La licitación oficial de obras en Cataluña ha aumentado en 2018 un 1% respecto al 2017, alcanzando 1.671,2 millones de euros, gracias al impulso de la Administración Local. Este importe es muy inferior a la media de los últimos veinte años, unos 3.750 millones anuales, a precios constantes. Por ello, el bajo volumen de licitación agrava el crónico déficit de inversión en infraestructuras, pues «la licitación de hoy es la producción / inversión de mañana». a Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC) ha presentado su informe sobre la licitación del año 2018:
La Administración Local, que ha aumentado el volumen en un 4%, es el nivel administrativo más activo, con un 64% sobre el total licitado, habiendo publicado anuncios de solicitud de ofertas por un importe de 1.063 millones de euros . El hecho de que el año 2019 se celebren elecciones municipales ha sido determinante para el dinamismo de los entes locales. Este impulso, sin embargo, no tendrá continuidad una vez finalicen los comicios, por lo que se prevé que la licitación de los entes locales el próximo año sea ínfima.
En cuanto a la Generalitat, la licitación ha disminuido un 14%, siendo el valor de los concursos de 356 millones de euros, el 21% del total.
Finalmente, la Administración General del Estado (AGE) ha aumentado la licitación un 16%. El importe ha sido de 253 millones de euros, el 15% del total, incluyendo organismos con ingresos de explotación propios, en gran parte sufragados por el pago de los usuarios, como por ejemplo, AENA-ENAIRE, ADIF, Autoridades Portuarias de Barcelona y Tarragona, Renfe o Correos.
Además de la baja licitación en obras, la ejecución presupuestaria de inversiones reales de la Administración General del Estado y su sector público, datos que publica la Intervención General del Estado, también ha sido escasa. De enero a junio de 2018 (último dato disponible), se han invertido 319 millones de euros, el 24,3% de los 1.312 millones de euros de crédito o inversión inicial regionalizable consignados en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Los años 2015, 2016 y 2017, la ejecución de las inversiones reales fue del 70%, 56% y 81%, respectivamente.
La inversión de la Administración General del Estado en Cataluña es fundamental para la competitividad de la economía catalana y el bienestar de sus habitantes, pues las infraestructuras de su competencia son todas de carácter estratégico para el desarrollo.
Por otra parte, la licitación de servicios que son de interés de las empresas constructoras y sus grupos ha alcanzado en 2018 unos 2.912 millones de euros, que representa un incremento muy sustancial respecto del año 2017, del 551% de nuevo gracias a la actividad de los entes locales. La Recogida de residuos municipales y limpieza del espacio público en la ciudad de Barcelona (2019-2027), por 2.233,3 millones de euros y el Acuerdo marco de servicios y suministro de elementos de eficiencia en el alumbrado público, con destino a las entidades locales de Cataluña, del Consorcio Catalán para el Desarrollo Local, por importe de 65 millones de euros, han sido determinantes para hacer del 2018 un año excepcional.
La CCOC reitera la necesidad de que las infraestructuras se planifiquen a medio-largo plazo (10-15 años), independientemente de los periodos electorales, en función de su demanda, y que sean previamente evaluadas según criterios de coste beneficio que aseguren su rentabilidad económica, social y ambiental.
La CCOC también insiste en recordar que la inversión pública debe ser estable y previsible para suavizar los ciclos económicos, dar certeza a los agentes económicos y evitar fuertes ajustes del sector en tiempos de crisis, y que la licitación mínima regular y recurrente de todas las administraciones que requiere Cataluña para satisfacer sus necesidades en infraestructuras económicas y sociales [1], presentes y futuras, debería ser, aproximadamente, del 2,2% del PIB (unos 5.000 millones anuales).
[1] Las infraestructuras las podemos dividir en económicas o directamente productivas (por ejemplo, las de transporte, servicios públicos, servicios de telecomunicaciones o la gestión del suelo), que afectan directamente al proceso productivo y la productividad de los factores, y las infraestructuras sociales (como las educativas, sanitarias, centros asistenciales y culturales, edificios y equipamientos empleados por la administración), que sólo participan indirectamente en la producción a partir de los servicios que ofrecen a la población.
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