- En el año 2019 la inversión en construcción en Cataluña fue de 19.754 millones de euros, con un crecimiento del 2,8%, muy por debajo de los 33.716 millones de euros del año 2008.
- Las previsiones para el 2020 indican que la inversión en construcción puede caer entre un 20% y un 25%. El sector acumula ya 13 años de crisis continuada.
- La construcción es un sector con alto retorno económico y social, pieza clave para la recuperación económica del país por su efecto locomotora y en la lucha contra el cambio climático.
- Por todo esto hoy pedimos al conjunto de las Administraciones Públicas, un esfuerzo inversor planificado, recurrente, ordenado en el tiempo, priorizando las inversiones en infraestructuras y equipaciones en función de su retorno económico, social y medioambiental, que permita preservar las empresas y crear ocupación.
- El Plan de Recuperación previsto por la Unión Europea apuesta por la inversión pública en construcción y energías renovables, admitiendo incluso el incremento del déficit público por este motivo.
La Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya ha presentado el informe «El sector de la Construcción en Cataluña 2019 y previsiones para el 2020”, del cual se desprende que la inversión en construcción en Cataluña aumentó en 2019 un 2,8% en volumen, logrando 19.754 millones de euros, aportando un 8% del PIB, en un contexto, durante la segunda mitad del año, de desaceleración y menor confianza. Esta cifra se sitúa muy por debajo de los 33.716 millones de euros de inversión del 2008, año de inicio de la crisis. El peso de la inversión en construcción en el PIB fue el 2019 del 7,9%, inferior a la media de la Unión Europea (10% del PIB) y de España (9,1% del PIB). La actividad estuvo liderada por la edificación privada y, en menor medida, por la obra pública, ambas con valores muy por debajo de la media histórica.
El número de viviendas acabadas en Cataluña aumentó un 78%, (con un total de 12.919 viviendas construidas, que representan un 17% de los que se finalizaron el 2007, año que el sector produjo 74.802 viviendas). Además, el valor de liquidación del presupuesto de ejecución material para edificación residencial y no residencial de las certificaciones de fin de obra de los colegios de arquitectos técnicos y aparejadores muestra que la liquidación del presupuesto fue, el 2019, de 2.200 millones de euros (un 76% superior a la del año 2018, si bien se tiene que tener en cuenta que se partía de cifras muy bajas).
La licitación se incrementó un 17%, en 2019, logrando 1.947 millones de euros. A pesar de la mejora experimentada los últimos tres años, este importe solo supone la mitad de la licitación mediana de los últimos 20 años (3.750 millones de euros anuales a precios constantes) y queda lejos todavía de las necesidades de la economía catalana y de sus ciudadanos, de aproximadamente unos 5.400 millones anuales (el equivalente al 2,2% del PIB, de acuerdo con la tendencia de los principales países europeos durante los últimos 20 años).
El aumento de consumo de cemento (18%), de la producción de hormigón (7,8%, 3.º trimestre) y de la afiliación a la Seguridad Social (3,9% en media anual), así como el aumento del número de empresas (2,5%), confirman que en 2019 aumentó la actividad al sector de la construcción.
Previsiones para el 2020
Los indicadores avanzados de actividad, como por ejemplo la licitación oficial de obras y los visados de los colegios de aparejadores, arquitectos técnicos e ingenieros de edificación, apuntaban que el 2020, en condiciones normales, la edificación privada y la obra pública habrían aumentado. El impacto de la pandemia causada por el COVID-19 ha agravado esta tendencia y conducirá al sector hacia la recesión. A 21 de mayo, los expedientes de regulación temporal de ocupación (ERTE) en Cataluña han ascendiendo en el sector de la construcción a 7.827 expedientes, de los cuales 7.329 a la fuerza mayor y 498 por otras causas, que afectan a 45.695 trabajadores, una tercera parte de los afiliados del Régimen General.
El impacto en un futuro inmediato de la pandemia causada por el Covid-19, y la consiguiente crisis económica y social, es difícil de estimar, porque el métodos tradicionales de predicción económica no sirven en entornos de incertidumbre tan elevados.
Aun así las previsiones de los principales actores económicos, apuntan que la inversión en construcción podría caer en España y en Cataluña entre un 20% y un 25% en 2020, recuperándose parcialmente en 2021. La duración de la crisis en la construcción y su intensidad, pero, estará condicionada por la evolución de la pandemia, los planes inversores y las medidas económicas que adopten las diversas administracions.
La pérdida de miles de puestos de trabajo y, por lo tanto, de los ingresos de los trabajadores, sumados a la previsible crisis en el sector bancario a causa de impagos masivos de préstamos, hacen prever que la construcción residencial permanecerá parada bastante tiempo hasta que no vuelva la confianza en la economía y se genere de nuevo ocupación.
En cuanto a la edificación no residencial la previsión es que los agentes inversores pararán los proyectos en marcha que estén menos avanzados y descartarán iniciar de nuevos hasta que no mejoren la confianza y las expectativas de un nuevo impulso económica.
La rehabilitación experimentará una situación similar sufriendo un freno de la actividad, a pesar de que se irá reactivando despacio, una vez se levanten las medidas de excepcionalidad, en aquellos proyecto de más rápida rentabilización.
Previsiblemente, la inversión en obra pública disminuirá, como sucedió durante la última crisis iniciada el 2008, a diferencia otros países que lo han usado con efectividad como medida anticíclica para generar actividad económica y puestos de trabajo.
A pesar de que el Estado español sufre ya de un pronunciado déficit fiscal (2,7% del PIB el 2019) y de un alto endeudamiento (95,5% del PIB), será necesario que se apliquen políticas fiscales expansivas para revertir la crisis económica y climática y, a la vez, que se aumente la eficiencia del gasto. Una que las medidas más eficaces y de rápida aplicación para reactivar la economía, retomadas todas las obras públicas paradas, es avanzar las licitaciones futuras y que el conjunto de las Administraciones Públicas, europeas, estatales, autonómicas y locales, realicen un esfuerzo inversor planificado, recurrente, ordenado en el tiempo, priorizando las inversiones en infraestructuras y equipaciones en función de su retorno económico, social y medioambiental. El Plan de Recuperación tiene que permitir reactivar el sector de la construcción, y de todos aquellos que dependen, preservando las empresas, creando ocupación y, en definitiva, relanzar nuestra economía utilizando al máximo los recursos públicos y, mediante las CPP, los privados.
En conclusión, las expectativas del sector de la construcción para el 2020 eran relativamente buenas, a pesar de que todavía no había salido plenamente de la crisis que se inició el 2008, pero se han visto afectadas por un hecho imprevisible como lo es una pandemia global.
Sin un adecuado soporte, las empresas agotarán sus recursos muy rápidamente y, como consecuencia, se destruirán miles de empresas y puestos de trabajo, dañando la cadena de valor de la construcción durante muchos años.
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