Foment del Treball ha constituido esta mañana, con la presencia del presidente de Foment Josep Sànchez Llibre y la coordinación de Miquel Roca, el Grupo de Trabajo con los despachos jurídicos de Roca Junyent, Uría Menéndez, Cuatrecases-Gonçalves Pereira, Garrigues, PwC, EY, y Baker & Mckenzie.
El objetivo fundamental del Grupo de Trabajo Jurídico es doble. Por un lado plantear aportaciones de cara al Real decreto ley que está tramitando el Gobierno del Estado por el cual se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Y de otra, dado que este real decreto tendrá un desarrollo autonómico, hacer también propuestas al Gobierno de la Generalitat de cara a las medidas que la Administración Autonómica tendrá que dictar sobre esta materia, bien en ejercicio de competencias propias o bien en ejercicio de sus competencias de desarrollo de la legislación básica.
La finalidad de la actuación de Foment del Treball y del Grupo de Trabajo Jurídico es que la normativa asegure una aplicación eficiente, rigurosa y ágil del Fondo Europeo de Recuperación y de los del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que supere los exigentes requerimientos de Bruselas. A la vez, garantizar la colaboración del sector empresarial, que tiene que presentar y ejecutar las propuestas, y de la administración pública, que tiene que supervisar y establecer los canales por la recepción de las ayudas. Es decir la correcta colaboración público-privada.
Foment del Treball considera que las organizaciones empresariales tienen que tener una importante iniciativa y protagonismo en estos procedimientos.
El objetivo final es tener éxito en la adjudicación de las ayudas para los mejores proyectos transformadores de la economía y que lleguen rápidamente a empresas, pymes y autónomos con rigor y transparencia.
Del mismo modo, Foment reitera que es necesario que los procedimientos públicos de las administraciones estatal y autonómica den agilidad a las propuestas porque no queden retardadas en la fase de tramitación pública.
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