financieros -la reacción de los que es más inmediatamente por la existencia de costes hundidos para las empresas e inversores.

Sin embargo, las últimas previsiones señalan que el crecimiento económico mundial continuará en los próximos años y, concretamente, se espera que la actividad económica repunte en el 2017, dado que ha mostrado gran resiliencia frente a un escenario internacional más incierto. En Europa, los indicadores de confianza, actividad y paro se muestran favorables, aunque se mantiene la cautela en los pronósticos a medio plazo. En este sentido, es importante considerar que muchos de los factores que en 2016 han contribuido a dar un mayor dinamismo a la economía europea, irán perdiendo impulso. Por ejemplo, el precio del petróleo se estima que seguirá subiendo gradualmente tras el acuerdo para contener su producción el pasado mes de noviembre.

En España y Cataluña, se prevé un crecimiento del PIB más moderado en 2017 debido al agotamiento de los denominados vientos de cola, pero aún así seguirá siendo superior a la media europea. El balance entre la contribución de la demanda doméstica y exterior será más equilibrado, aunque el saldo comercial se verá en cierta medida afectado por el incremento en el precio del petróleo.

En este contexto, no hay que abandonar las reformas que sigue necesitando la economía española ni iniciar una contrarreforma. La lucha contra el déficit público no debe combatirse con una visión limitada a corto plazo, elevando la carga impositiva a las empresas o eliminando la inversión pública. Por el contrario, es fundamental abordar este desafío desde un enfoque estructural, promoviendo reformas imprescindibles como la inversión en infraestructura productiva que supone el Corredor Mediterráneo.

Reducir el déficit a costa de la fiscalidad empresarial

La adopción de medidas adicionales para alcanzar el déficit el 2016, que se plasmaron en la Real Decreto Ley 2/2016, de 30 de septiembre, y que fue consensuado con el principal partido de la oposición, se focalizó en un mayor esfuerzo para lograr el objetivo por el lado de los ingresos, y especialmente en el impuesto de sociedades. Así, se estableció la obligación de la fijación de un pago mínimo en el impuesto de sociedades del 23%, con carácter general a las empresas la cifra de negocios neta de las que superara los 10 millones de euros. El incremento de recaudación por el impuesto de sociedades en el mes de octubre-noviembre explica el 82,7% del incremento de la recaudación total en estos dos meses.

Adicionalmente, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 3/2016 de 3 de diciembre. Nuevamente, en las medidas se hace hincapié en la fiscalidad sobre las empresas. En la actualización del Plan Presupuestario 2017 aprobado por el Gobierno el 9 de diciembre se expone que las medidas adoptadas se estima un incremento de la recaudación impositiva de 7.505 millones de euros, de los que 4.655 millones corresponden al aumento derivado de las medidas del impuesto sobre sociedades comentadas del Real decreto-ley 3/2016, es decir un 62% (o del 84,5% si se excluyen los mayores ingresos por nuevas medidas de aplazamientos que suponen un incremento de ingresos de 1.500 millones y por la mejora en la lucha contra el fraude, que se estima en 500 millones.