- Los expertos consideran que “no podemos oponernos”, si bien añade que no puede ser la respuesta con la que pretender solucionar el gravísimo problema de la situación de colapso de la administración de justicia.
- La Administración de Justicia debe tener la estructura organizativa y los medios humanos y materiales suficientes para administrar justicia, en tiempo y forma. Esta es la respuesta que debe exigirse a nuestros representantes políticos.
La Comisión Jurídica de Foment ha hecho público su posicionamiento respecto a la decisión de habilitar, por primera vez, del 11 al 31 de agosto la celebración de las vistas y el transcurso de los plazos procesales, lo que ha motivado fuertes críticas por parte de los colegios de abogados. La comisión de Foment asume con precauciones la decisión del Gobierno porque entiende que “no podemos oponernos a la medida de habilitar el mes de agosto, medida que puede justificarse como respuesta parcial y excepcional con la que tratar de paliar, aunque sea mínimamente, la situación de colapso de la administración de justicia”. Sin embargo, en su deliberación destaca también que declarar hábil el mes de agosto para aquellos órdenes jurisdiccionales y materias jurídicas para los que habitualmente es inhábil no puede ser la respuesta con la que pretender solucionar este gravísimo problema.
La polémica surgió a partir de la aprobación del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, que establece medidas organizativas, procesales y de seguridad laboral para la vuelta a la actividad de los juzgados y tribunales tras el confinamiento derivado de la crisis sanitaria del coronavirus. La decisión se justificó para lograr que no se paralice del todo la actividad en órganos judiciales durante un mes más y, a la vez, no perjudicar la conciliación de abogados y procuradores.
Desde la comisión de Foment se asume esta decisión como la “manifestación de la voluntad de jueces, magistrados, personal de la administración de justicia, abogados y procuradores de colaborar con su trabajo a la mejor prestación de un servicio esencial.”
Administrar justicia en tiempo y forma
La pandemia del COVID 19 y las medidas adoptadas por los Gobiernos estatal y autonómico en relación con la administración de justicia han agravado el colapso general ya existente de juzgados y tribunales. La comisión de Foment argumenta que “la configuración del Poder Judicial como el último reducto en la defensa de los derechos e intereses de las personas, y como instrumento de control del poder, exige que su administración se sujete a los principios de eficacia y efectividad”
De mismo modo, entiende que la situación actual pone de nuevo en evidencia que la Administración de Justicia debe tener la estructura organizativa y los medios humanos y materiales suficientes para administrar justicia, en tiempo y forma. Esta es la respuesta que debe exigirse a nuestros representantes políticos.
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