- Son imprescindibles ayudas directas a los sectores, empresas y trabajadores más afectados por la pandemia para que puedan llegar a la recuperación.
- España es uno de los países de Europa que menos ha gastado en ayuda directa a diferencia de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido.
- Esta brecha se cifra en 50.000 millones de euros y, por tanto, los 11.000 anunciados por el Gobierno son un primer paso, pero insuficiente.
Los programas de vacunación, la política monetaria expansiva y los planes de estímulo fiscal anunciados en EEUU y Japón, influyen en la mejora de las previsiones de crecimiento económico para 2020 y 2021 del FMI, a pesar de las diferencias observadas entre países a nivel mundial. Además, el segundo semestre del 2020 fue, en general, mejor de lo esperado inicialmente a medida que la economía ha ido adaptándose a las restricciones sanitarias requeridas para el el control de la pandemia.
La diferencia en los ritmos de recuperación entre países se da, no sólo por los distintos programas de ayudas a familias y empresas, sino también por la diferente especialización productiva de cada economía. La evolución de los servicios, a nivel global, está siendo más negativa que la de la industria, por ejemplo, ya que las limitaciones sanitarias tienen especial incidencia en sectores como el turismo y el comercio. Según el FMI el comercio de bienes se espera que aumente un 8% en 2021 y un 6% en el 2022, y se espera que la recuperación sea más intensa en bienes, mientras que se hará más suave en servicios.
A medida que avance el proceso de vacunación, se vaticina un mayor optimismo, que pueda trasladarse a consumo y a demanda interna, a medida que ésta vaya avanzando con fuerza, a la vez que se suavice la tasa de ahorro, que en determinados momentos subió de forma significativa como consecuencia del miedo a la pandemia y a sus efectos sobre la economía.
Los mercados financieros están adelantando la fase de recuperación a partir del anuncio del desarrollo de vacunas y de planes de vacunación contra la COVID-19, mostrado en la evolución de los índices bursátiles, para España y otros países, que repuntaron a partir del mes de noviembre del año pasado.
El impacto de la crisis sanitaria fue muy profundo en todas las economías, que presentaron una caída del PIB muy fuerte. No obstante, comparativamente, la sensibilidad del empleo a cambios en el PIB resulta mucho mayor en España que en otros países, como Alemania, Francia o Italia. En estos casos, a diferencia de la economía española, la caída del empleo ha sido más contenida, mientras que en España, la fuerte contracción de la actividad productiva ha tenido un impacto muy severo en el mercado laboral.
De ahí, que resulte aún más relevante asistir a los sectores más afectados para controlar el efecto devastador del desplome de la economía sobre los puestos de trabajo.
Por todo ello, las medidas de ayuda directa a los sectores, empresas y trabajadores más afectados por la crisis, deben implementarse rápidamente y de una magnitud muy semejante a los importes en términos de PIB que se han dado en otros países europeos, a fin de acelerar la recuperación del empleo, ya que la economía española ha sido una de las más damnificadas.
Foment del Treball reclama nuevamente, en la presentación de su Informe de Coyuntura Económica correspondiente al mes de marzo, una dotación importante de ayudas directas, que hace semanas se situaba sobre los 50.000 millones de euros, para equipararnos a los países grandes de nuestro entorno. Llegamos tarde y con subdotación de recursos, lo cual acentúa las secuelas de la crisis.
La patronal considera que el anuncio de 11.000 millones de euros para los sectores más afectados debe entenderse como un primer paso, y debe implementarse sin demora, pero no es suficiente.
Ante el alargamiento de la crisis y de las restricciones de actividad y de movimiento por razones de salud pública, para evitar una crisis de solvencia, Foment insiste en una política de ayudas directas que compensen, en parte, el coste de parar la actividad por razones sanitarias, ya que no resultaría equitativo cargar sobre estas empresas y sectores los costes de la crisis sanitaria, sin una compensación legítima, aunque sea parcial, pero equivalente a la que se hacen en otros países de la Unión Europea.
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