- Es necesario articular un pacto social en Cataluña para facilitar la salida de la crisis, pero con secuelas persistentes por los retos de transformación económica que exigen los nuevos requerimientos derivados de la digitalización y de la economía verde.
- La mejora viene por la vacunación en las economías desarrolladas y por el estímulo fiscal masivo de los EEUU.
- En España y Cataluña, la recuperación de la economía se ha atrasado, principalmente en servicios, debido al mantenimiento de las restricciones que condicionan el normal desarrollo de la actividad en ramas importantes de este sector como la hostelería, el transporte o la restauración.
- La Comisión Europea prevé un fuerte repunte en el crecimiento del PIB de España a partir del segundo trimestre de este año, con una recuperación de los niveles precrisis a finales de 2022.
- Se prevé un aumento del PIB de España de 5,9% para este año y de 6,8% el siguiente.
Las economías española y catalana no han recuperado aún los niveles precrisis. Recientemente la OCDE señalaba que España se encuentra en la cola de la recuperación del nivel precrisis, a diferencia de otros países. Aunque en los próximos trimestres el crecimiento será más intenso. De hecho, la Comisión Europea prevé un fuerte repunte en el crecimiento del PIB de España a partir del segundo trimestre de este año, con una recuperación de los niveles precrisis a finales de 2022. El Plan de Recuperación y Resiliencia tendrá un impacto muy importante en la expansión económica de España, así como el consumo interno y la actividad turística, principalmente en 2022. La Comisión prevé un aumento del PIB de España de 5,9% para este año y de 6,8% el siguiente. Las expectativas de recuperación están en el proceso de vacunación que avanza rápidamente.
Las mejores previsiones para este y el próximo año se deben a la incorporación de los efectos del impulso fiscal en unas pocas economías grandes y a la recuperación esperada a partir de la segunda mitad de este año con la vacunación.
De acuerdo con las valoraciones del FMI, gracias a la respuesta sin precedentes por parte de la política económica, la recesión de la COVID-19 dejará, probablemente, menores secuelas que la crisis financiera de 2008.
Sin embargo, destaca que las pérdidas de producto han sido especialmente grandes en países con fuerte dependencia del sector turístico o exportadores de materias primas y con limitada capacidad de reacción desde el ámbito de la política pública.
Laboral
En el mercado laboral se aprecian signos positivos. En la evolución de la afiliación y del paro registrado se observa un punto de inflexión. Cabe mencionar, que el último día de mayo, se registró en Cataluña un total de 112.089 trabajadores en ERTE, mientras que en el conjunto de España la cifra asciende a 542.142.
Por otra parte, la afiliación total en Cataluña subió un 3,7% interanual en el mes de mayo, en línea con el aumento de 3,8% en España. La cifra de afiliación actual asciende a 3.435.428 y 19.267.221 personas en Cataluña y España, respectivamente. Es importante destacar que ya van tres meses seguidos en los que la afiliación aumenta y cada vez a mayor ritmo.
Precios y financiamento
En España, el IPC continúa subiendo en abril, con una variación anual de 2,2%, casi un punto superior a la registrada en marzo, y la más elevada desde octubre de 2018. La variación mensual, es decir, de abril respecto a marzo, es de 1,2%, en línea con el incremento del mes de marzo (+1,0%).
En Cataluña, el IPC de abril sube un 2%, frente al incremento del 1,3% del mes anterior. Cabe señalar, que la tasa de inflación en Cataluña es una de las más bajas de todas las CCAA (salvo Canarias, Ceuta y Madrid).
Pacte Nacional per a la Indústria 2017-2020: el paper de la concertació social
El Informe de Coyuntura de Foment del Treball analiza el Pacte Nacional per a la Indústria 2017-2020. Un marco de actuaciones concretas consensuado entre agentes sociales y la administración pública, para impulsar la industria catalana, su tejido empresarial y la ocupación de calidad.
Para ello, fueron definidos seis ámbitos de trabajo concretos:
- Competitividad y ocupación industrial (presupuesto de 738,9 millones de euros)
- Dimensión empresarial y financiación (presupuesto de 106,7 millones de euros)
- Industria 4.0 y digitalización (presupuesto de 178,9 millones de euros)
- Formación (presupuesto de 699,1 millones de euros)
- Infraestructuras y energía (presupuesto de 342,9 millones de euros)
- Sostenibilidad y economía circular (presupuesto de 150,4 millones de euros)
En este sentido, recientemente se ha dado a conocer el grado de cumplimiento presupuestario del PNI, con un porcentaje de ejecución total sobre el presupuesto de 1.800 millones de euros del 91%.
Cabe destacar, que en ámbitos como las infraestructuras y energía o la industria 4.0 y digitalización el volumen ejecutado a lo largo de estos años ha sido menor, lo que nos debería llevar a reflexionar sobre la necesidad de reforzarlos para desplegar una ambiciosa política industrial.
En definitiva, esta política industrial debe contener, en el marco de un gran pacto social y económico, herramientas que permitan hacer frente a contextos de crisis, así como también, a los cambios disruptivos que obligadamente tendrá que afrontar el sector, como la digitalización y la producción sostenible.
El PNI 2017-2020 del que recientemente conocemos su balance, aunque puede tener alguna sombra, pone de manifiesto, de nuevo, la necesidad de articular una política económica de carácter concertado con los agentes económicos y sociales.
Por ello, articular un pacto social en Cataluña resulta adecuado por la finalización del mismo, por la actual situación salida de la crisis, pero con secuelas persistentes por los retos de transformación económica que exige los nuevos requerimientos derivados de la digitalización y de la economía verde, y finalmente por la oportunidad, en contenido y recursos que los fondos Next Generation harán en estos siete años, y especialmente en los tres primeros, que deberán administrarse de forma bien enfocada y ágilmente.
Pla d’Estabilitat 2021-2024: senda de reducció del dèficit públic
El Plan de Estabilidad, remitido a Bruselas a finales de abril incluye las perspectivas macroeconómicas y fiscales del Gobierno para el período comprendido entre 2021 y 2024. En este sentido, se prevé una recuperación de la economía española, después de la brutal contracción en el 2020 del 11% del PIB, en forma de V asimétrica, con unos aumentos más fuertes del PIB en los primeros años para después ir moderando su crecimiento a fin del horizonte de previsión.
La recuperación de la economía, en las previsiones del Gobierno, se basa en la dinamización del consumo interno y la normalización de la actividad turística, estimando alcanzar el nivel precrisis en casi dos años más. Vale la pena recordar, que muchas economías ya han recuperado su nivel anterior a la crisis en términos de PIB o lo harán en los próximos trimestres, antes de acabar el 2021.
En cuanto a la demanda exterior, se proyecta la recuperación del balance positivo debido a la reactivación del sector exterior junto con la normalización de la actividad turística internacional.
Si el incremento del déficit se explica por las ayudas directas y los ERTE, la disminución del mismo vendrá también por la retirada de estos conceptos. Es importante, tener en cuenta, y tal como ya han advertido los organismos internacionales, que la retirada de las ayudas debe ser de manera gradual y acompañando la evolución de la actividad o de lo contrario muchas empresas se verán avocadas al cierre, el timing es un elemento determinante en la supervivencia o no de la actividad empresarial en estos momentos delicados, después de un período de crisis corto pero intenso.
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