- Se debe homologar la legislación actual a la de otros países europeos donde los desalojos son inmediatos.
Foment del Treball ha denunciado hoy en rueda de prensa la okupación delinquèncial cada vez más manifiesta en España y Cataluña. El presidente de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, ha alertado del aumento del 18% de las okupaciones de viviendas al 2021, hasta 13.389 casos en España, el 42% de los cuales, 5.589, en Cataluña, y ha advertido de la existencia de una «situación de alarma social» por este incremento.
Sánchez Llibre ha asegurado que este tipo de okupaciones «se están convirtiendo en un gran negocio para las mafias organizadas, que son las grande beneficiadas”, y ha pedido una reforma de la legislación actual para homologarla a la de otros países europeos donde los desalojos son inmediatos.
En este sentido, ha mostrado el apoyo de Foment a las propuestas presentadas por el Colegio de Abogados de Barcelona (Icab), el Colegio de Abogados de Mataró y el Colegio de Abogados de Málaga (ICAMalaga).
Estas propuestas se basan en la reforma del Artículo 13 de la Ley de enjuiciamiento criminal para permitir los desalojos inmediatos; de la Ley del régimen de bases locales para dar atribuciones a los ayuntamientos para coordinar a los cuerpos de seguridad; y de la Ley de propiedad horizontal para dar legitimación para actuar en las comunidades de propietarios.
El miembro de la Comisión Jurídica de la patronal, Emilio Zegrí, ha explicado que el PDeCAT prevé llevar estas modificaciones al Congreso de los Diputados en septiembre, y ha recordado que el código penal protege adecuadamente la propiedad privada, aunque el colapso en los juzgados retrasa los desalojos: «lo que no puede ser es que las administraciones trasladen una obligación propia a los ciudadanos, haciendo mermar el Derecho a la Propiedad para hacer cumplir otro derecho».
E El presidente de la Asociación de Propietarios de Cataluña, Sergi Llagostera ha lamentado el «abandono total y absoluto» de las administraciones en este campo y ha apuntado el perjuicio que se provoca a los propietarios, no solo a los grandes, sino también a los pequeños y medios y en las comunidades vecinales, además de los abusos que las mafias organizadas ejercen sobre las familias en una situación económica y social precaria.
La responsable de Relaciones Institucionales de Foment, Montse Surroca, ha explicado que desde la patronal se hablará con todos los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados para que apoyen la proposición de ley que presentará el PDCat: «Hacemos un llamamiento a los grupos parlamentarios del Congreso para que apoyen esta iniciativa contra la okupación delinquencial».
Además, el presidente de Foment ha pedido la máxima complicidad de las Administraciones para elaborar un plan de choque social para resolver la carencia de vivienda social en Cataluña.
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