- La subida de precios significativa por el contexto geopolítico actual exige la aplicación rápida de medidas, hace falta una intervención de urgencias.
- Se debe evitar las ganancias caídas del cielo que tiene Hacienda con la subida de precios de la energía, y hay que reducir ya su imposición. Lo que va bien a Hacienda, no necesariamente va bien al país.
- Foment arrecia la apuesta por el Pacto Nacional por la Industria y por una agenda económica y social que facilite la digitalización y sostenibilidad de nuestra economía, con un enfoque claramente competitivo para recuperar la pérdida de dinamismo económico de Cataluña en relación a otras CCAA.
- La patronal catalana muestra preocupación por los mayores niveles de regulación en el ámbito sectorial y defiende una “Better Regulation”. Se debería revisar la normativa actual, hacer comparativa con los criterios europeos, y adoptarse posiciones que potencien el atractivo del territorio.
Foment del Treball pide ejecutar de manera inmediata un plan de apoyo para encarar los efectos, en este caso económicos, derivados del conflicto de Ucrania. Insiste especialmente en la aplicación rápida de las medidas fiscales para rebajar el incremento desproporcionado de la subida de precios de los carburantes y del recibo de la luz de los últimos meses, que se ha disparado más intensamente desde que Rusia inició la invasión de Ucrania. Se deben evitar las ganancias caídas del cielo que tiene Hacienda con la subida de precios de la energía, y hay que reducir ya su imposición. Lo que va bien a Hacienda, no necesariamente va bien al país. Así lo manifiesta el Informe de Coyuntura Económica del 1r trimestre del 2022 elaborado por el departamento de Economía.
El año ha comenzado con un nivel de incertidumbre muy alto debido a la materialización de ciertos riesgos que han incrementado notablemente la vulnerabilidad de la economía mundial. Caldrà veure com evoluciona en els propers mesos, però la probabilitat d’una certa estagflació sembla descartada segons les darreres previsions, les quals assenyalen que la inflació es corregirà al 2023.
El conflicto bélico entre Ucrania y Rusia y la elevada inflación constituyen sendos obstáculos para la recuperación de la economía global tras la crisis del COVID. En este sentido, ya se están observando las consecuencias como el cambio de rumbo de la política monetaria por parte de muchos bancos centrales o el aumento de precios más generalizado y persistente de lo inicialmente esperado, aunque el conflicto bélico y un empeoramiento de las expectativas de crecimiento, puedan retrasar la elevación de los tipos de interés. Por otra parte, el aumento de los precios de las materias primas y de la energía empujan a una subida. En el muy corto plazo cabe una cierta contención, pero si perdura la tensión de precios, los bancos centrales subirán los tipos más rápidamente y de forma más intensa.
En cuanto a los precios, en España, el IPC de enero registró una variación anual de 6,5% y, en Cataluña, el IPC subió un 6,1%. Cabe destacar que la inflación para el mes de febrero fue de 7,6% para el conjunto de España, un punto por encima de la inflación de enero, que se debe fundamentalmente al incremento de los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas y de carburantes y combustibles. Asimismo, la inflación subyacente ha aumentado hasta el 3,0%.
En relación con la evolución futura de la economía española, las previsiones de la Comisión Europea implican un crecimiento del 0,6% en el primer trimestre del año, y tasas de variación superiores al 1,0% en el resto de los trimestres hasta principios de 2023. El aumento del PIB para 2022 se estima de 5,6% y de 4,4% para el año que viene. La brecha de producto respecto al nivel precrisis se cerrará, según la Comisión, en el cuarto trimestre de este año.
Las proyecciones del FMI van en la misma línia que las de la Comisión, aunque marcan un mayor crecimiento este año y una moderación más pronunciada el próximo.
La necesidad de articular una agenda económica y social potente
Especialmente, en los últimos años prepandemia la economía madrileña ha mostrado un comportamiento más dinámico. El informe muestra las diferencias a largo plazo que se han dado, a la luz de los datos, en las dos CCAA más dinámicas, y cómo resulta todavía más relevante apuntalar y reforzar una agenda a largo plazo, que facilite la digitalización y sostenibilidad de nuestra economía, con un enfoque claramente competitivo, que exigirá una agenda económica y social potente para recuperar un mayor dinamismo, en un contexto de recuperación y en un entorno de mayores dificultades e incertidumbres.
En cuanto al crecimiento del PIB, se observa una evolución muy similar entre ambas comunidades desde 2001, tanto en el sentido como en la magnitud, aunque ligeramente más dinámica la economía madrileña.
Por otra parte, la tasa de paro, al principio de 2010, era de 15,9% en Madrid y de 17,9% en Cataluña. Esta brecha a favor de Madrid se ha ampliado hasta superar los 4 puntos porcentuales, para después comenzar a reducirse a partir de 2013, llegando incluso a ser favorable a Cataluña en 2018. Actualmente, ambas tasas de paro se encuentran en un nivel similar: 10,1% tanto en Cataluña como en Madrid.
En relación con el mercado de trabajo, cabe destacar que la tasa de actividad es mayor en Madrid que en Cataluña, es decir, que un porcentaje mayor de la población en edad de trabajar quiere hacerlo.
Un elemento muy importante para señalar es la inversión extranjera, que se concentra en Madrid. En la década 2010-2020, la inversión extranjera neta fue, de media, de 8.600 millones de euros inferior en Cataluña respecto a Madrid por año.
La Comunidad de Madrid cada vez absorbe mayores cuotas de la inversión extranjera y de la posición extranjera en España.
Sobre el sector exterior, particularmente las exportaciones, en Cataluña existe una fuerte base de empresas que venden al exterior fundamentalmente por el peso relevante de la industria en la estructura productiva catalana, a diferencia de Madrid. Además, Cataluña cuenta con dos puertos importantísimos, como lo son el Puerto de Barcelona y el de Tarragona, por donde tiene salida un importante volumen de las exportaciones, que lo hace un fuerte factor de atracción.
En relación con el mercado de trabajo, cabe destacar que la tasa de actividad es mayor en Madrid que en Cataluña, es decir, que un porcentaje mayor de la población en edad de trabajar quiere hacerlo.
Regulación: su incidencia en los últimos 25 años
El Banco de España ha publicado un estudio en el que analiza de manera cuantitativa la regulación sectorial a nivel desagregado de España, a partir de la creación de una base de datos que computa el volumen de nueva regulación, para 23 sectores de actividad, por comunidad autónoma, a lo largo del período 1995-2020, año a año. Dicha base de datos ha supuesto la identificación y clasificación de 206.777 normas.
Cataluña ha sido la CCAA que mayor regulación ha aprobado estos últimos años en comparación con otras con complejidades parecidas como Madrid o el País Vasco, que se sitúan en la parte media o baja de la tabla comparativa. De ahí que, desde Foment del Treball, concluyamos que en Cataluña existe un exceso de regulación, derivando en unos mayores, innecesarios y evitables costes para las empresas catalanas, resultando a su vez en una pérdida de competitividad frente a otras CCAA de España y de terceros países. Por tanto, deberían adoptarse posiciones que revisasen la normativa actual, con criterios europeos pensando en las pymes y que potencien el atractivo del territorio.
La excesiva regulación actual sumada a una fiscalidad creciente, no favorecen la actividad económica y empresarial y disuaden la atracción de inversiones y de talento en Cataluña. Cosa que puede explicar, en parte, la principal causa de la localización de numerosas empresas en zonas próximas a Cataluña situadas en la franja del territorio.
Toda regulación debe buscar la defensa del interés general y evitar al máximo sus efectos secundarios negativos. Por tanto, un mal diseño de la regulación puede conducir a un aumento de los costes de transacción en vez de su reducción, de ahí que se deba apostar por una “Better Regulation”.
A mayor complejidad de la regulación, mayor coste el acceder o comprender el marco regulatorio y resulta más gravoso para las empresas. Este coste es mayor a medida que aumentan el volumen y la diversidad de las administraciones reguladoras.
Tras el análisis de la base de datos, se concluye que la regulación sectorial en España es creciente a lo largo del tiempo. En promedio, durante el período 1995-2020, fueron aprobadas 7.953 normas nuevas anualmente. Esa cantidad fue aumentando de forma significativa con el desarrollo del estado autonómico hasta alcanzar un total de 12.250 nuevas normas en 2020 y 12.704 en 2021.
Las distintas CCAA muestran perfiles diversos en cuanto al volumen y perfil de su regulación. Pueden observarse correlaciones elevadas entre el peso de la normativa en cada CCAA y el peso de la región sobre el PIB total del Estado, y entre la producción normativa bruta de cada CCAA y el PIB regional. Los sectores relacionados con los servicios y la agricultura están por lo general más regulados que los industriales.
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