Con la publicación del Real Decreto 56/2016 por el que se transpone parcialmente la Directiva europea de eficiencia energética, que supone la obligación para las grandes empresas de realizar auditorías energéticas. Conocer los detalles técnicos para el cumplimiento de la norma así como la nueva estrategia de impulso de Eficiencia Energética de la Generalitat de Catalunya, centraron una sesión informativa del Fórum Energía Empresa, celebrada en Foment del Treball.
La jornada contó con la participación de la Directora del Institut Català de l’Energia (ICAEN),Assumpta Farran; Juan Carlos Tobias Martínez, Director Gerente de MARSAN; y Álvaro Pastor Peral, Responsable Técnico del Área de Eficiencia Energética de MARSAN.
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Assumpta Farran hizo un repaso por la evolución de las prioridades energéticas de Europa y del propio ICAEN a lo largo de los últimos 25 años, destacando que en sus orígenes ya contemplaban un gran impulso a la eficiencia energética, la cogeneración y las renovables, que permitió que Cataluña registrase avances notables en esos ámbitos. Ese impulso ahora debe ser renovado a la luz de las nuevas directivas comunitarias y de los ambiciosos objetivos que la UE se ha marcado para 2030. Por otra parte, destacó que el nuevo sistema energético catalán persigue un nuevo eje social, además del triple objetivo de la garantía de suministro, la sostenibilidad económica y la ambiental. Para Farran, “la energía no puede prescindir del ciudadano”.
Entre los nuevos objetivos estratégicos del ICAEN, además de impulsar un cambio cultural en el ámbito energético, está el de promover la movilidad eléctrica, con el impulso a las infraestructuras pendientes para hacer posible su recarga en carretera, y el impulso a la eficiencia energética tanto en el ámbito de la edificación como en el industrial, promoviendo modelos de eficiencia que sirvan realmente para garantizar ahorros.
Para la Directora del ICAEN, el sistema energético catalán se encuentra ante muchos retos: “Por un lado, la dependencia de los recursos energéticos fósiles. Por otro, los impactos crecientes del actual modelo energético sobre el medio ambiente y la salud: el cambio climático y la calidad del aire en las grandes ciudades”. De aquí que, según ella, la revolución energética de los próximos 20 años pase por el almacenamiento de energía eléctrica y la integración de las energías renovables, especialmente en el ámbito de la movilidad.
Por su parte, Álvaro Pastor y Juan Carlos Tobías explicaron las implicaciones que tienen las auditorías energéticas obligatorias para la gran empresa. Con la entrada en vigor el pasado febrero de 2016 del Real Decreto 56/2016, se establece la obligación de realizar auditorías energéticas para las grandes empresas, de más de 250 trabajadores o más de 50 millones de euros de volumen de negocio.
Sobre cómo llevar a cabo esta auditoría, Pastor explicó que se empieza por un procedimiento técnico de análisis de comportamiento y consumo energético, que conlleva una evaluación energética que se realizará con herramientas de simulación, cálculos y estimaciones, a partir de valores contrastados y datos de fabricantes, entre otros. Esta evaluación deberá acompañarse de una valoración económica que incluya una estimación de la inversión inicial, costes anuales de operación y cálculos de ahorro anuales. El objetivo final será la propuesta de medidas de ahorro energético (MAE’s) que sean técnica y económicamente viables, además de seguras, desde la perspectiva de la prevención de riesgos.
Pastor también indicó que cada 4 años se tendrán que renovar las auditorías energéticas y deberán tener un alcance del 85% del consumo total de energía en las instalaciones.
Por su parte, Juan Carlos Tobías destacó que el informe de auditoría, acompañado por el plan de implementación asociado, debería ser una herramienta de decisión para la reducción de costes en las organizaciones, “independientemente de las obligaciones impuestas por la legislación”.
En el turno de preguntas, quedó claro que este plan de implementación no supone que la empresa deba realizar las inversiones identificadas en el mismo de forma obligatoria, si bien en las auditorías energéticas futuras se prevé una pregunta sobre las inversiones realizadas en el periodo anterior.
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