- El progreso y el crecimiento económico ha comportado mayores niveles de consumo de energía, pero el uso masivo de energía ha producido externalidades negativas medioambientales y sociales.
- El cambio climático pasa a ser el mayor desafío global y urgente al que se enfrenta la sociedad. La actual transición energética hacia una economía descarbonizada es un desafío sin precedentes que necesita de la implicación del conjunto de la sociedad.
- Para lograr un sistema de generación eléctrica de cero emisiones se debe disponer de soluciones renovables económicamente viables y una investigación solvente, pero se contrapone el crecimiento de la población y las tasas crecientes de demanda de energía.
- El almacenamiento es imprescindible para que la energía renovable esté disponible cuando se necesita. Es una prioridad de la UE al ser el almacenamiento una pieza fundamental para la integración de las energías renovables.
- El almacenamiento de energía es clave para aprovechar el valor total de los recursos energéticos renovables en nombre de una mayor eficiencia.
El Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña publica el informe Transición energética. Almacenamiento de energía. Centrales reversibles, en el cual propone las actuaciones que se deberían analizar en detalle y priorizar para garantizar un correcto y mejor funcionamiento del sistema eléctrico. El ponente del documento, Carlos Chica, ha explicado que el uso masivo de energía está afectando muy negativamente la atmósfera y los océanos. Dos tercios de las emisiones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico están producidas por la utilización de energía fósil donde representa el 80% del total de la energía primaria del consumo humano.
El calentamiento global provoca impactos y condiciones climáticas anormales donde cada vez más tendrá repercusión en nuestras economías, nuestro entorno natural, la salud y la vida cotidiana. El cambio climático pasa a ser el mayor desafío global y urgente a que se enfrenta la sociedad. Para tener éxito en la lucha contra el cambio climáticoes necesario un firme compromiso, una gobernanza global, proponer un sistema de mecanismos e incentivos y disponer de un conjunto de tecnologías e innovaciones.
En Europa es la política energética y del clima la encargada de definir las principales líneas de actuación para dar respuesta a los mencionados retos. Descarboniztar el sector energético es uno de ellos y requiere el desarrollo tecnológico y la movilización de grandes inversiones. Tanto la Comisión Europea como el Gobierno Español y la Generalitat de Cataluña se han involucrado modificando las legislaciones para promover esta transición energética tendente a la neutralidad climática y al sector eléctrico un uso próximo al 74% en 2030 y al 100% al 2050 en energías renovables. En el sector eléctrico se apuesta por las renovables.
Estas energías renovables resultan no gestionables en un alto porcentaje por lo tanto hay que proveerse de capacidad de apoyo cuando faltan o de capacidad de almacenamiento cuando sobran. El almacenamiento es imprescindible para que la energía renovable sea gestionable. Todo esto comportará no solo la necesidad de remuneración del almacenamiento sino también de la potencia disponible garantizada para cubrir rampas de la curva generación / demanda que generan las renovables como también de los servicios complementarios asociados a la gobernabilidad del sistema eléctrico.
Las centrales hidroeléctricas reversibles o de almacenamiento por bombardeo, permiten gravitatoriamente el almacenamiento de energía mediante el bombeo de agua desde un embalse inferior a otro embalse superior próximo, y su conversión de nuevo en energía eléctrica por turbinació. El almacenamiento de energía con centrales hidroeléctricas reversibles permite aprovechar gran número de embalses ya construidos y obtener una regulación horaria, semanal y estacional.
La propuesta del Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña
En la actualidad, sin perder de vista la emergencia climática, no podemos obviar el momento en que nos encontramos con la crisis de la COVID-19, puesto que la lucha sanitaria para contener la pandemia mediante el confinamiento, que ha tenido un elevado coste social y económico por la interrupción de las actividades, ha producido el correspondiente aumento de la desocupación y la caída del PIB. Es necesaria una estrategia rápida clara y realista de salida de la crisis, que en el sector eléctrico, necesitará más que antes tecnologías probadas y más inversión privada.
Para reforzar esta línea de actuación hay que conseguir fomentar el autoconsumo y el autogeneració, una rápida y mayor eficacia en la transición energética basada en las energías renovables y se propone:
01 Seguridad jurídica y gobernanza energética estable
La variabilidad de la producción de las principales fuentes de energía renovable (fotovoltaica y eólica), la incertidumbre de su predicción, los excedentes de generación no integrables en el sistema, así como la estabilidad de la red, la flexibilidad de operación y la regulación, hacen que el almacenamiento de energía mediante centrales reversibles tome mayor relevancia puesto que el sistema eléctrico no es solo infraestructuras de generación, hace falta una regulación de sistema, modelos de negocio claros y mercados eléctricos de energía y capacidad, todo esto para darle consistencia y calidad.
Igualmente, en la actualidad, hay una gran incertidumbre sobre la rentabilidad de las inversiones futuras por lo cual se tendría que plantear una clara planificación, la estabilización del marco legal que proporcione seguridad jurídica y económica junto con la precaución de acompasar cualquier tipo de almacenamiento de energía con el crecimiento de las energías eólica y fotovoltaica, por no comprometer su rentabilidad como consecuencia de los vertidos de electricidad a que se podrían ver abocadas.
02 Adecuación de les tarifas eléctricas
Las tarifas eléctricas tendrían que adecuarse para favorecer la transición energética mediante la electrificación de la economía, para lo que conviene enviar una señal de precios eficiente al consumidor con la definición de una adecuada metodología de cálculo de los peajes y cargos del sistema eléctrico teniendo en cuenta los costes ambientales y la fiscalidad. Se debe clarificar lo más bien posible la remuneración del almacenamiento de energía, definiendo en el ámbito del operador de sistema eléctrico, los servicios a prestar por estas centrales, la modalidad de contratación y los ingresos a percibir.
Para garantizar las inversiones necesarias en flexibilidad que permitan el correcto funcionamiento de sistema eléctrico, incluyendo las inversiones en almacenamiento por bombeig en centrales reversibles, hace falta que la política tarifaria incentive estas inversiones.
03 Agilización de permisos administrativos y eliminación de barreras
Es necesario un apoyo decidido de la Administración hacia estas infraestructuras de bombeo. Para lo cual hay que superar la actual descoordinación entre los diferentes niveles de la Administración.
Solo así será posible lograr las previsiones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para el 2030 en relación a la disponibilidad de mayor capacidad de centrales reversibles de bombeo.
En consecuencia, para conseguir un pleno desarrollo del almacenamiento mediante centrales hidroeléctricas reversibles aportando flexibilidad al sector eléctrico, se requieren apoyos para la eliminación de barreras de mercado, regulatorias y administrativas que lo retardan, así como el reconocimiento económico de la importante misión que aquellas ejercerán en el futuro.
04 Fomento de la colaboración Público-Privada (CPP)
La transición energética será consumidora de recursos financieros importantes. Y los problemas de escasez son muy conocidos en economía, motivo por el cual hay que evitar la comisión de costosos errores. El desprecio a las economías de escala, el aprendizaje de tecnologías o el despliegue de las redes encarecerán el intenso proceso de cambio y transición energética que comporta el replanteamiento y transformación de todo el sector energético.
De los 241 mil millones de euros del actualizado borrador del PNIEC, el Gobierno mantiene la voluntad de seguir potenciando las inversiones del sector privado de forma que estas sean el 80% del total. Esta voluntad se tiene que plasmar en la adopción de las medidas necesarias porque así sea, más encara en la etapa puesto Covid-19.
El Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña en su tercer documento «La colaboración publico privada, un modelo necesario» posó de manifiesto la necesidad de una serie de actuaciones porque sea efectiva una CPP, que serían de directa aplicación a casos como estas infraestructuras de almacenamiento de energía por bombeo, puesto que el sector privado realiza la inversión, la finanza y explota durante el periodo concesional bajo la inspección de la Administración y con sujeción a la concesión o en las cláusulas del pliego de condiciones del concurso correspondiente.
05 Aceptación social
Hace falta una aceptación social de esta transición energética que requiere una comprensión tanto de su necesidad como de la equidad en el reparto de los costes. Por este motivo la política energética tiene que adoptar un papel didáctico para hacer comprender a la sociedad civil los caminos y tecnologías más eficientes para conseguir una transición que requiere el esfuerzo de todos. Hay que tener en cuenta, todo y las corrientes de opinión de diferentes «modas» y discursos mediáticos, que en cualquier transición energética se tiene que garantizar, mediante tecnologías suficientemente probadas la Accesibilidad (la energía tiene que ser asequible para las familias y competitiva por las empresas); la Seguridad (mantener la continuidad y calidad de servicio incluso con máximas demandas y condiciones extremas); y el mínimo Impacto Ambiental (minimizar emisiones GEH, NOx, partículas, residuos…).
Todo la expuesto pone de manifiesto, desde las primeros pasas de la planificación de la transición energética, la necesidad de introducir en el marco normativo reglas efectivas que den seguridad jurídica, y que propicien actuaciones financieramente sostenibles y atractivas para inversores y, en general, para todos los operadores de este importante sector de la economía.
Sobre el Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña
Este es el séptimo informe que presenta el Consejo Asesor desde su constitución en 2017. Está formado por catorce expertos independientes de reconocido prestigio, experiencia y trayectoria profesional contrastada de varias especialidades técnicas en el sector de las infraestructuras, tanto en el sector privado como en el público. Los miembros fundadores del Consejo Asesor son la Asociación Catalana de Empresas de Ingeniería y Consultoras Independientes de Cataluña (ASINCA), la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC), Foment del Treball Nacional (FTN) y la Fundación Círculo de Infraestructuras (FCI). También colaboran la Cámara de Concesionarios y Empresas vinculadas al Sector Público en el ámbito de las Infraestructuras, los Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES), el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canals y Puertos de Cataluña, la Confederación Catalana de la Construcción (CCC) y el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITEC).
Comments are closed.